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Las investigaciones por la polémica fiesta vallenata en la cárcel La Paz, de Itagüí (Antioquia), avanzan en la Procuraduría General de la Nación. Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario aceptaron su responsabilidad por omisiones que permitieron que se realizara la fiesta en la que participó el cantante Nelson Velásquez.
Según detalló el Ministerio Público, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez se acogieron al beneficio de confesión tras reconocer que omitieron las anotaciones y registros que debían hacer en los libros del centro penitenciario ese 8 de abril de 2026 cuando se realizó la fiesta vallenata en la cárcel.
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Tras acogerse a ese beneficio, los funcionarios podrán lograr una reducción de hasta el 50 % de la sanción que se llegara a imponer tras las investigaciones. El caso disciplinario pasará a la etapa de juzgamiento y en un plazo máximo de 45 días se espera conocer la sanción de la Procuraduría que puede ir desde la destitución hasta la suspensión.
“Las investigaciones sobre la realización del evento continúan para establecer responsabilidades adicionales y aclarar las condiciones en que se habría permitido el ingreso y la celebración dentro del centro de reclusión”, detalló el Ministerio Público.
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Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando, según la Procuraduría, se habrían omitido los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que ingresó al establecimiento penitenciario. Además, se investiga un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial.
El pasado 14 de abril, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar por estos mismos hechos. El proceso se inició, en principio, para determinar la posible responsabilidad de funcionarios del Inpec por el delito de prevaricato por omisión. No obstante, el ente acusador no descarta la eventual configuración de otros delitos relacionados con presuntos hechos de corrupción al interior del penal.
La situación generó especial controversia debido a que la cárcel La Paz de Itagüí alberga a varios de los denominados gestores de paz vinculados a la estrategia de “paz urbana” del Gobierno, lo que abrió el debate sobre los beneficios y condiciones de reclusión de algunos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
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