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6 Oct 2020 - 12:00 p. m.

El regaño de la Corte Suprema al representante Álvaro Hernán Prada

El representante huilense del Centro Democrático es investigado por haber tratado, supuestamente, de presionar a un testigo que ha declarado en contra del expresidente Álvaro Uribe, llamado Juan Guillermo Monsalve. Recusó al magistrado ponente de su caso, César Reyes, alegando incluso que es cercano a las Farc. Así le contestó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático. / Archivo El Espectador
Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático. / Archivo El Espectador

Aunque trató de que fuera otro el resultado, por ahora, el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada tendrá que aceptar que el magistrado César Reyes Medina siga siendo el ponente de su caso. El pasado 4 de septiembre, el congresista huilense, bajo investigación por haber tratado supuestamente de presionar a un testigo que ha declarado en contra del expresidente Álvaro Uribe, presentó una recusación en contra de Reyes Medina al considerar que este, a su juicio, este último es cercano a las Farc y a Iván Cepeda, quien está reconocido en el proceso contra Prada como víctima. Sus argumentos para sostener esa postura fueron dos, pero en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no convencieron a nadie. (Policía revalúa riesgos de los magistrados que ordenaron detención de Álvaro Uribe)

Prada aseguró que “en virtud de dos hechos se afecta[ba] la apariencia de imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales”, en este caso específico, la del magistrado instructor de su caso. Se trataba de un concepto elegido cuidadosamente: la afectación a su "apariencia de imparcialidad” fue el argumento con el que la propia Sala de Instrucción retiró a la magistrada Cristina Lombana del caso Uribe, del cual ella era ponente. El representante alegó ante la Sala de Instrucción que el hecho de que Reyes hubiera sido quien proyectó la recusación de Lombana y que luego, “convenientemente”, fuera nombrado magistrado instructor de su proceso, generaba dudas sobre su “imparcialidad objetiva”.

Justo un par de días antes de que Prada presentara su recusación trascendió, por cuenta del expresidente Uribe, que el magistrado Reyes fue contratista del Fondo Especial para la Paz durante el gobierno Santos, y que el contrato estaba relacionado con las Farc. “Del contrato directo del Magistrado Reyes con Santos no se qué pensar, menos qué escribir!”, dijo Uribe en Twitter el pasado 2 de septiembre. Y por ahí, justamente, surgió su primer argumento para pedir que apartar al magistrado Reyes del caso, porque, en su concepto, este no mantenía la “apariencia de imparcialidad” que debía como juez: dijo que el contrato permitía “inferir algún grado de afinidad con un proyecto político donde los principales opositores fueron los miembros del Centro Democrático”.

El congresista Prada expuso que él estuvo entre los líderes de la campaña por el No del plebiscito de 2016, con el cual el gobierno Santos consultó en las urnas si los colombianos respaldaban o no el Acuerdo de Paz con las Farc. El contrato FP-148 de 2016, aseguró Prada, era evidencia irrefutable de “las cercanías del doctor Reyes Medina no solo con el proceso de paz sino con aquella organización [las Farc], para la época al margen de la ley, y que pretendía, como al final se logró, un acuerdo inmaculado de la impunidad”. Agregó que Reyes, en virtud de ese contrato, “compartió con integrantes [de las Farc]" y, además, que "una de las personas más comprometidas con la firma de aquel acuerdo no era otra que el senador Cepeda”.

Acerca del contrato, Prada refutó que Reyes se hubiera llevado a su despacho a Elsa Margarita Galera Gélvez como profesional especializada cargo 33 -son los que están un rango por debajo de los magistrados auxiliares-. Galera Gélvez fue la supervisora del contrato entre el Fondo Especial para la Paz y Reyes. Y, según Prada, la funcionaria ha mostrado “animosidad y odio” hacia los miembros del Centro Democrático en sus redes sociales. Además, dijo el representante huilense, Galera “coincidió” con Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, entre las mujeres que participaron en el proceso de paz, lo que la convierte, al igual que Reyes, en “alguien que realizó gestiones en favor de los miembros de las Farc-EP”. (Caso Uribe: las versiones encontradas sobre el congresista Prada según la Corte)

“Genera serias dudas que alguien que realizó gestiones en favor de los miembros de las Farc-EP, como los desarrollados en el marco del contrato No. FP-148 de 2016, pueda juzgar en forma imparcial a quien ha mantenido una postura de oposición al acuerdo alcanzado entre el gobierno anterior y las Farc-EP”, insistió en sus alegatos Prada, cuyo segundo argumento para descalificar a Reyes como magistrado ponente de su caso fue el hecho de que Reyes y Pilar Rueda, la esposa de Cepeda, trabajaron en algún momento de sus vidas al mismo tiempo para Usaid, la agencia de cooperación internacional del gobierno de los Estados Unidos. Prada hasta acusó a Reyes de haber ordenado borrar ese dato del expediente.

