El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se presentó este martes 27 de enero ante la plenaria del Senado de la República para sustentar, con cifras y proyecciones de seguridad, la necesidad de aprobar un presupuesto adicional de COP 3,7 billones para el sector Defensa.
De ese monto, explicó que un billón se destinaría a la implementación de un escudo nacional antidrones, mientras que los COP 2,7 billones restantes se invertirían en movilidad, entrenamiento, modernización de equipos, horas de vuelo y fortalecimiento de capacidades operacionales de las Fuerzas Militares.
Lea: Las dudas que deja la carta de la Policía sobre inicio de aspersión de glifosato con drones
Durante su intervención, Sánchez alertó sobre el panorama de la amenaza que representa el uso de drones por parte de grupos armados. Según detalló, en 2025 se registraron 8.395 ataques con drones. “Pero solamente el 4 % pudo ser efectivo, que equivale a 333 ataques”, afirmó el ministro.
Sanchéz indicó que la mayor concentración de estos ataques se presentó en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde el Gobierno ha focalizado el esfuerzo operacional, seguido por la región del Catatumbo, que concentró el 7 % de los eventos. De acuerdo con el mindefensa, los principales responsables serían estructuras del Eln y disidencias de las Farc, vinculadas a alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, a las que el ministro se refirió como carteles del narcotráfico.
El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que, de acuerdo con las cifras oficiales, en promedio cada dos días se registró una víctima por ataques con drones durante 2025, lo que dejó un saldo de 20 personas asesinadas y 297 heridas. “No podemos ser irresponsables este año (2026), que es el año de la seguridad y democracia, y que esta cifra siga igual o se aumente”, declaró el ministro.
Lea: Cuatro soldados heridos tras ataque con drones de las disidencias en Valle del Cauca
Sánchez advirtió que estos hechos no solo afectan la seguridad y la vida de los colombianos, sino que también tienen un impacto fiscal directo para el Estado, debido al pago de sentencias judiciales y conciliaciones a las familias de los militares muertos. Actualmente, existen 13.308 solicitudes pendientes de pago para cerca de 39.000 beneficiarios, derivados de fallos acumulados de años anteriores, lo que representa una carga aproximada de COP 7 billones para las finanzas públicas.
En su intervención, el ministro también explicó la estructura del presupuesto del sector Defensa y las razones por las cuales, pese a incrementos en la asignación, persisten limitaciones operativas. Recordó que una parte significativa de los recursos se destina al pago de personal y asignaciones de retiro, como consecuencia del aumento del pie de fuerza registrado entre 2002 y 2008, cuando se incorporaron 92.000 hombres y mujeres en el marco del conflicto con las antiguas Farc.
Muchos de esos uniformados, señaló, están entrando ahora en etapa de retiro, lo que implica mayores obligaciones financieras para el Estado. A esto se suma, dijo, la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de cerca de 100.000 jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, a quienes se busca garantizar al menos un salario mínimo legal vigente.
El funcionario insistió en que la inversión solicitada no responde a intereses del gobierno de turno, sino a una necesidad estructural del país frente a una amenaza que evoluciona con el uso de nuevas tecnologías en el conflicto armado. Recalcó que el escudo nacional antidrones es una prioridad, pero no la única, pues también se requiere fortalecer capacidades de mando y control, inteligencia, movilidad aérea, soporte logístico y atención en salud para la fuerza pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
