Una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo sobre una propiedad rural ubicada en Cimitarra (Santander), que presuntamente estuvo vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio. El inmueble está avaluado en más de COP 21.300 millones.
Se trata de la finca Piedra Linda, que cuenta con una extensión de 1.154 hectáreas. Según la Fiscalía General, el bien fue ocupado en una diligencia realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.
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El predio habría sido utilizado para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región. Las labores de policía judicial y los testimonios obtenidos dan cuenta de que, en el lugar, habrían permanecido instructores extranjeros contratados por dichas organizaciones ilegales.
El ente investigador señaló que, aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de un particular, "los análisis patrimoniales realizados pusieron en evidencia la posible relación con personas involucradas en actividades de narcotráfico y de conformación de estructuras armadas".
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Aunque las autoridades no confirmaron a qué miembro del paramilitarismo perteneció la propiedad, lo cierto es que en esta zona del país nacieron, en los años 80, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), al mando de Gonzalo y Henry de Jesús Pérez, quienes eventualmente, a finales de los años 90, se unieron al proyecto paramilitar de los hermanos Castaño.
La Fiscalía aseguró que la finca Piedra Linda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), con el propósito de que sea destinada a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado.
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