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Después de que cayeran Luis Agustín Caicedo, Julio Lozano Pirateque y Daniel el Loco Barrera, los máximos capos del narcotráfico tras el ocaso de los grandes carteles de Cali y Medellín, las autoridades comenzaron su ofensiva para desarticular el imperio criminal que lograron construir durante 15 años estos hombres que enviaron más de mil toneladas de cocaína a Estados Unidos y lavaron casi $10,5 billones. Caicedo y Lozano ya fueron condenados y El Loco acaba de declararse culpable ante un juez de los Estados Unidos por lavado de activos y se encuentra a la espera de su sentencia.
Mientras en ese país las autoridades procesan a las cabezas de este imperio criminal, en Colombia la Fiscalía avanza en una tarea de grandes proporciones: extinguir los bienes de esta estructura que llegó a ser tan grande como los ya extintos carteles de Cali y Medellín. El más reciente golpe de esta cruzada se dio contra un grupo de personas que, al parecer, eran los encargados de transportar la droga al interior del país a través de camiones y, asimismo, de lavar grandes cantidades de dinero con empresas fachadas de construcción y locales comerciales en los Sanandresitos.
En una reciente decisión de 228 páginas, la Fiscalía, gracias al testimonio del narcotraficante Carlos Alberto Rincón Díaz, alias Chicharrón, le arrebató 575 bienes a esta estructura. En su gran mayoría, son locales del centro comercial Llanocentro, ubicado en Villavicencio (Meta), y que pertenecían al clan de los hermanos Báez Báez (Diego, Jacinto Enrique y Claudio Felipe). Asimismo, fueron desarticuladas sociedades que estaban a nombre de familiares de estos hombres que fueron señalados por la Policía como los zares de los Sanandresitos y los encargados de blanquear los dineros del capo Luis Agustín Caicedo, condenado a 10 años en EE.UU.
Toda la historia comenzó cuando Caicedo fue capturado en abril de 2010 en Argentina y luego extraditado a Estados unidos. Desde el principio colaboró con las autoridades salpicando a sus socios y entregó miles de millones de pesos. A él, se unió Lozano, quien negoció su entrega con los norteamericanos en noviembre de 2010. Ambos hombres empezaron a relatar cómo desde Bogotá armaron una estructura que se apoderó del negocio de la droga. Tras su caída, al poder subió el Loco Barrera, quien era uno de sus subalternos. Pero ante la presión de las autoridades, fue capturado en septiembre de 2012 en Venezuela.
Otros de los alfiles de la organización, desde la caída de Caicedo, se entregaron o fueron arrestados. Es el caso de Chicharrón, quien no dudó en prender su ventilador y empezar a salpicar a todos los que colaboraron con la red criminal. Relató que en cinco oportunidades, entre el 2002 y 2007, las autoridades les incautaron grandes cargamentos de droga. Con base a estas declaraciones y una serie de interceptaciones telefónicas, la Dijin de la Policía adelantó un operativo el 28 de marzo de 2012 y capturó a Luis Felipe Cuesta Alfonso, alias Maradona, un hombre que habría puesto su empresa de transporte al servicio de Caicedo y Lozano, para que a través de tractomulas llevaran la droga hasta Maicao (La Guajira), Santa Marta, Tumaco, Turbo (Antioquia) y Cartagena.
Junto a Maradona, fueron arrestados su hijo Yeison Cuesta Medina, Yalile Orozco Escobar, Rosa Elizabeth Calvache, Juan Carlos Torres Álavarez, Ibeth Yamile Martínez y Llimis Iván Pinto, alias Yimi. Estos tres últimos personajes aceptaron cargos. Yimi, además, fue el primer condenado el pasado 30 de abril por los delitos de concierto para delinquir, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, Maradona en febrero de 2013 aceptó su responsabilidad, sin embargo, tres meses después se retractó. La investigación contra su hijo —quien también había aceptado cargos en un principio— precluyó después de que la fiscal 56 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Olga Tristancho, advirtiera que, a pesar de que se favoreció con dineros ilegales, era menor de edad para la época de los hechos y podría no tener conocimiento de las actividades delictivas de su padre.
Chicharrón, además de señalar a Maradona y Yimi, como los hombres que movilizaron centenares de cargamentos de droga a través de camiones, dio información precisa de cómo se estructuraba la organización de Caicedo, Lozano y el Loco Barrera. Indicó que el encargado de guardar el dinero era Javier Silva —hoy detenido en la cárcel de Cómbita— y bajo su mando estaban alias Flaco, Reyes, Nico, Nino y el Contador, quienes administraban las caletas y se dedicaban al sicariato. Y agregó que los hermanos Diego y Claudio Báez, además de ser narcotraficantes, en ocasiones lavaban dinero.
