¿En qué va el caso de la masacre de los miembros del CTI ordenada por “Guacho”?
Catorce de los capturados están a punto de quedar en libertad por vencimiento de términos. Los familiares de las víctimas temen que los supuestos miembros de las disidencias de las Farc no vuelva a aparecer. También denuncian maniobras dilatorias por parte de la defensa.
David Escobar Moreno
Se acaban de cumplir dos años de la masacre cometida contra tres investigadores del Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía en la vía que conduce de Tumaco a Pasto (Nariño). El triple asesinato ocurrió el 11 de julio de 2018 y fue ordenado por alias Guacho, el exjefe de las disidencias de la guerrilla de las Farc en ese departamento y que murió cinco meses después en un enfrentamiento con el Ejército en la frontera con Ecuador. Los miembros del ente investigador que fueron asesinados son Douglas Guerrero, administrador financiero adscrito a la Dirección de Crimen Organizado en la seccional Nariño; los técnicos explosivistas Willington Montenegro y Yair Montenegro Galindez.
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Se acaban de cumplir dos años de la masacre cometida contra tres investigadores del Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía en la vía que conduce de Tumaco a Pasto (Nariño). El triple asesinato ocurrió el 11 de julio de 2018 y fue ordenado por alias Guacho, el exjefe de las disidencias de la guerrilla de las Farc en ese departamento y que murió cinco meses después en un enfrentamiento con el Ejército en la frontera con Ecuador. Los miembros del ente investigador que fueron asesinados son Douglas Guerrero, administrador financiero adscrito a la Dirección de Crimen Organizado en la seccional Nariño; los técnicos explosivistas Willington Montenegro y Yair Montenegro Galindez.
El Espectador habló con los familiares de los investigadores, quienes señalan que desde que se cometió el triple homicidio se capturaron a 16 personas del frente Oliver Sinisterra de las disidencias y piden claridad sobre las razones que los llevaron para atentar contra la vida de los tres funcionarios en el corregimiento de la Guayacana en Tumaco. “Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes”, dijo el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
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Hasta donde se sabe, los funcionarios viajaban desde Pasto a Tumaco cuando fueron sorprendidos por desconocidos que, tras disparar, prendieron fuego al automotor en el que se transportaban. Según los reportes de las autoridades, dos de las víctimas fueron incineradas en el vehículo en el que se transportaban, una camioneta Nissan color blanco del CTI, mientras que un juez, que iba en caravana con esos funcionarios, habría logrado huir del lugar, pues se desplazaba en otro vehículo. Una semana antes, narran los familiares de los investigadores, estuvieron a punto de capturar a Guacho pero se les escapó
Los tres investigadores también estaban tras la pista del equipo de periodistas del diario El Comercio de Ecuador que fueron secuestrados y asesinados por el propio Guacho. El periodista Ortega, de 36 años; el fotógrafo Rivas, de 45; y el conductor Segarra, de 60 fueron secuestrados el 26 de marzo en 2018 en la zona de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, donde investigaban los actores armados que hacen presencia allí. Entre ellos, el frente Oliver Sinisterra, al que rápidamente se le atribuyó el rapto y, tras una persecución sin mayor éxito de Guacho y sus hombres, el equipo periodístico fue asesinado en Colombia el 7 de abril de ese mismo año.
Otro punto en el que coinciden los familiares de las víctimas es que desde un inicio la Fiscalía no ha manejado la situación de la mejor forma. Dos de las familias que hablaron con este diario expresaron que se se enteraron de la masacre horas después de haberse cometido y por los medios de comunicación. “Lo mínimo que debieron hacer fue llamarnos para comunicarnos lo que ha pasado. Además, de los capturados muy pronto se van a vencer los términos y van a quedar libres”, dice Joana Martínez, prima de Yair Montenegro. Los familiares dicen que hay riesgo de que se fuguen los acusados y no vuelvan a comparecer ante los juzgados y no se esclarezcan los hechos.
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De las 16 personas capturadas, dos son menores de edad y están a punto de ser enviadas a reformatorios por jueces de adolescencia. Las otras 14, ya fueron acusados y las familias denuncian que la defensa de las presuntos miembros del frente Óliver Sinisterra de las disidencias están realizando maniobras dilatorias para evitar que el proceso avance. La captura más importante hasta ahora se dio un mes después del asesinato. Cuatro personas fueron capturadas en ese momento, entre ellas, Leidy Viviana Urbano Ortega, alias Natalia quien, presuntamente, dio la orden a los otros capturados Otoniel Daza, alias Otto; Jesús Alfredo Arroyo, alias Roberto y Kevin Castillo, alias Niño Richi de atacar a los funcionarios.
Este último, de acuerdo con la Fiscalía, informó a sus comandantes de la presencia de los investigadores, otro hombre habría impedido el paso de la camioneta oficial, mientras alias Otto amenazaba a los agentes. Finalmente, alias Roberto disparó contra los funcionarios del ente investigador. Las capturas se realizaron en el mismo corregimiento en donde ocurrieron los asesinatos por miembros del propio CTI y los Gaulas del Ejército y la Policía. En ese momento, les imputaron cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, entre otros.
Este fin de semana, algunos miembros de las familias de los investigadores se reunieron en Pasto para realizar un homenaje solemne con el acompañamiento de la Corporación Fasol. Las parejas de los funcionarios y algunos de sus hijos realizaron un acto litúrgico en el que también intervino el director de esa organización, Carlos Ojeda. También, otros familiares se reunieron en sus hogares ya que no pudieron hacer ningún acto simbólico masivo por las medidas de distanciamiento por el COVID-19. El mensaje en común de las familias es que la Fiscalía actúe lo más pronto posible para lograr una pronta justicia.
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