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En octubre de 1997 el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Luis Enrique Montenegro, acusó públicamente como testaferros de las Farc a integrantes de la urbanización Inaia Sue, un grupo de amigos que habían creado con fines de vivienda la Cooperativa Multiactiva Vecinos y Amigos en Tenjo, Cundinamaca. El señalamiento llevó a una investigación y al asedio de la comunidad que insistía en su inocencia. El 16 de noviembre de ese año un grupo de hombres armados ingresó a Inaia Sue, asesinó al vigilante Leonardo Tibaquirá y disparó contra las casas y vehículos del conjunto residencial.
Los agresores dejaron en el lugar del ataque panfletos amenazantes identificándose como un grupo paramilitar conocido como COLSINGUE (“Colombia sin Guerrilla”), y en el que declararon objetivo militar a los residentes de la urbanización, por lo que se generó un desplazamiento forzado. Luego, en marzo de 1998, la investigación penal culminó con decisión inhibitoria al considerarse que no existía prueba en contra de esta comunidad. Por estos hechos, el Consejo de Estado condenó a la Nación en agosto de 2016, ordenando al Ministerio de Defensa hacer un acto de perdón y a erigir un monumento en memoria de las víctimas.
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Este sábado en Tenjo, el Estado colombiano hizo entrega del monumento, por parte del director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Jhon Fernando Lozano Olave. Mauricio Gallego, de la comunidad de Inaia Sue, señaló que el monumento hará prevalecer el legado de la comunidad y para que "las comunidades tengan claro lo que sucedió y para que nunca más se vuelvan a presentar hechos de violencia de estado".
El acto de perdón que ordenó el Consejo de Estado se realizó en abril pasado en Tenjo, con presencia del entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto. "Este acto es un homenaje en memoria de Leonardo Tibaquirá y también un sentido reconocimiento de este Estado que día a día se compromete más con las víctimas de todas las formas de violencia, las cuales son el eje central del derecho a la reparación y porque no decirlo, de nuestro estado social de derecho", dijo en ese momento, Villegas.
El fallo del Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa del Estado Colombiano, representada en el DAS, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. En la decisión, el alto tribunal resaltó que “la institución demandada permaneció en el error de considerar que eran justificados los señalamientos y, además, en la equivocación de entender que esas imprudentes sindicaciones eran parte de las funciones que misionalmente debía desempeñar”.