Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Ministerio de Defensa le apretó el cinturón a las empresas de seguridad privada con la entrada en vigencia de un nuevo protocolo para revisar el uso que estas le dan a las armas usadas para el cumplimiento de sus funciones. El objetivo, según la directriz del Gobierno Nacional, es evitar que las armas con licencia vayan a parar a manos de organizaciones al margen de la ley.
Para controlar las armas que están en poder de las empresas de seguridad y vigilancia privada en el país, el Ministerio de Defensa empezó con la implementación de la nueva hoja de ruta para su inspección y manejo. El plan fue diseñado en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos de las Fuerzas Militares.
Lea también: Padre de los niños perdidos en la selva en 2023 fue condenado por abuso sexual
Según se conoce, este protocolo que ya está en funcionamiento está compuesto por tres medidas fundamentales: el bloqueo operativo inmediato de las armas involucradas en investigaciones o sanciones, la custodia preventiva de armas bajo condiciones de seguridad, y el seguimiento administrativo riguroso de las armas hasta la resolución del proceso.
Además, tener una hoja de ruta unificada para hacerle control a las empresas de seguridad y vigilancia privada servirá para que todas las entidades e instituciones encargadas de ese seguimiento tengan los mismos estándares y se pueda hacer veeduría bajo las mismas reglas.
Le puede interesar: “Hubo omisión del Estado”: abogado de Miguel Uribe revela últimos detalles del caso
“El objetivo central de esta iniciativa institucional es evitar las desviaciones en el uso y empleo del armamento que se les ha asignado a estas empresas. Ya se están fortaleciendo los canales de comunicación entre las autoridades competentes y, de esta manera, poder garantizar la acción coordinada en todo el territorio nacional, que permita mantener un estricto control y supervisión de las mismas”, informaron desde el Ministerio de Defensa.
La medida se conoce solo un par de meses después de que la Policía Nacional desarticulara una red de empresas de vigilancia y seguridad privada que operaba en distintos sitios del país y que, según las autoridades, certificaban irregularmente a integrantes de grupos armados como escoltas y alquilaban armas con salvoconducto para evadir la acción de las autoridades.
En contexto: El entramado de empresas de seguridad que certificaban delincuentes como escoltas
Este “holding criminal”, como lo denominaron las autoridades, estaba compuesto por tres empresas con sedes en Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio. Harían parte de una red criminal que alquilaba armas de fuego a grupos armados y organizaciones criminales, y vinculaba a criminales de estructuras como el Clan del Golfo en calidad de escoltas y coordinadores de escoltas.
Las empresas Pretorian Security Ltda., Securbel Ltda., y Seguridad Sara Ltda., en contra de la cuales estuvo dirigido inicialmente el operativo, fueron allanadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación. En esos operativos, además, fueron capturadas tres personas: el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y el civil Jorge Osvaldo Castaño Galindo. El hecho generó una alerta que obligó a las autoridades reforzar las medidas de control por parte de las autoridades.
Más contenido: El testimonio de un crimen infame: la voz de las víctimas de Calamar
“Estas medidas mediante las cuales se fortalece la supervisión y protege a la ciudadanía, servirán como una herramienta adicional para la legalidad y transparencia institucional, así como para cerrarle el paso a las intenciones de estructuras del crimen organizado que pretenden infiltrar el sector de la vigilancia privada”, concluyeron desde el Ministerio de Defensa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
