Excanciller Álvaro Leyva no aceptó cargos en imputación por escándalo de pasaportes

Por el mismo escándalo de los pasaportes, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por un período de diez años al excanciller Leyva.

Foto: Óscar Pérez

En la mañana de este martes 9 de diciembre, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el excanciller del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leyva Durán. Esto, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, con relación al sonado escándalo de los pasaportes que, incluso, la mereció una sanción disciplinaria y su salida del gabinete de ministros.

Según los argumentos del ente investigador, el excanciller habría expedido varios actos administrativos supuestamente irregulares durante el proceso de licitación para contratar a la empresa encargada de producir y distribuir los pasaportes colombianos. Por ese mismo escándalo, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por un período de 10 años. Para el Ministerio Público, el exfuncionario declaró desierta la licitación sin fundamento legal.

El caso se remite a septiembre de 2023, cuando por instrucciones del entonces canciller Leyva, se suspendió la licitación para la gestión del servicio de pasaportes. El proceso había sido adjudicado a Thomas Greg & Sons, firma que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación y cuya propuesta superaba los COP 600.000 millones. Por estas acciones, en diciembre de 2023 la Fiscalía empezó a investigar al hoy exfuncionario del gobierno Petro.

En contexto: Fiscalía le imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por caso pasaportes

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Tras hacer un recuento detallado de los hechos en los que el excanciller Leyva habría actuado en contra de la ley durante la licitación para el contrato de los pasaportes, la fiscal del caso formalizó la imputación como autor del cargo de prevaricato por acción en concurso homogéneo. La investigadora detalló que el delito se habría cometido “con conocimiento y con voluntad; es decir, con dolo directo mientras ejercía en calidad de ministro de Relaciones Externas”.

De paso, la delegada del ente investigador señaló que Leyva tenía pleno conocimiento y consciencia de que su participación en el proceso previo al contrato, por el cual fue destituido por la Procuraduría, así como en la declaración de licitación desierta y de urgencia manifiesta, fueron acciones contrarias a derecho. “Intervino de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”, dijo la fiscal. Esto, a pesar de haber sido advertido por su equipo de trabajo. Leyva no aceptó la imputación de cargos.

Durante la imputación contra el excanciller Leyva, la fiscal del caso señaló que el entonces funcionario tenía pleno conocimiento de que la licitación para la producción y distribución de los pasaportes se hizo bajo los parámetros de la ley. Pese a ello, declaró la urgencia manifiesta por un período de 12 meses con el objetivo de dejar por fuera del proceso a la empresa que tenía luz verde para hacerse al millonario contrato y hacer una contratación directa.

“Para esa época usted ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”, dijo la fiscal. Agregó que para la época de los hechos “no existían situaciones excepcionales” que justificaran la declaración de la urgencia manifiesta y que, por el contrario, lo que buscaba por medio de ese acto administrativo con el que, al parecer, abusó de su poder, era “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación” al frente de la Cancillería.

Cerca de las 9:00 de la mañana inició la audiencia de imputación en contra del excanciller Leyva. La diligencia se adelanta en el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el exfuncionario se conectó de forma virtual, no asistió presencialmente a la sala de audiencias. La fiscal del caso hizo un recuento detallado de los actos administrativos mediante los cuales Leyva declaró desierta la licitación para los pasaportes.

La investigadora cuestionó las razones por las que el exfuncionario, al parecer de forma deliberada, declaró desierta la licitación para la producción y distribución de pasaportes. “Usted sabía que estaba emitiendo una resolución carente de razones jurídicas”, dijo la fiscal del caso. Agregó que el exfuncionario actuó con el objetivo de “abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a una urgencia manifiesta, para contratar de forma directa”.

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