Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La guerra de las Farc contra los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía no se limitó a los enfrentamientos armados ni a las víctimas que dejaron las balas. También alcanzó a las autoridades tradicionales, a las familias obligadas a abandonar sus territorios y a las comunidades que vieron amenazadas sus costumbres, su autonomía y sus lugares sagrados. Esa es una de las principales conclusiones de la última imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que atribuyó a antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental graves crímenes contra los pueblos Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw. La determinación reconstruyó una violencia que, incluso, puso en peligro la existencia misma de estas comunidades.
(En contexto: JEP imputa a exjefes de las Farc por crímenes contra cinco pueblos indígenas)
Uno de los episodios más graves ocurrió en 1997, cuando siete autoridades tradicionales del pueblo Korebajü fueron asesinadas en la masacre de San Luis en (Caquetá). Para la JEP, no fue un hecho aislado. Cuatro años antes había sido asesinado Aquiles Bolaños, fundador del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caqueta, una de las principales organizaciones de defensa de esta comunidad. Según el Plan de Vida del pueblo Korebajü, entre 1997 y 2003 las Farc asesinaron a 65 de sus líderes por oponerse al sometimiento, al reclutamientos forzado y a debilitar a las autoridades indígenas para imponer el poder de las estructura armadas. La violencia también alcanzó a quienes transmitían los conocimientos de sus pueblos.
El 16 de enero de 2011, Rafael Pérez Pérez, cacique y médico tradicional de la comunidad Hitnü, murió al pisar una mina antipersonal instalada por las Farc cerca del caño Seco en Arauca. Tenía 65 años y caminaba por una ruta utilizada habitualmente por su comunidad. Además, su hijo, David Escalante, contó que el explosivo estaba en el camino de acceso al territorio. Dos años antes, en 2009, el docente y etnoeducador, Pablo Rodríguez Garavito había sido asesinado por integrantes del Frente 10. Para la JEP, estos crímenes significaron también la pérdida de autoridades y referentes fundamentales para la vida de sus comunidades. Las minas antipersonal tampoco distinguieron entre los niños y los combatientes.
Aquí la imputación completa:
El 16 de julio de 2007, Bertha López Lancheros, una niña Hitnü de ocho años, resultó herida por uno de estos explosivos mientras transitaba por su territorio acompañada de un animal de carga. Las lesiones le dejaron secuelas físicas y emocionales permanentes. Entre 2008 y 2009, Romelia Pérez Pérez, una sabedora de la misma comunidad, sufrió heridas en las piernas al pisar otra mina cerca de un pozo de agua. La explosión afectó su movilidad y limitó sus actividades tradicionales. Los dos casos muestran cómo la guerra convirtió los caminos, las fuentes de agua y los lugares cotidianos en escenarios de peligro, uno de los puntos centrales de la decisión que imputó exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, traslados forzosos, torturas y persecución, así como el uso de minas antipersonal y daños al medio ambiente.
Por estos crímenes, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a diez integrantes de las antiguas Farc. Tres de ellos hicieron parte del último Secretariado de la guerrilla: Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias “El Médico”, y Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”. A ellos se suma Elmer Caviedes, alias “Albeiro Córdoba”, quien perteneció al Estado Mayor del Bloque Oriental. Además de esas víctimas de minas, la JEP recogió el caso de María Cristina Martínez Meléndez, una joven del pueblo Jiw, que murió en la vereda Barranco Ceiba, en San José del Guaviare (Guaviare) el 15 de octubre de 2008.
La imputación sostiene que la comunidad tuvo que trasladas su cuerpo hasta otra vereda a varios kilómetros para solicitar ayuda del Ejército. Posteriormente fue llevada a Mapiripán (Meta), a tres horas en carretera, donde fue sepultada. Durante su comparecencia ante la JEP, Ferney Maldonado Madrid, antiguo excomandante de una compañía del Frente 44, reconoció que el explosivo había sido instalado por hombres bajo su mando. Su declaración pemritió establecer una responsabilidad concreta sobre un crimen que también ilustra el peligro al que quedaron expuestas las comunidades indígenas que habitan territorios disputados desde el punto de vista militar. Para los Nükak, uno de los pueblos indígenas más vulnerables de la Amazonía, la guerra significó perder la posibilidad de recorrer libremente su propio territorio.
En esa vía, la JEP documentó que intetrantes de las Farc instalaron minas antipersonal en lugares como Barranco Colorado, por donde tradicionalmente se desplazan las familiar para cazar, pescar y recolectar alimentos. Los explosivos provocaron miedo y restringieron el acceso a espacios indispensables para su supervivencia. Algo semejante ocurrió con el pueblo Jiw, cuyas comunidades de Laguna Flauta y La Rompida fueron desplazadas progresivamente entre 2003 y 2008. Las familias no solo perdieron sus viviendas, sino también los lugares donde desarrollaban su vida comunitaria y trasmitían sus conocimientos ancestrales. Además, explicó la jurisdicción, la destrucción también alcanzó los ríos.
(Lea también: Una menor y tres señalados disidentes de alias “Calarcá” murieron en bombardeo en Catatumbo)
En Putumayo, las reiteradas voladuras del oleoductos Orito-San Miguel por parte de las Farc provocaron derrames de petróleo que contaminaron el río Luzón, fundamental para las comunidades del resguardo Tëntëya. Sus habitantes utilizaban esas aguas para pescar, bañarse y desarrollar actividades cotidianas. Los ataques afectaron también su relación espiritual con el territorio, que para ese pueblo constituye un espacio vivo habitado por fauna. En el resguardo Buenavista, la sabedora María Eloísa Yaiguaje Payaguaje murió al activar una mina cuando se dirigía a pescar. En ese contexto, la JEP concluyó que la violencia destruyó mucho más que bienes materiales: comprometió las condiciones de existencia de estas comunidades.
La imputación de la JEP se conoce en medio de las polémica por el recorte a su presupuesto. Por su parte, el presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, señaló: “Esta es una decisión inédita en la justicia en lo que tiene que ver con la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Pero especialmente en lo relacionado con las afectaciones al medio ambiente, en una región que resulta vital para la subsistencia y el equilibrio del planeta”. Con la imputación, la justicia transicional atribuyó responsabilidades por crímenes de guerra y de lesa humanidad y reconoció que los daños no terminaron con la muerte o el desplazamiento. En muchos casos permanecen en comunidades que perdieron autoridades, conocimientos, lugares sagrados y formas tradicionales de subsistencia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más
-
Alberto(68074)•14 de octubre de 2026 – 02:23Y que sacamos con tantas verdades a medias de las FARC, y la reparación a los pueblos indígenas quedan en veremos, es frustrante toda esa realidad