En resumen, para Prada, Reyes es cercano a las Farc, a Iván Cepeda y, así las cosas, no le ofrece las garantías necesarias para tener a cargo un proceso judicial en su contra. El pasado 24 de septiembre, en un documento de 34 páginas conocido por El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le respondió.

Contestó Reyes

Cuando un funcionario es recusado, por ley, él o ella debe ser el primero en responder si acepta -o no- la recusación presentada en su contra. Así pasó recientemente con el fiscal general Francisco Barbosa, justo con el caso Uribe, es decir, el proceso en el que Uribe y Prada estaban bajo investigación al tiempo y que ahora tomó rumbos separados tras la renuncia de Uribe al Congreso. Iván Cepeda recusó a Barbosa y este respondió que no se declaraba impedido con respecto a este controversial expediente. Luego el tema pasó a la Corte Suprema (electora del fiscal general), que también rechazó la solicitud de apartar a Barbosa del caso. De esa misma forma, el magistrado Reyes tuvo chance de sentar su postura frente a la recusación planteada por Prada.

Reyes expresó que el vínculo con las Farc que le atribuía Prada provenía de “especulativas sindicaciones, que no muestran otra cosa sino la intención acomodiza de atacar la autonomía e independencia judicial de la Corte Suprema de Justicia”. Dijo que la recusación carecía de fundamentos de hecho, en la medida que “las inferencias hechas por el defensor [del congresista Prada] no tienen soporte lógico y racional”, pues, concluir que él se había vuelto amigo de las Farc por su contrato con el Fondo Especial para la Paz “es una afirmación que no resiste un examen inferencial probatorio razonable e inteligente”. Rechazó que fuera un “contrato millonario” y “dirigido”, porque con esas expresiones se insinuaba que se enriqueció indebidamente con el erario.

Para empezar, Reyes explicó que el contrato que pactó la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda., de la que él fue representante legal hasta que lo nombraron magistrado en la Corte en 2018, se trató de una consultoría técnica. Entonces, bajo la lógica empleada por el representante, dijo el magistrado, “todos los contratistas técnico jurídicos quedarían matriculados ideológicamente con el grupo poblacional destinatario del objeto de la consultoría y con el gobierno, conclusión absurda” que, de paso, “[sería] incapaz de derrumbar la presunción de imparcialidad de que es titular”. Para él, no tiene sentido decir que un contrato con una entidad pública es suficiente para quebrar la imparcialidad de un juez cuatro años después. (Álvaro Hernán Prada dice que no utilizó otros teléfonos para evadir interceptaciones)

El magistrado Reyes agregó que el contrato implicaba solo “recolección de datos procesales, que desde ninguna óptica implicaba ni conducía a fijar afinidad respecto de este proyecto político [de las Farc]”. Tampoco que hubiera “compartido” con miembros de las Farc o con políticos relacionados con el Acuerdo, como Cepeda. Esta afirmación es de “incontrastable temeridad”, manifestó el jurista, quien añadió que a cepeda lo conoció a raíz de este proceso judicial que Prada y Uribe protagonizan. Su contrato, dijo también, lo puso en contacto con autoridades judiciales, no con población carcelaria. Pero, si lo hubiera habido, ello tampoco sería razón suficiente para llegar a la conclusión de que es afín a las Farc.

No existe hecho verificable que constituya algún tipo de “apoyo, espaldarazo, aliento, inclinación o malquerencia a favor o en contra de movimiento político o grupo guerrillero alguno”, argumentó el togado, al tiempo que negó cualquier amistad con Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, de quien tampoco ha sido subordinado, dijo. Aseguró que una foto que circula en redes sociales, en la que supuestamente salen él y Rueda, es en realidad una imagen de él con Linda Castro, directiva de la Universidad Cooperativa de Ibagué. Además, refutó el magistrado, si Lombana fue apartada del proceso fue por su entonces pertenencia activa a las Fuerzas Militares. Por nada más.

