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Ni que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no sirva para nada ni que sea el mejor sistema de justicia del mundo son afirmaciones ciertas. La JEP es un mecanismo complejo, que ha sido importante para algunos fines y que, después de ocho años, ya está involucrada en la difícil tarea de hacer justicia en Colombia. No se puede simplemente desmontar, como propone el presidente electo. Como todo lo que perdura, requiere cuidado y mantenimiento.
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Que la JEP esté hoy en el centro de la controversia nacional por cuenta de la idea del próximo gobierno de eliminarla no es un buen punto de partida para tomar decisiones. El debate es estridente y reemplaza el análisis por consignas dirigidas a un coro de convencidos. El problema es que en lugar de preguntarnos cómo fortalecer un mecanismo imperfecto para que contribuya a alcanzar justicia, discutimos si debe aplaudirse o desmontarse por completo.
La discusión debería ser más profunda porque versa sobre un problema sin respuestas sencillas: ¿cómo tramitar decenas de miles de casos penales y establecer responsabilidades por atrocidades cometidas durante décadas de conflicto armado? La solución negociada fue imperfecta, pero facilitó el sometimiento a la justicia de miles de combatientes mediante un esquema de justicia que lleva ocho años en funcionamiento. Sus resultados siguen siendo insuficientes, pero constituyen la expresión de justicia que Colombia ha logrado articular hasta ahora. No se trata de conformismo sino de trabajar con la realidad institucional que existe.
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No haré aquí un balance de los logros y fracasos de la JEP. Mi punto es que en este tema no hay verdades absolutas, ni la que sostienen quienes la presentan como un éxito incuestionable ni quienes quieren desaparecerla. La JEP fue construida como un mecanismo especial de justicia, que ofrece beneficios a quienes tomaron parte en el conflicto armado. No es exclusiva para antiguos miembros de las Farc. También ha sido para miles de integrantes de la Fuerza Pública y otros comparecientes responsables de crímenes gravísimos que tendrían que regresar a prisión si desmantelan a la JEP.
Es verdad que la JEP ha sido lenta, que no ha producido toda la verdad que la sociedad requiere y que sus ejercicios de atribución de responsabilidades siguen siendo insuficientes. También es cierto que no comunica bien lo que hace, y que mucho de su trabajo permanece atrapado entre formalismos jurídicos y una jerga penal que vuelve inaccesible lo que hace, incluso aquello que vale la pena conocer.
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Frente a la atrocidad, la sociedad suele reclamar rituales simples: de castigo o de expiación, pero rituales que permitan cerrar capítulos. La JEP está lejos de ofrecer soluciones sencillas porque el problema que enfrenta tampoco lo es. La carga procesal es gigantesca. Además, el diseño institucional surgido de la negociación, que ya incorporaba problemas importantes, fue modificado sucesivamente durante la renegociación posterior al plebiscito, en el Congreso y en la Corte Constitucional y mediante su reglamentación sin que nadie velara por la coherencia del conjunto. El resultado fue un diseño más complejo y con mayores dificultades operativas. También ocurre que los derechos e intereses de víctimas, sociedad y comparecientes no suelen coincidir; y que cualquier proceso penal – incluso los simples – es enredado y está lleno de zonas grises. Sin embargo, rara vez explicamos esa complejidad. Preferimos sustituirla por propaganda: para vender el mecanismo o para incendiarlo.
La JEP ha hecho esfuerzos crecientes por mostrar su trabajo. Paradójicamente, mientras más intenta explicarlo, más evidente se vuelve su complejidad. El tiempo pesa, el lenguaje aleja y la atención pública disminuye. A quienes proponen acabar con la JEP habría que formularles una pregunta básica: ¿qué proponen hacer con los miles de integrantes de la Fuerza Pública que hoy permanecen en libertad porque aceptaron someterse a ese mecanismo, y qué hacer con los miles de expedientes penales que hoy tramita la jurisdicción? Ninguna propuesta seria puede limitarse a decir que la JEP debe desaparecer sin explicar qué ocurrirá con los casos que procesa.
No estoy entre quienes elogian a la JEP sin reservas. He sido crítico desde su diseño y de buena parte de su implementación. Pero una cosa es advertir sus deficiencias y otra muy distinta desconocer la magnitud de la tarea que enfrenta o concluir que la mejor solución consiste en desmantelarla. Hace poco llegó a mis manos el más reciente ensayo de Stewart Brand, uno de esos viejos pensadores que todavía tienen ideas esenciales para ofrecer. Su reflexión gira alrededor de un proceso poco valorado y ya casi en desuso: el mantenimiento.
Brand sostiene que el mantenimiento es lo que permite que las cosas – y también las sociedades – perduren. No es posible mantener aquello que no se conoce; conocerlo es asumir la responsabilidad por la continuidad de su existencia. Aprender a mantener una herramienta, un edificio o un mecanismo supone hacerse cargo de él, comprender cómo funciona y preservar el propósito para el que fue creado. Esa idea resulta útil para pensar hoy a la JEP.
Mantener una institución no significa defenderla acríticamente. En esto algunos de sus defensores ¬¬– incluyendo al actual presidente de la JEP– se equivocan. La responsabilidad de custodiar la JEP no puede confundirse con construir un relato complaciente sobre ella. Una verdadera ética del cuidado exige conocimiento, seriedad y matices. Exige reconocer aquello que funciona mal, corregirlo y emprender las tareas de mantenimiento necesarias para que la institución responda mejor a los fines para los cuales fue creada. En coyunturas como la actual, anunciar unas pocas sentencias restaurativas o prometer unas más resulta insuficiente.
La tarea, silenciosa y permanente, de mantener la JEP en funcionamiento ha sido ardua, aunque no siempre eficaz ni transparente. Hoy, cuando enfrenta amenazas de desfinanciación o incluso de desaparición, esa tarea exige más atención que nunca. Acabar con la JEP no es una opción seria, ni realista. Mantenerla tampoco significa dejarla intacta. Toda institución compleja necesita mantenimiento para preservar su propósito: corregir fallas, ajustar piezas, exigir resultados y fortalecer aquello que sí funciona.
La discusión sobre la JEP no debería empezar preguntando si nos gusta o no, sino cómo hacer para que contribuya mejor a la justicia que promete. Al fin y al cabo, las instituciones que sobreviven no son las perfectas, sino aquellas que una sociedad decide conocer, mantener y mejorar. Cuidar la JEP significa criticarla cuando falla, reformarla cuando sea necesario y exigirle resultados. Pero, antes que nada, reclama una ciudadanía dispuesta a conocerla y hacerse responsable de ella. Esa también es una forma de cuidar la justicia.
*Director operativo del Centro Guernica37 y profesor de Georgetown University.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Michael Reed Hurtado*
