La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos, se convirtió en uno de los procesos judiciales más importantes de la década, y el próximo 27 de abril el expediente tiene programada una audiencia crucial. Ese día, la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa hará pública una decisión que puede marcar un antes y un después en esta larga historia judicial: definirá si precluye el caso (lo archiva), como lo pidió la Fiscalía, o si, por el contrario, el ente investigador tiene que seguir con el proceso, acusar a Uribe y llevarlo a juicio, como se lo pidieron las víctimas. Aunque ambas decisiones pueden ser apeladas, lo que se definirá en un mes es clave.
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La jueza no la tiene fácil. Además de estudiar el voluminoso expediente de más de 40 cuadernos de la Corte Suprema de Justicia (la instancia que abrió el proceso), Ortiz tiene en su despacho toda la investigación de la Fiscalía, que incluye más de 20 testimonios y cientos de evidencias. Como si fuera poco, también deberá tener en cuenta las intervenciones de las partes del proceso, como la Procuraduría, las cuatro víctimas y la defensa del expresidente, quienes gastaron más de tres días explicando sus argumentos. Las audiencias para resolver esta situación arrancaron en abril de 2021. El fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes Durán, no encontró mérito para llamar a juicio a Uribe.
En consecuencia, la Fiscalía pidió la preclusión del caso. Como era de esperarse, las víctimas se opusieron. Durante un año, las partes presentaron todo tipo de argumentos en audiencias que se desarrollaron de manera virtual. A finales de febrero pasado, los abogados terminaron sus intervenciones y el expresidente Uribe le pidió la palabra a la jueza. Ella aceptó escucharlo y él esperó a que pasaran las elecciones del pasado domingo 13 de marzo para hacerlo. Su intervención se programó para el pasado viernes 18 de marzo y el expresidente arrancó explicando que había recopilado 540 páginas de apuntes de las audiencias durante todo 2021 y advirtió, de entrada, que su relato sería extenso.
Sin embargo, su guion sufrió un cambio drástico, pues cuando entró en materia, la jueza Ortiz le advirtió que su intervención no podía ser un testimonio, justamente lo que pretendía hacer Uribe, sino que debía centrarse únicamente en hablar sobre la petición de archivar su expediente. Los abogados del exsenador, Jaime Lombana y Jaime Granados, le pidieron a la togada que repensara su decisión y le dejara continuar su relato, pero ella se mantuvo firme. “Acá no hay solo un tema jurídico, sino reputacional y de honor, y le había entendido a usted que tenía el derecho de refutar”, aclaró el expresidente Uribe.
Superado el impasse, el expresidente se refirió a los pormenores de su caso e insistió en que nada tuvo que ver con los delitos por los cuales es investigado: soborno y fraude procesal. “Me siento triste por la afectación de mi reputación, por mi familia, por los antepasados, por mis compatriotas a quienes he procurado servir con honradez. Muchos temas se omitieron por respeto a usted señora juez, ojalá haya una jurisprudencia que permita la completa respuesta y refutación de lo que se dice en un proceso. No pude cumplir la tarea de refutar todas las acusaciones que me hicieron las víctimas para que usted señora juez, que oyó de las víctimas las referencias a mi persona como un criminal, también conociera la otra versión de los antecedentes de esta persona indagatoriada que hoy se ha referido a usted”.
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Luego de dos horas de haber arrancado su intervención, el expresidente cerró su discurso y la jueza Ortiz tomó la palabra. Anunció la fecha de su decisión, para las 9 de la mañana del próximo 27 de abril, y agradeció a las partes. Aunque los caminos están claros, puede pedir la preclusión o no del caso, fuentes cercanas al expediente no descartan que la Fiscalía tenga un as bajo la manga, pues como entidad ha sido clara en que no existen méritos para ir a juicio. “La jueza podría pedir que el caso se archive, pero el ente investigador podría revisar las observaciones de la jueza, cambiar al fiscal y, en lugar de llamarlo a juicio, podría volver a pedir la preclusión con nuevos argumentos”. En todo caso, cualquiera sea el fallo, las partes podrían apelarla y, aunque la decisión de abril próximo es crucial para el caso, el expediente de la década todavía tiene tela por cortar. Esta es una radiografía de lo que va del proceso.
