Aunque hace unas semanas un juez absolvió a Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, en el proceso en el que se le investigaba por el homicidio de tres investigadores del CTI, la Fiscalía acaba de tomar una nueva decisión en su contra por otro delicado expediente judicial. El ente investigador decidió mantenerlo preso de manera preventiva por su presunta participación en la masacre de La Granja, ocurrida en zona rural de Ituango, Antioquia, el 11 de junio de 1996 por paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
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Para la Fiscalía este hombre, preso en La Picota porque también es procesado por otra masacre paramilitar, fungió como líder financiero de los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño y de su grupo paramilitar que dejó miles de víctimas en esta y otras zonas del país. Soto Toro, dice el expediente en su contra, habría sido el encargado de pagar la nómina y abastecer de armas y otros elementos a la organización paramilitar que ejecutó varios homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad y que “constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil”.
La masacre paramilitar de La Granja, como la del Aro -perpetrada en ese mismo municipio, pero en octubre de 1997- es un caso clave dentro de la historia reciente de Colombia. Por estos hechos existe en la Fiscalía un extenso expediente en el que se trata de indagar si el expresidente Álvaro Uribe, mientras fue gobernador de Antioquia, le cabe alguna responsabilidad penal por las masacres. Sin embargo, durante todos estos años el líder del Centro Democrático ha negado tajantemente cualquier participación en esos hechos y otros como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denunció públicamente esas masacres y la supuesta alianza entre las AUC con la Fuerza Pública en Antioquia.
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La investigación de la Fiscalía
Un fiscal especializado estableció que, desde la señalada oficina de alias Lucas, ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, se planeó y enviaron dineros para que una estructura paramilitar irrumpiera al corregimiento de La Granja y buscara con lista en mano a habitantes señalados falsamente de apoyar a otras organizaciones ilegales de la región. El grupo perteneciente al entonces Bloque Mineros, comandado por el extraditado jefe paramilitar alias Cuco Vanoy, asesinó a cuatro personas que estaban en sus viviendas o lugares de trabajo, entre ellas, un joven con discapacidad cognitiva.
Este expediente contra Lucas vuelve a poner sobre la mesa un teoría que las autoridades han manejado desde hace dos décadas: que en el parqueadero Padilla, ubicado en pleno centro de la capital antioqueña, funcionó la oficina que llevaba la contabilidad de los paramilitares. Los funcionarios judiciales que allanaron este inmueble, en 1998, y siguieron investigando qué empresarios estaban financiando ese grupo criminal, terminaron exiliados o asesinados. Entre ellos, tres investigadores del CTI, crimen del que Lucas fue señalado de participar, pero fue absuelto, en primera instancia, en febrero pasado al no encontrarse pruebas de su participación.
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Lucas fue recapturado en abril de 2021 y de inmediato fue citado en indagatoria para que fuera preguntado por varios de los crímenes por los que hoy es procesado penalmente. Durante esta audiencia la Fiscalía citó el testimonio de Isaías Montes, alias Junior, quien dijo que era el comandante del grupo paramilitar que delinquía en Ituango durante esa época. Para la financiación del grupo, dijo Junior, le consignaban en la cuenta de un comerciante de Ituango donde compraban los víveres, y confirmó que los hermanos Castaño eran quienes lo financiaban. Junior dijo que Lucas le enviaba material de intendencia, pero no recuerda que le haya enviado dinero.
Durante la diligencia Lucas dijo que Junior mentía e insistió que su papel en las AUC fue el de un simple “mandadero” y que no tenía jerarquía para ordenar asesinatos. Sin embargo, para la Fiscalía es claro que su papel fue más allá y fue determinante en la planeación de la masacre de La Granja. Pero Soto Toro admitió que dentro de sus labores estaba enviarles dinero a varios comandantes paramilitares, como alias Pedro Bonito, jefe del bloque Bananero en Urabá, otro escuadrón violento de los paramilitares que ejecutó asesinatos, desplazamientos forzados y despojo de tierras.
No es la primera vez que Lucas es señalado de organizar una masacre. A principios de agosto de 2022, la Fiscalía también llamó a juicio a Lucas por planear la masacre de nueve personas en el corregimiento de Coredó, en 1996. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a El Espectador que en los últimos meses apareció un testigo del crimen (el cual es reservado por motivos de seguridad) y que, supuestamente, aclarará si Lucas participó en el crimen y que otras personas estuvieron involucradas en esos asesinatos perpetrados en el municipio de Juradó, Chocó.
Aunque Lucas ha tratado de venderse como una pieza secundaria en las AUC, sus declaraciones dicen otra cosa. Durante esa misma indagatoria, de abril de 2021, pidió protección porque lo querían asesinar. “Usted (el fiscal) y yo hace dos años nos entrevistamos en Medellín. Luego de eso me tocó retirarme porque me iban a matar (...) el martes pasado yo le dije que cuidara de mi vida. Desafortunadamente, esa entrevista me ocasionó problemas y usted sabe de quién”, señaló Lucas. Sin embargo, el fiscal le aclaró que no sabía a quién se refería, pero que si quería especificar algún nombre, que lo hiciera en ese momento. De inmediato alias Lucas contestó: “No, no, dejémoslo así”.
Así las cosas, la Fiscalía tendrá que decidir si llama a juicio a Lucas por la masacre de la Granja, un hecho que varias fuentes cercanas a este caso dan por hecho. Por ahora, Lucas sigue recluido en la Picota de Bogotá, donde ha querido liderar una mesa de paz con otros presos, pero que todavía no ha sido reconocida por el Alto Comisionado para la Paz como parte de los grupos que quieren acercarse al gobierno de Gustavo Petro para aterrizar en la denominada paz total.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
