Un informe consolidado por el Empalme Anticorrupción del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció presuntos hechos de corrupción por más de COP 370.000 millones en diferentes procesos.
Las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.
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Dentro de los hallazgos del equipo de empalme resalta un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec. “El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a COP 20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército”, se lee en un comunicado publicado por el equipo.
Otro de los casos que investigó el gobierno entrante fue una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por COP 24.800 millones. Según detalla el comunicado, el contrato se habría adjudicado pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección.
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Por otro lado, sobre Cenit, filial de Ecopetrol, el equipo anticorrupción detalló que se entregaron nuevos elementos sobre un contrato jurídico cercano a COP 23.000 millones.
A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo reiteró que “continuará entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”.
Ese mismo equipo de empalme anticorrupción radicó el pasado 17 de julio cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos de entidades del Estado. Uno de los procesos tiene que ver con Colombia Compra Eficiente por un valor de COP 300.000 millones para la selección de proveedores de ciberseguridad.
Otras dos denuncias están relacionadas con el ICBF. Según el equipo de empalme se habría suscrito un convenio por más de COP 6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en Chocó. La cuarta denuncia tiene que ver con la empresa Electrohuila por una presunta reforma estatutaria diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa, según el informe del equipo de empalme.
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