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La suspensión provisional del general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y el director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, está en firme. La medida fue ratificada por la Procuraduría General de la Nación en medio de la investigación disciplinaria que se sigue en su contra por los presuntos vínculos con la disidencia de alias Calarcá Córdoba.
Según informó el ente de control, la suspensión se ratificó el pasado 23 de diciembre con el fin de evitar la repetición de las conductas investigadas y garantizar el desarrollo del proceso. Tras la revelación de información que comprometía al general Huertas y a Mejía con una presunta filtración a las disidencias, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la medida cautelar pretende esclarecer por lo menos dos puntos clave.
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Por un lado, los eventuales contactos con estructuras disidentes, así como la supuesta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública a ese grupo armado. En el curso de la investigación también se pretende esclarecer un posible apoyo para la creación una empresa de seguridad fachada con la que se pretendía legalizar armas en caso de que las conversaciones de paz con el Gobierno fracasaran.
En ese contexto, la Procuraduría ordenó pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos. Según la entidad, “a partir del análisis de los elementos de juicio expuestos objetivamente, en este momento procesal, la permanencia de los disciplinables en sus cargos posibilita su interferencia en el trámite de la investigación, además de la continuación o reiteración de las presuntas faltas, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado, su relación con la función y los elementos de juicio”.
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El Ministerio Público también indicó que ambos funcionarios mantienen una relación de “superioridad jerárquica con personas de interés para este proceso, ya sea por su posible conocimiento o incluso participación en los hechos investigados”. Por ello, advirtió que “la posición de los investigados en los niveles más altos del Ejército Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia” implica un riesgo adicional para el proceso disciplinario.
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