4 Sep 2014 - 5:44 p. m.

¿En qué va el caso del grafitero?

La abogada que representa a sus familiares insiste en que hay irregularidades.

María Camila Rincón Ortega

¿En qué va el caso del grafitero?

Han pasado tres años y 15 días días desde que Diego Felipe Becerra murió en la avenida Boyacá con calle 116, luego de que recibiera un disparo. El 19 de agosto de 2011, él estaba pintando grafitis con un grupo de amigos y un oficial, hoy conocido como Wilmer Alarcón, habría descargado su arma cuando el joven no atendió a la orden de detenerse. Luego de que la Policía acusara a Diego Felipe de ser un atracador y este señalamiento fuera desvirtuado, el país empezó a conocerlo como el grafitero. Hoy no hay ninguna condena por su muerte, pero sí múltiples dilaciones en los procesos que buscan desentrañar su asesinato. Para su familia, develar a los responsables que también modificaron la escena del crimen es una tarea que va a paso de tortuga. Mientras Diego Felipe cumplió su tercer aniversario, sólo 13 de las 42 personas que habrían estado en el lugar de los hechos tienen medida de aseguramiento.

Si alguien ha tomado nota de las demoras en cada una de las actuaciones de este caso es el padre de Diego Felipe, Gustavo Trejos. Con una paciencia que parece haber adquirido de tantas audiencias a las que ha asistido juiciosamente registra las fechas de capturas y aplazamientos. “El 12 de febrero de 2012 fue capturado el patrullero Alarcón. Después vino imputación y medida. La audiencia preparatoria se programó para el 10 de octubre de ese año y sólo hasta el 11 de septiembre se va a realizar. Es que hasta tocó ponerle orden de arresto al abogado del oficial para que asistiera a las audiencias. Luego, la diligencia preparatoria de los cinco uniformados que fueron detenidos en octubre del 2012, estaba prevista para el 15 de agosto del año pasado y nada. Hasta este 2 de septiembre se pudo hacer y continuará el próximo 6 de octubre”, explicó.

En la investigación del general Francisco Patiño, excomandante de la Policía en Bogotá, las investigaciones parecen no andar. Más aún después de que fue ascendido por el Congreso. “El proceso contra el alto oficial empezó en diciembre de 2012, hasta que en julio del 2013 fue ascendido. Es que nosotros no buscábamos que no lo ascendieran nunca, pero por lo menos hasta que se resolviera la investigación. El punto es que en junio de este año se iba a hacer la imputación, pero cambiaron el fiscal del caso y seguimos esperando. Llevamos un año y tres meses de dilación”, agregó.

Por estos múltiples tropiezos que ha tenido el proceso penal, la familia de Diego Felipe y la abogada que los representa, Miriam Pachón, decidieron interponer un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El alto tribunal decidió este martes que iba a estudiar el caso. “Enviamos una solicitud de protección para custodiar el proceso, para blindarlo y evitar que se contamine. Es que este caso no avanza, en parte porque la Policía a veces no deja hacer las capturas necesarias. ¿Cómo van a decir que en Colombia se respetan los derechos humanos si viven impidiendo que en este caso la justicia avance?”, sostuvo en conversación con El Espectador, la abogada Pachón.

Y añadió que a ella, como representante de víctimas le están ocultando decisiones. “A mí se me oculta toda la información, que yo me entero es porque vivo encima del caso, no porque me informen, por eso le pedimos a la Comisión que investigue. A ese punto nos tocó llegar. Hace poco le pregunté a la Fiscalía por qué no se habían realizado unas capturas y la respuesta fue ordenarle al fiscal que lleva un proceso que no podía hablar más conmigo”. Como si fuera poco, el mismo martes el abogado que defiende los intereses del patrullero Alarcón, Jaime Gutiérrez, solicitó ante un juez de conocimiento que las partes del proceso se abstengan de dar declaraciones en los medios para evitar entorpecer el curso de las investigaciones y no generar odios en la opinión pública.

Al respecto, el padre de Diego Felipe, Gustavo Trejos, le dijo a El Espectador que “en ningún momento en las declaraciones han fomentado el odio, los pronunciamientos han sido para mostrarle a la opinión pública el mal actuar de altos miembros de la Policía Nacional, los cuales cometieron un abuso y una extralimitación de poder sin precedentes para alterar una escena del crimen y encubrir el asesinato de un menor de edad. Yo sólo quiero verdad y justicia”. Además, la abogada Pachón recordó que “quien generó el odio en primer lugar contra diego Felipe fue el general Patiño al acusarlo de atracador. Lo cierto es que aquí hay irregularidades que el fiscal General no atiende y que el fiscal 95 al frente del caso está sin protección cuando tiene amenazas. Ni la Fiscalía ni la Unidad Nacional de Protección están asumiendo su seguridad”.

Porque si algo ha sido claro es que un mínimo avance en el progreso implica amenazas tanto para Pachón como para los padres de Diego Felipe. “Yo tengo protección en este momento y cada vez que hay más capturas hay más amenazas, lo mismo le pasa a Gustavo y su esposa”. Los más recientes hostigamientos ocurrieron cuando fueron capturados y enviados a prisión el coronel Jhon Heiver Peña y a los subintendentes Fleiver Zarabanda y Nelson Tovar, el pasado 22 y 23 de agosto. El coronel Peña es señalado de haber elaborado del operativo de encubrimiento. Mientras que los subintendentes habrían comprado el arma que pusieron en la escena del crimen.
Las irregularidades en el proceso para Pachón son claras y por eso es tan importante la decisión de la Comisión Interamericana. “Si bien aquí no se han perdido pruebas sí se han adulterado y eso es un delito, es que uno de los motivos por los que pedimos protección es porque algunas personas vinculadas al proceso están modificando las pruebas. Me tranquiliza que hasta ahora no ha habido testigos falsos, como en el caso Colmenares, porque eso es lo que daña los procesos y aquí estamos seguros de la participación de la Fuerza Pública”. Tal vez cuando la Comisión se pronuncie sobre este caso deje de haber tantas demoras en las audiencias y diligencias y se empiecen a conocer las decisiones judiciales.

 


mrincon@elespectador.com / @macamilarincon

 

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