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A esta hora en el Senado de la República se vive un intenso debate de control político presidido por los senadores Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano, en torno a los recientes hechos divulgados en el caso Odebrecht y que comprometen al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien llegó a última hora a la invitación hecha por los congresistas. El primero en tomar la palabra fue el senador Jorge Robledo para decir que Martínez “está untado hasta el alma” en el caso que involucra la multinacional brasileña. (Le podría pasar: “Ojalá llamen a Néstor Humberto Martínez y le pregunten”: Jorge Pizano)
Acompañado con un cartel con el mensaje #RenuncieFiscal, el senador del Polo Democrático dijo que uno de los hombres más ricos del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, tiene a su favor a dos personas poderosas en el país: el fiscal general y el procurador general, Fernando Carrillo. Sobre este último, el senador hizo referencia a la controversia que existe con el contrato que Carrillo firmó con la empresa Adminegocios & Cía. S.C.A., en la cual el Grupo Aval tiene el 27,5% de las acciones. Robledo acusa a Odebrecht y al Grupo Aval de todos los hechos de corrupción que han sucedido en este caso.
Crédito: El Espectador
Según Robledo, no se puede pedir imparcialidad en este caso cuando el fiscal general se ha hecho rico por sus relaciones laborales con el dueño de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Además de manifestar que las autoridades no han llegado a los máximos responsables de estos hechos, el senador se refirió a los recientes hechos divulgados en El Espectador, Noticias Caracol y Noticias Uno. Para el congresista, el excontroller Jorge Enrique Pizano, quien falleció el pasado 8 de noviembre por un infarto, contó varias verdades que fueron ignoradas por las personas que sabían lo que estaba pasando.
En su intervención, Jorge Robledo también aseguró que la Fiscalía no está investigando a la cúpula del Grupo Aval y que Luis Carlos Sarmiento supo de las conversaciones que Néstor Humberto Martínez, en su condición de asesor jurídico, sostuvo con Jorge Enrique Pizano. Por eso, el senador dijo que “ni el Grupo Aval ni Néstor Humberto Martínez denunciaron estos hechos ante la justicia”. Finalmente, Robledo dijo que Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía porque, en gran parte, “sabía que se venía huracán Odebrecht”. (Lea también: Néstor Humberto Martínez y el caso Odebrecht: ¿Debe renunciar el fiscal?)
A su turno, el senador Gustavo Petro señaló que aún falta mucho por investigar en este caso como, por ejemplo, pagos en la Ruta del Sol y en Consol, o los funcionarios que lograron el otro sí para el tramo Ocaña-Gamarra. "Todos sabemos que la decisión efectiva se toma en un Conpes y todos sabemos que ese Conpes que es del 2014 tiene como integrantes al vicepresidente encargado de la infraestructura Germán Vargas Lleras, a el director nacional de Planeación que es el que hace la propuesta escrita que era Simón Gaviria", dijo.
La senadora Angélica Lozano manifestó que Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía para proteger y tapar lo que estaba pasando con el caso Odebrecht. Ante los vínculos que día tras días se iban conociendo y comprometían a Martínez, la senadora dijo que, en compañía de Robledo, buscaron al procurador general, Fernando Carrillo, para que, en su de sus facultades constitucionales, recusaran al fiscal general con el fin de que se apartaran del caso. Sin embargo, dijo que Carrillo se negó a tomar acciones al respecto, por lo que dijo que no fue diligente cuando conoció de estos hechos.
La congresista cuestionó a Carrillo porque, según dijo, no se sabe qué pasó con el agente especial que designó el procurador general para este caso. “¿Por qué que no recurso el procurador siento parte en este proceso?”, se preguntó Lozano. De igual manera, dijo que en el Consejo Nacional Electoral están archivados los procesos de ingreso de dinero de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, así como la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014, y que no han caído los jefes principales en este entramado de corrupción. (Le sugerimos: Continúa debate por futuro de fiscal en caso Odebrecht)
La senadora aseguró que en la Fiscalía “no ha pasado nada”, al margen de las investigaciones que allí se llevan. Dijo que el ente investigador está cooptado por intereses, entre otras cosas porque "tampoco ha pasado nada” ante las recientes revelaciones hechas por Jorge Enrique Pizano y que ponen en tela de juicio las actuaciones hechas por Martínez al frente de la Fiscalía. Por eso pidió su renuncia y, de manera paralela, propuso, con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, crear una misión especial de carácter especial. El objetivo, según la congresista, es apoyar y colaborar la investigación técnica y científica del caso Odebrecht.
“Asisto a este debate por la defensa de mi integridad moral”: fiscal general
Cuando la senadora Lozano se encontraba interviniendo, el fiscal general llegó a las instalaciones del Congreso para responder a las acusaciones en su contra. Además de manifestar que su asistencia al debate del control político lo hace en defensa de su integridad personal, exhibió tres audios donde supuestamente Jorge Enrique Pizano, en enero de este año, le dice que no tiene la certeza de que se estuvieran cometiendo delitos.
Martínez dice que las irregularidades del caso se conocen porque la Fiscalía investigó y estableció los delitos en los contratos en los que se pagaron coimas. “La Fiscalía ha dio la única dueña de la verdad en este caso”, dijo el fiscal, quien aseguró que desde el 25 de julio de 2017 el ente investigador dio a conocer que los valores de las coimas en la Ruta del Sol ascendían a los $84.000 millones.
También desmintió que hubiese tenido conocimiento de los sobornos en 2015, pues, según él, Jorge Enrique Pizano “hasta hace unos meses decía, bajo la gravedad de juramento, que no conoció de la comisión de un delito”. También negó que la Fiscalía no escuchó a Pizano porque, en su intervención a los congresistas, dijo que el excontroller rindió declaración juramentada sobre los contratos falsos de los que tuvo conocimiento. Y que, además, se ha declarado impedido en dos oportunidades para conocer de estos hechos.