¿En qué van las investigaciones por el cartel de la toga?

De izq. a der.: José Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte. / Archivo El Espectador

“Me voy preocupado porque la verdad se va conmigo”. Estas fueron las palabras que el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, dijo pocos días antes de ser extraditado en la mañana de este 17 de mayo a Estados Unidos. Uno de los protagonistas del peor escándalo que haya tenido que enfrentar la justicia colombiana ya está en poder de las autoridades norteamericanas, en el desarrollo de una investigación por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Moreno ha asegurado que sigue dispuesto a colaborar con la justicia, aunque solo horas antes de ser llevado a Miami se aprobó su principio de oportunidad. 

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Con su traslado, varias incógnitas quedan sin resolverse, por ahora, en Colombia. El exfiscal es testigo clave de investigaciones de la Fiscalía para poder entender cómo fue que un grupo de abogados, magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema recibieron millonarias sumas de dinero a cambio de incidir en procesos judiciales. Moreno asegura que todavía tiene pruebas contundentes que podría darle a las autoridades colombianas para esclarecer casos, pero las trabas para dejar en firme su matriz de colaboración no le ha permitido, asegura, contar toda la verdad de quienes están involucrados en el escándalo. Estos son cuatro casos en los que Moreno ha sido testigo clave.

Francisco Ricaurte

El primer exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en ser arrestado y enviado a la cárcel por este escándalo se encuentra, desde el año pasado en La Picota en Bogotá. Según las pesquisas, el abogado actuó como el cerebro del entramado de corrupción que llegó hasta esta alta corte y habría sido uno de los principales beneficiados por los pagos millonarios que recibió el cartel. Según la Fiscalía, Ricaurte era el encargado de contactar a los clientes, normalmente políticos y gobernadores, para ofrecerles los servicios del cartel. "La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia”, asegura la Fiscalía. 

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Retardaban trámites, instrumentalizaban medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteraban evidencias, “todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus clientes’", explica el ente investigador. Se espera que pronto comience el juicio en contra de Ricaurte, quien se declaró inocente desde el día que fue capturado. Eso significa que, en juicio, refutará las pruebas de la Fiscalía. 

José Leonidas Bustos 

Para la Fiscalía, el exmagistrado de la Corte es otro de los cerebros del cartel de la toga. Su proceso, a diferencia del de Ricaurte, lo lleva la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por tener fuero y porque los supuestos delitos habrían ocurrido mientras estaba en su despacho en el alto tribunal. Los investigadores terminaron la fase de indagatoria en contra del exmagistrado el pasado 4 de abril, sin que Bustos participara en varios de las diligencias. El paso que sigue es el de conocer si la Comisión decide acusar o no al exmagistrado y llevar el caso a la plenaria de la Cámara de Representantes y, luego, a la del Senado. 

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Bustos, por su parte, ha asegurado que Moreno es un mentiroso que, antes de todo este escándalo, dedicaba su vida a perseguirlo. Sin embargo, sigue por aclararse por qué, si su relación era lejana como ha afirmado Bustos, terminaron haciendo negocios personales -como el traspaso de un auto- o la esposa de Bustos, la exprocuradura Martha Pineda, recurría a él cada vez que necesitaba que alguien la cubriera en las clases que daba en la Universidad Libre. 

Gustavo Malo

El caso del magistrado Malo ha sido uno de los más polémicos pues es el único magistrado activo, hasta ahora, que ha salido mencionado dentro de las investigaciones por el cartel de la toga. La Corte Suprema de Justicia, para apartarlo de su cargo, modificó las reglas de convivencia del alto tribunal y Malo fue relevado de sus funciones mientras se defiende del proceso que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Malo, por su parte, asegura que es completamente inocente y que su situación es producto de las mentiras de Gustavo Moreno. 

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El pleno de la Cámara lo acusó a finales de abril pasado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva. Los representantes tuvieron en cuenta el escrito de acusación que presentaron los investigadores del caso, quienes estudiaron 25 testimonios como el del propio Moreno. Él, en sus diversos relatos, señaló a Malo de ser el proveedor de toda la información usada por la organización para hacer los millonarios cobros y frenar los procesos. Ahora el caso debe pasar al Senado para que allí la plenaria decida si lo acusa o no, lo que podría implicarle el ser suspendido de su cargo.

Álvaro Ashton

Según la pesquisas de la Fiscalía, el exsenador liberal fue uno de los congresistas que pagó a los miembros del cartel de la toga para que incidieran en un proceso por parapolítica que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia. Según la versión del exfiscal Moreno, Ashton le entregó $600 millones al cartel de la toga para que el exmagistrado Ricaurte moviera sus fichas dentro del alto tribunal y su expediente fuera archivado. “Pacho (Ricaurte) me dijo cobre $1.200 millones, de lo que yo recogí, a mí me entregaron $600 millones, se le entregaron $400 millones a él, $100 millones a Luis Ignacio Lyons y $100 millones que conservé yo. Se acordó el archivo, pero no alcanzó a salir”, le explicó Moreno a las autoridades. 

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El exsenador fue capturado en diciembre del año pasado y, desde ese entonces, se encuentra recluido en La Picota en Bogotá, justamente por el expediente de parapolítica. Además de ese proceso, Ashton tiene tres procesos más abiertos en su contra por el cartel de la toga, Odebrecht y la Dirección Nacional de Estupefacientes -que continúa en estado preliminar-. El excongresista ha defendido su inocencia a capa y espada e, inclusive, a comienzos de este mes, presentó su caso por parapolítica ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que fuera cobijado con  los beneficios que allí se otorgan. La JEP rechazó su petición pues, explicó, los delitos por los que es investigado nada tienen que ver con el conflicto armado.

Musa Besaile

El caso del exsenador del Partido de la U fue uno de los primeros en salir a la luz pública. Las primeras versiones que se conocieron fueron las que él mismo le entregó a la Corte Suprema y a medios de comunicación en las que aseguraba, con lágrimas incluidas, que no era sino una víctima del cartel de la toga. Que Moreno era un extorsionador profesional y que lo había presionado para pagar $2 mil millones a cambio de lograr detener una supuesta orden de captura en su contra que estaba lista para ser emitida en la Corte Suprema de Justicia, en un expediente por parapolítica. 

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Moreno refutó la versión y dijo con claridad que Besaile hizo el pago en efectivo completamente consciente de que lo que quería era evitar su captura. El exsenador se encuentra preso en La Picota de Bogotá. El pasado 1° de febrero fue llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Besaile ha insistido que es inocente de todos los casos y que no es más que una víctima de extorsión.