Enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo dejan 1.150 desplazados en Chocó

Imagen de referencia. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, el desplazamiento ha dejado ocho millones de víctimas en el país.

Foto: Archivo

Corregimientos del municipio de Medio San Juan, al sur de Chocó y en cercanías con el Valle, están situados por enfrentamientos armados entre el Eln y el Clan del Golfo. Al menos 1.150 personas se han desplazado a las comunidades vecinas, desde la región de Dipurdú del Guasimo. La Defensoría alerta que la situación se puede agravar y extenderse a los municipios de Sipí y Litoral de San Juan.

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“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para avanzar en la atención de 1.150 personas desplazadas durante el fin de semana hacia las comunidades vecinas de San Miguel e Isla de Cruz, por enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. Por estos combates se han reportado varías situaciones que ponen en riesgo a esta comunidad”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Según ha podido constatar la Defensoría, hay un confinamiento de 800 personas en el corregimiento San Miguel y otras 350 en el sector La Unión, territorios donde las familias desplazadas tienen las pertenencias que alcanzaron a sacar. Carlos Camargo prometió que un equipo de la institución viajará a la zona para atender a las víctimas. José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan, le dijo a Rcn Radio que la cifra supera las 1.600 personas.

La población le ha manifestado a la Defensoría que, desde el pasado 12 de agosto, el Clan de Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (nombre que la familia de Jorge Eliecer Gaitán repudia) ingresaron a los corregimientos de La Unión y Dipurdú del Guasimo, pintando grafitis e interrogando civiles. Luego de tres días, se reportaron combates que se sostienen hasta la fecha.

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“A pesar de los acuerdos firmados en noviembre del 2016 con las Farc, hoy las comunidades de todo el Chocó estamos siendo sometidas a desplazamientos, muertes, violaciones sexuales a niñas indígenas por parte de las Agc, el Eln, disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley y otros vejámenes en contra de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra propia vida”, le dijo un defensor de derechos humanos a El Espectador, quien guarda su nombre para proteger su vida. Asegura que en todo el departamento las Agc marcan lugares públicos con grafitis alusivos a sus siglas.

La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la grave situación en Medio San Juan. El 23 de agosto de 2019, a través del sistema de alertas tempranas, la institución aseguró que tanto en ese municipio como en Istmina la comunidad denunció restricciones y amenazas por parte del Eln. Según la Defensoría, se trata de un plan de la guerrilla para forzar a la población a rechazar y a oponerse a la presencia del Ejército en el territorio.

“En ese cometido, el Eln, en una flagrante infracción al principio de distinción, ha declarado como ‘objetivo militar’ a personas señaladas de sostener cualquier tipo de relación directa o indirecta con el Ejército Nacional, advirtiendo que puede atentar contra sus vidas o que serán conminadas al desplazamiento forzado. Entre las personas vulnerables ante esta dinámica se encontrarían mujeres, así como comerciantes o transportadores a quienes se considere estén favoreciendo a su adversario”, denunció la Defensoría.

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Tal ha sido la agresión del Eln, que en agosto de 2019 circuló un panfleto en el que se le ordenó a la población civil el cierre total del comercio. Se declaró objetivo militar a los pobladores que se relacionen con el Ejército, incluso si tienen relaciones afectivas. Se le manifestó, además, a la población del sector Noanamá que debía abandonar el territorio, en caso de que el Ejército no saliera en 48 horas.

“La geografía montañosa asociada con la serranía del Baudó y la cordillera Occidental y su orografía asociada al río San Juan y sus afluentes hídricos convierten a los municipios de Istmina y Medio San Juan en lugares estratégicos que ofrecen ventajas tácticas para la comunicación, movilización y abastecimiento de las estructuras armadas entre los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Adicionalmente, posibilitan el refugio o repliegue de tropas, el tráfico de armas y de precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca, y la custodia de secuestrados”, agregó la Defensoría.