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El Consejo de Estado dejó en firme la sanción disciplinaria emitida en contra de la registradora de instrumentos públicos del municipio de Calarcá (Quindío) por acoso laboral.
En la decisión se le dio veracidad a las denuncias interpuestas en contra de la funcionaria por parte de sus subalternos quienes argumentaron malos tratos y vejámenes.
En las denuncias se indicaba que con frecuencia la registradora los trataba de “mongólicos, brutos, ignorantes, trogloditas, empíricos”, les negaba permisos para asistir a citas médicas y les “chasqueaba los dedos en la cara diciendo que si no les gustaba se podían ir”.
En un caso una subalterna incluso denunció agresión física, hecho por el cual la Procuraduría General destituyó y la sancionó por 10 años para ejercer cargos públicos.
Manifestaron además que el acoso laboral llegó incluso a una prohibición para hablar por teléfono, la intimidación, la negativa en permisos para almorzar fuera o para atender citas médicas y la falta de consideración.
Dice el fallo disciplinario que emitió la Procuraduría que “no existía armonía en el trabajo ni cordialidad en el diálogo, se sentían permanentemente vigilados por su superior jerárquico que, además, confundía el tono de voz con la agresividad verbal”.
En su defensa, la funcionaria argumentó que no había incurrido en ninguna falta que ameritara la destitución del cargo, pues lo que ella ejerció fue un nuevo estilo de liderazgo e implementó exigencias administrativas que generaron malestar entre los empleados “a tal punto de desencadenar sentimientos de animadversión en su contra”.