“Los hermanos Báez son de Sanandresito y tengo entendido que ellos le bajan la plata a Luis Caicedo (...) Claudio Báez tuvo que entregarle una finca que se llama La Estrella a Pedro Ariza (un narcotraficante extraditado a EE.UU), con todo y ganado, por una plata que se perdió (...) A ellos los conocí en el gremio de la ganadería. A ellos los vi varias veces con luis Caicedo hablando sobre sus negocios (...) Yo me enteré porque varias veces me enviaron a reclamar plata a los almacenes de Sanandresito donde me entendía con trabajadores de ellos. yo iba a recogerle la plata a Luis Caicedo”, le dijo a la Fiscalía Chicharrón.
Cabe recordar que dos de los hermanos Baéz, Diego y Jacinto, fueron capturados el 15 de marzo de 2011. Luego, fueron extraditados a EE.UU. porque según las autoridades norteamericanas entre 2008 y 2009, Diego Baéz, Jacinto Báez y José Fernando Lopessierra contrataban personas —que son testigos que ahora cooperan con el caso— para organizar viajes que transportaban cargamentos de cocaína. Los testigos han descrito numerosas conversaciones y órdenes que recibían de estos tres hombres. Las pruebas no solo se limitaban a las declaraciones de los testigos, sino que realizaron interceptaciones telefónicas en las que se ordenaba la destrucción de los cargamentos si llegaban a ser descubiertos.
En Colombia, la Fiscalía encontró que entre los bienes de estos hombres estaba la Constructora Llanocentro, sociedad que gerenció el proyecto del centro comercial Llanocentro en Villavicencio. El representante de esa sociedad era Mauricio Archila Granados, quien, según las interceptaciones, tenía contacto directo con su cuñado Jacinto Báez, el verdadero dueño de la firma ya que fue quien invirtió todo el capital para su construcción. El ente investigador estableció que a través de familiares y terceros, Jacinto Báez adquirió las propiedades para el blanqueo de dineros.
Entre los socios de la Constructora Llanocentro también estaban Óscar Banco Pérez, cuñado de Reynaldo Murcia Sierra, alias Doctor Martelo, uno de los jefes del cartel de Bogotá y Sandi Adriana Castro, esposa de José Joaquín Flórez Páez, un hombre que fue capturado por ser socio del Loco Barrera. Fue entonces que la Fiscalía encontró irregularidades en la transferencia de acciones, en los cupos de crédito y en la creación de la sociedad, ya que todo indicaba que la plata que se invirtió era producto de las ganancias de narcotráfico de Jacinto Báez. Por esta razón, el ente investigador decidió apropiarse de la firma y de sus 501 propiedades —entre locales y parqueaderos y locales— del centro comercial.
* La salvación de Claudio Báez
El tercero de los hermanos Báez, Claudio Báez, ya no tiene cuentas pendientes con la justicia. El 6 de septiembre de 2013, antes de que ingresara a las tribunas del estadio Metropolitano en Barranquilla para ver el partido entre las selecciones Colombia y Ecuador, la Policía lo capturó y aseguró que se trataba del hombre que “estuvo detrás de la organización narcotraficante (de Luis Caicedo), sin despertar la menor sospecha entre las autoridades debido a su bajo perfil y aspecto de comerciante y ganadero”. El pasado 2 de mayo fue acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el pasado 20 de agosto, en una decisión que tomó por sorpresa y causó molestia en las más altas esferas del ente investigador, la fiscal Tristancho —la misma que precluyó la investigación contra el hijo de Maradona— advirtió que existía duda probatoria toda vez que no se demostró que existiera un cruce de cuentas con las actividades ilegales de sus hermanos y de otros ‘narcos’, y que además, los vínculos familiares no eran motivo de culpa.
Frente al episodio de la entrega de la finca al ‘narco’ Pedro Ariza, la fiscal advirtió que el predio nunca terminó en manos de este último. Además, a pesar de que aceptó que el testimonio de Chicharrón había sido fundamental en distintos procesos, no alcanzaba a controvertir la presunción de inocencia de Claudio Báez. “El testigo Rincón Díaz jamás afirmó que tuviera con él, personalmente, contacto para entregar o recibir dinero de la organización. En cambio sí se pudo verificar la actividad y vocación de comerciante del sindicado desde joven, aplicado a lo que parece ser el ‘contrabando’ en los almacenes de Sanandresito, trayendo mercancía y de ser reconocido por más de 25 años”, precisó la fiscal delegada ante el Tribunal.
Las incongruencias entre los fiscales que han adelantado procesos contra Claudio Báez se han presentado en el tema de las finanzas. En la Dirección de Extinción de Dominio aseguraron que existen pruebas para inferir que en la empresa Agropecuaría la Estrella —propiedad de Baéz y su esposa— existió un incremento patrimonial por justificar ya que ingresaron dineros producto del narcotráfico que intentaron legalizar a través de familiares —como sus hijos menores de edad— y terceros. Contraria a esta afirmación, la fiscal Tristancho señaló que todo se trata de un “galimatías contable” y que Báez no es un ciudadano “modélico” que lleva libros contables. Agregó que los peritos contables tienen falencias ya que no cumplen con todos los requisitos y que en varios apartes la defensa de Baéz logró demostrar que no existían irregularidades.
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@santsmartinez