El gobierno de Abelardo de la Espriella dejó listos los lineamientos para someter a los grupos criminales del país. Ante el Congreso de la República, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, presentaron oficialmente la propuesta con la que esperan desmantelar y desarmar a los actores armados ilegales o terroristas bajo una hoja de ruta de diez puntos. Durante la presentación, que tuvo lugar este martes 13 de octubre, los jefes de cartera fueron enfáticos en que no existirá ningún tipo de negociación política. Bajo esa premisa, el Ejecutivo buscará darle cumplimiento a una de las principales promesas del mandatario: agotar totalmente el tiempo para el diálogo.
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El proyecto de ley establece una serie de condiciones para lograr el sometimiento. Por ejemplo, una interlocución a través de abogados, la limitación de los lugares para negociar, y los compromisos que deberán adquirir los miembros de grupos ilegales para acceder a beneficios y rebajas de pena que irán desde el 30 % al 50 %, dependiendo de su rol criminal. El documento es explícito en que no se trata de una negociación política de ninguna naturaleza y define los grupos criminales que podrán ser partícipes del proceso. Asimismo, especifica las partes del gobierno que acompañarán esas diligencias y los alcances que tendrán en cada etapa.
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Durante la presentación del proyecto ante el Congreso, el ministro Cancino explicó que se trata de la modificación de la Ley 418 de 1997, que ha servido para tratar de buscar mecanismos de paz. “La política del presidente De la Espriella busca ese deber constitucional sin confundirlo con entregar el Estado a las organizaciones delictivas. Durante mucho tiempo y en algunos proyectos, el terrorismo sometía al Estado. En la política criminal de este gobierno, el Estado va a someter a los delincuentes. Vamos a dar algunas herramientas para que ese sometimiento sea por la vía pacífica con el uso de la ley, pero aquellas personas que sigan al Estado, el presidente ha sido claro en la persecución armada”, dijo.
Sobre los actores armados ilegales o terroristas, la hoja de ruta señala que se trata de organizaciones, grupos o estructuras que estén involucradas en economías ilícitas y que cometan actos que alteren el orden público o comprometan la seguridad ciudadana, esto sin importar su tamaño, capacidad militar y operativa. “Esta definición incluirá tanto grupos que operen bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control que les permita realizar operaciones militares, así como organizaciones criminales conformadas y organizadas en una estructura jerárquica o en red”, dice el documento, que además explica que esto permitirá definir el alcance de aplicación de la ley.
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Por otro lado, el proyecto de ley señala que el gobierno tendrá delegados con facultades para realizar contactos humanitarios, facilitar liberaciones, reintegración de la niñez, búsqueda de desaparecidos y secuestrados. Asimismo, podrán realizar actos de acercamientos para que los interlocutores de los grupos armados manifiesten su voluntad de iniciar el proceso de sometimiento. Esos interlocutores por parte de las estructuras ilegales tendrán que acreditar que son abogados y que no hacen parte ni integraron en algún momento el grupo armado o terrorista. A esa figura, el gobierno le garantizará la seguridad mientras participan en los actos preparatorios y los procesos de sometimiento.
Además, el proyecto señala que el lugar para avanzar en el sometimiento será limitado. Esto quiere decir que será el presidente de la República, con aprobación del Congreso, el encargado de definir la zona donde se desarrollará el protocolo con los actores armados. Ese lugar tendrá una delimitación geográfica, mantendrá la vigencia del Estado social de Derecho, no se suspenderá la ejecución de órdenes de captura ni de extradición y se podrán establecer centros de reclusión. Para el sometimiento, el gobierno recibirá listas en las cuáles se acreditarán a los miembros de grupos criminales que busquen acogerse, sin embargo, serán excluidos quienes no cumplan con los requisitos y quienes estén privados de la libertad.
“Las personas en las que el Estado ya haya gastado recursos humanos y físicos para capturarlas y estén privadas de la libertad, no pueden entrar a este marco. El Estado ya las tiene bajo su poder. Todo esto es para las personas que aún estén en la ilegalidad y que quieran reflexionar e incorporarse”, aclaró el ministro Cancino. Luego del proceso de acogimiento al sistema y, para acceder a las reducciones de penas, el grupo armado deberá dejar las armas; identificar y entregar a niños y niñas reclutados, personas secuestradas e información sobre personas desaparecidas; cesar actividades ilícitas; y comprometerse con desmantelamiento y la entrega de información sobre corrupción.
La permanencia de los grupos armados en el proceso de sometimiento estará condicionado a la colaboración con la justicia, el esclarecimiento de la verdad, la satisfacción de los derechos de las víctimas, aporte a la verdad sobre estructura, modo de operación y área de influencia, así como la información para desmantelar economías criminales y nexos políticos. El grupo armado también deberá entregar información de los bienes y activos obtenidos con ocasión de sus actividades ilícitas; y realizar trabajos restaurativos, incluidas acciones de erradicación de cultivos ilícitos. El tratamiento penal diferenciado para quienes se sometan dependerá del cumplimiento de dichos compromisos.
“No solamente va a haber algún tipo de rebaja por la entrega de rutas de narcotráfico, sino también por laboratorios de drogas que no estén relacionados con la cocaína, como los laboratorios de pastillas, por ejemplo. También va a haber unos beneficios por erradicación manual de cultivos ilícitos. También van a tener beneficios por demostrar vínculos con corrupción pública como contratación en beneficio de grupos ilegales. Y obviamente también habrá beneficios por relaciones con la política. Esto no es solo afirmar, tendrán que demostrar y tener un registro probatorio dentro del debido proceso que decidirán los jueces frente a ese tema”, agregó Cancino.
Al beneficio se suma la posibilidad de cumplir la medida de aseguramiento en cárceles según su arraigo, en colonias agrícolas o en cárceles productivas con el propósito de contribuir a la reparación de las víctimas. Asimismo, se podrá aplicar la libertad condicional desde las 4/5 partes de la ejecución de la pena efectiva, pero en este punto se tendrá en cuenta el concepto favorable de la víctima. “La pena impuesta a quienes hayan tenido rol de mando en la organización, una vez aplicados los términos previstos en este artículo, no podrá ser inferior a 10 años”, detalla el proyecto. El documento también es enfático al abordar el tema de la devolución de un porcentaje por los bienes que los grupos criminales entreguen.
Sobre ese asunto, Cancino explicó que no se les devolverá nada. “Un bien que es adquirido ilícitamente, el Estado no puede reconocerle ningún porcentaje por devolverlo. Es una obligación entregar los bienes”, apuntó el ministro. Asimismo, el documento también elimina la prohibición expresa de beneficios para condenados por reclutamiento ilícito. Esa modificación a la norma busca “que la protección prevalente de la niñez opere como una obligación inmediata y verificable, sin convertir la existencia de reclutamiento en un obstáculo para la liberación de quienes aún permanezcan en poder de la organización”, agrega. El Congreso tendrá que examinar todas estas condiciones y sus alcances.
El Ejecutivo apuesta a que los incentivos permitan desarmar las estructuras y revelar las redes que las sostienen. Su cumplimiento quedará en manos de la Fiscalía y los jueces, encargados de verificar los aportes y de revocar los beneficios cuando se incumplan los compromisos. Además de la evaluación que pueda hacer el legislativo, que podría eliminar y añadir artículos a la propuesta del gobierno, la cuestión de ahora en adelante también estará enfocada en conocer los alcances de esta propuesta, pues el enfoque del gobierno es claro: más garrote que zanahoria, con la presión de la Fuerza Pública como incentivo para aceptar el sometimiento.
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