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Al resolver un recurso de apelación la Procuraduría General ratificó la destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos al exconcejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego, quien en la madrugada del 13 de octubre de 2013 en aparente estado de embriaguez evadió un control de la Policía Nacional en el norte de Bogotá.
En el fallo de segunda instancia se advierte que el entonces cabildante municipal manejó su vehículo privado de manera peligrosa, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados que le solicitaron una requisa como de la ciudadanía en general. La persecución "de película" se extendió hasta la Escuela José María Córdova en la calle 80 con carrera 30 en la capital de la República. (Ver "No huía de las autoridades": concejal de Chía Carlos Enrique Martínez)
Para el órgano de control disciplinario Martínez Gallego influyó en miembros activos de la Policía prevaliéndose de su investidura para evadir un control policial el cual estaba destinado a evitar que siguiera conduciendo de manera peligrosa. "No obstante omitió las voces de alto para evitar la huida y la prolongó hasta ingresar de manera abrupta e irregular a una escuela de formación de oficiales del Ejército Nacional".
Según las pruebas recolectadas el entonces concejal de Chía abalanzó su vehículo contra tres intendentes de la Policía que intentaron frenar su huída, causándoles graves heridas a los uniformados. Una teniente de la Institución fue arrollada por el funcionario que, con las llantas pinchadas, quiso evadir el actuar de las autoridades.
En el proceso disciplinario se demostró que las actuaciones de Martínez Gallego esa madrugada estuvieron dirigidas a evadir el control policial basado únicamente en los supuestos riesgos que tenía por ser concejal, impidiendo que los agentes ejercieran en debida forma su función y los condujo por las calles de la ciudad realizando múltiples maniobras peligrosas que pusieron en riesgo su vida y la de otros ciudadanos.
En contra del exconcejal existe otra sanción con inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos por haber utilizado su investidura ante unos patrulleros para que no lo multaran tras ser retenido cuando manejaba su moto con una menor de edad que no tenía casco de seguridad como exige la ley. (Ver Santos califica de vergonzoso el comportamiento de concejal de Chía)
En la acción, registrada en video, el cabildante municipal insultó y amenazó a los policías que lo retuvieron por lo que el Ministerio Público consideró que incurrió en una falta disciplinaria en su condición de servidor público puesto que utilizó su investidura y posición en la sociedad con el fin de lograr beneficios.
Por Redacción Judicial
