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Un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo en el municipio de El Bagre (Antioquia) dejó a una persona muerta y a una comunidad entera en medio de la zozobra. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo en la vereda La Bonga, en donde la comunidad fue obligada por el Clan del Golfo a limpiar el Centro Educativo Rural Villa Chica.
Cuando la población civil cumplía con la orden del grupo narcotraficante, hombres de la guerrilla del ELN ingresaron a la escuela y se enfrentaron con los integrantes del Clan del Golfo. Uno de ellos murió en los hechos y la comunidad denuncia que su cuerpo sigue en la escuela.
El Instituto Popular de Capacitación (IPC) denunció los hechos y explicó que se trató de un “acto repudiable por las comunidades y que representa una infracción al Derecho Internacional Humanitario”. Además, aseguró que los habitantes del sur de El Bagre viven en constante angustia y temor, pues el Clan del Golfo se ha asentado en el territorio y ha impuesto sus reglas.
#BajoCauca | 🚨Comunidades de El Bagre, denunciaron enfrentamiento entre las AGC y el ELN en escuela rural, el cual dejó como resultado la muerte de un integrante de las AGC. ⚠️Un hecho que constituye una grave violación al DIH.
— Agencia de Prensa IPC (@IPCoficial) March 30, 2025
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El Instituto agregó que, tradicionalmente, “las Juntas de Acción Comunal y los colectivos sociales realizan jornadas de limpieza y manutención de los espacios públicos y que hoy estos escenarios han sido cooptados por integrantes de las AGC (Clan del Golfo) quienes les obligan a asistir a sus actividades”.
De no cumplir con esa orden, explicó el IPC, la persona es sancionada “y la ponen a pagar cuotas económicas. Han hecho un copamiento del proceso y de la estructura comunitaria y se ha perdido la autonomía. Albergábamos la esperanza de que esto fuera pasajero, pero con lo que sucedió el sábado, vemos que la cosa está empeorando”, señala la comunidad.
“La comunidad está muy asustada. Hay jóvenes que tienen miedo por posibles represalias, pues en este momento hay un relacionamiento entre estos grupos con nuestros jóvenes. Es muy probable que hayan desplazamientos nuevos precisamente por el temor de alguna represalia tanto de uno o de otro grupo”, expresaron habitantes de la zona al IPC.
Lo que el IPC explicó a través de un comunicado de prensa es que, quienes aún permanecen en la vereda, “temen que alguno de los dos grupos tome represalias en su contra, pues es claro que en la dinámica de la guerra la población debe elegir un bando, y en casos como estos, la obligación de estar en un lugar no es justificación”.
Por ahora, la petición urgente es que las autoridades hagan presencia en la zona para que funcionarios de Medicina Legal, o el designado para ello, haga el levantamiento del cadáver que sigue en la escuela de la vereda.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
