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Como parte de su proceso de aceptación de cargos, el empresario Carlos Mattos escribió una carta en la que pidió disculpas públicamente por sus actos de corrupción en el conocido caso Hyundai. En el documento menciona la participación de jueces que favorecieron sus intereses y asegura que le pagó a un periodista para enlodar la imagen de la Fiscalía. Mattos y el ente investigador llegaron a un preacuerdo en el que el empresario acepta los delitos que se le imputaron y accede a una serie de condiciones para una rebaja en su condena. En El Espectador le contamos los detalles de este preacuerdo.
“El señor Carlos José Mattos Barrero aceptará, en virtud del presente preacuerdo, los cargos señalados al momento de la imputación y en el escrito de acusación respectivo, recibiendo como contraprestación a su renuncia voluntaria a la presunción de inocencia y a tener un juicio oral, público y contradictorio”, dice el documento del ente investigador con el que Mattos busca reducir su condena y al que todavía le falta el visto bueno de un juez. Para acceder a los beneficios que le propone la Fiscalía, el empresario tendrá que pagar una multa de 135 salarios mínimos legales de 2016, equivalentes a $93´076.425.
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Por otra parte, el preacuerdo inhabilita a Carlos Mattos el ejercicio de derechos y funciones públicas por 53 meses, pena equivalente a un poco más de cuatro años. Una de las condiciones con las que ha avanzado el empresario fue el de pedir disculpas públicas en las que se compromete a “no volver a cohechar a servidores y funcionarios públicos”, según dispuso la Fiscalía, al igual que la exposición de supuestos “actos que involucran conductas de un periodista que podrían tener implicaciones éticas frente al ejercicio de su profesión”.
Mattos también tendrá que rendir un interrogatorio en el que deberá que explicarle a la justicia “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” en las que sobornó a los servidores judiciales en Bogotá. Asimismo, tendrá que “presentarse a los estrados judiciales donde sea citado con iguales efectos”, se manifiesta en el documento de la Fiscalía. Además, el empresario se compromete a pagar un millón de dólares que repartirá en mitades iguales entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj) y la Fiscalía.
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Para acceder al trato con la Fiscalía, Mattos debe igualmente manifestarle a España, país de donde fue deportado a Colombia, que se acogerá solamente a la justicia colombiana por los delitos relacionados con la manipulación al aparato judicial del país. Asimismo, según el documento, será testigo en los procesos que existan contra funcionarios judiciales implicados en el entramado de corrupción que lo favorecieron en el caso Hyundai.
Uno de los puntos más importantes del preacuerdo es la pena privativa de libertad. En el documento de la Fiscalía, Mattos se compromete a estar recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, una vez la justicia determine el tiempo que tendrá que permanecer en prisión. La elección de este centro penitenciario se dio por las condiciones especiales de salud que tiene el empresario, las cuales en más de una ocasión han hecho que las audiencias en su contra sean aplazadas, como la que estaba prevista para este 1 de febrero de 2022 a las 8:00 a.m., suspendida hasta el 8 de febrero a la misma hora.
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Por su parte, el periodista Gonzalo Guillén, señalado por Mattos en su carta, respondió a los señalamientos del empresario sobre los supuestos pagos que le hizo para enlodar la imagen de la Fiscalía. Según dijo Guillén en una entrevista que dio en Caracol Radio, lo que dice el empresario en esa carta es un montaje y, según él, hay un complot en su contra. Aún así, la Fiscalía tiene en su poder lo que al parecer son los comprobantes de los supuestos pagos del empresario al periodista.
El caso Hyundai, por el que Mattos está en este lío judicial, se remonta a 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones comerciales luego de 25 años con el empresario para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. El empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar en 2016 que, en pocas palabras, frenaba la decisión de la coreana y la obligaba a solo hacer negocios con Mattos.
Unos meses después, se conoció que el juez que emitió esa decisión, Reinaldo Huertas, “compró su carro nuevecito y de contado, menos de una semana después de haber entrado en vigor la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos”, según publicó el periodista Daniel Coronell en su momento en Semana. Las investigaciones arrojaron resultados en enero de 2018 cuando la Fiscalía capturó a los primeros tres funcionarios de los juzgados de Bogotá que aceptaron haber manipulado el sistema electrónico de reparto de las demandas para que el recurso de Mattos cayera en el despacho del juez Huertas. Luego vinieron más capturas y todos, salvo Huertas y Mattos, fueron aceptando cargos.
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