Por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006 que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia, ocho exmiembros del Ejército aceptarán responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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A la diligencia fueron convocados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).
Asimismo, tres sargentos en retiro adscritos al mismo batallón, William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y el soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado. La diligencia se registrará en el marco del macrocaso que investiga los denominados “falsos positivos”, con el caso territorial que priorizó la región de Urabá antioqueño y chocoano.
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En presencia de organizaciones de víctimas que han participado en el proceso investigativo de la JEP, las instituciones del Estado y la sociedad civil, los uniformados deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron ante la magistratura de la JEP, a uno público ante la justicia, las víctimas y la sociedad.
De acuerdo con el auto de determinación de hechos y conductas sobre el caso de Dabeiba, las conductas ilegales fueron perpetradas en su mayoría contra hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación. La Sala, en este caso, encontró patrones de criminalidad en los que participaron miembros del Ejército adscritos al Batallón de Infantería número 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’.
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Para llegar a este aporte de verdad y reconocimiento, un grupo de la justicia transicional hicieron labores de investigación con las víctimas y con los exmilitares que estarán rindiendo su versión en la diligencia. “Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para el restablecimiento del tejido social fracturado en Dabeiba y, por conexidad, en Medellín, Ituango y Turbo”, resaltó la JEP.
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