Habló la Sala de Instrucción

Cuando el tema llegó a manos del resto de la Sala de Instrucción -con excepción de la magistrada Cristina Lombana, quien, como ya se dijo, está impedida en este asunto-, los cuatro magistrados que analizaron la recusación derrumbaron uno a uno los argumentos expuestos por el congresista Álvaro Hernán Prada. Para empezar, recordaron la filosofía detrás de las recusaciones y los impedimentos: mantener las garantías de los procesados, sí, pero no al punto de que los jueces les den la espalda a los expedientes “de manera deliberada” o de que las partes de un proceso escojan “arbitrariamente y a su gusto a los jueces que les plazca”, pues el juez natural de cada ciudadano lo asigna la Constitución.

Todas las garantías que ofrecen las leyes para garantizar la imparcialidad de los jueces, resaltó la Sala de Instrucción, no puede traducirse en una “relajación probatoria”. Es decir, que no basta con “meras sospechas” para recusar a un funcionario judicial. “Quien pretende recusar a un funcionario no puede darse por satisfecho con indicar que a él le parece que este no sería imparcial ni puede confundirse el concepto de apariencia de imparcialidad, cuidadosamente elaborado por la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos, con la sospecha privada que pueda tener un sujeto procesal o con una elucubración insostenible y sin asidero inductivo”, expresaron los magistrados.

Planteada esa introducción, los magistrados abordaron el asunto en particular y comenzaron advirtiendo que "los fundamentos de hecho alegados por el recusante consisten en una serie de especulaciones arbitrarias que no respetan las reglas propias de los razonamientos inductivos”. "La Sala observa que esas dos inducciones [que Reyes se volvió cercano a las Farc a raíz de su contrato con el Fondo Especial para la Paz y que se volvió cercano a Cepeda por medio de su esposa, con quien trabajó en la misma organización] no se ajustan en absoluto a los dictados de las reglas de la experiencia, como puede demostrarse con una reconstrucción del hilo argumentativo del recusante frente a cada uno de estos dos hechos”.

Los magistrados, básicamente, señalaron que no había ninguna evidencia para soportar la afirmación de que el contrato FP-148 de 2016 había generado un vínculo cercano entre Reyes y la guerrilla. “Las labores que debía prestar la empresa representada por el magistrado Reyes Medina no implicaban ninguna forma de proselitismo político o de involucramiento con el ideario de las Farc-Ep, sino que tenía la función de informar una serie de situaciones de hecho y de derecho sobre un grupo determinado de personas, usando para ello su pericia profesional y la de sus colaboradores". El contacto, además, ni siquiera era con los guerrilleros, “sino con los funcionarios judiciales y administrativos que tenían a su cargo los procesos y trámites" de estos.

“No entiende la Sala cómo se salta de esta ausencia absoluta de evidencia a concluir la existencia no ya de un contacto incidental entre el magistrado Reyes Medina y miembros de la guerrilla, sino incluso de un ‘vínculo muy estrecho’". E, “incluso si tales contactos hubieran existido", es decir, que Reyes hubiera tenido que ir a la cárcel o hablar con guerrilleros en otros escenarios, “la inferencia hecha por el defensor [del congresista Álvaro Hernán Prada] tampoco tendría soporte experiencial”, refutó la Sala de Instrucción, porque “el hecho de entrar en contacto con otras personas, en escenarios profesionales, no lleva en absoluto a tener afinidad con sus causas y sus proyectos”. (El audio que compromete a Álvaro Hernán Prada en escándalo de Uribe)

En conclusión, los magistrados subrayaron que “la visión del recusante, adicionalmente, llevaría a las más absurdas conclusiones, pues su peculiar concepción de las relaciones políticas en una democracia, según la cual todos los habitantes del Estado que defienden alguna idea política son incapaces de imparcialidad y de ejercer cabalmente su profesión por sus sesgos políticos, llevaría a paralizar cualquier actividad de la justicia”. Por ejemplo, le dijeron, su abogado tendría que declararse impedido para representar a cualquier ciudadano que hubiera apoyado la campaña por el Sí en el plebiscito de 2016, a raíz del “vínculo muy estrecho” que nació de representarlo a él.

De esta manera, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dijo a Álvaro Hernán Prada que César Reyes Medina seguirá siendo el magistrado ponente de su caso, el cual se abrió cuando la Corte encontró indicios de que Prada, a través de un hombre llamado Carlos Eduardo López Callejas -alias Caliche-, habría tratado de llegar al testigo Juan Guillermo Monsalve para hacerlo retractarse de sus señalamientos contra el expresidente Uribe. Caliche le insistió a Monsalve en que hiciera un video retractándose y, al parecer, quien le insistía a Caliche era Prada. Él lo niega. El pasado 3 de agosto la Corte determinó que el congresista podía seguir en libertad, aunque sigue investigado. La decisión que está por venir es si Prada es llamado a juicio.

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