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En medio de un proceso en curso contra Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó detalles de la banda La Terraza, que conoció siendo uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Ante los magistrados, Mancuso explicó que la Policía, el Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaban infiltrados plenamente por los paramilitares. Habló sobre la mano negra de los paramilitares en varios magnicidios, como el de Elsa Alvarado y Mario Calderón; Eduardo Umaña y Jaime Garzón.
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“Hubo permanente comunicación con el Ejército, la Policía y el DAS para poder conformar un grupo de autodefensas. Me explicó en esto que es bien importante: Un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de la sociedad que componían esas regiones. Necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible entrar. De ellos teníamos el resguardo para protegernos”, explicó Mancuso desde una cárcel en Atlanta (Estados Unidos), donde espera se resuelva su proceso de extradición a Colombia o a Italia, país del cual también ostenta nacionalidad.
El Tribunal de Medellín le sigue la pista a alias Don Berna, hoy extraditado en Estados Unidos por narcotráfico, por la mano criminal de La Terraza, temible banda de delincuencia conformada por las Auc, el Cartel de Medellín y la Oficina de Envigado, que todavía delinque en Antioquia, y que fue liderada por Don Berna. La audiencia estaba relacionada con los magnicidios y crímenes de lesa humanidad atribuidos al grupo, como el asesinato del mítico comediante Jaime Garzón, cuya vida fue silenciada el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. El exdirector del Das, José Miguel Narváez, paga una condena de 26 años de prisión por determinar el asesinato en asociación con La Terraza.
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De hecho, ese fue uno de los primeros interrogantes por los que se le cuestionó a Mancuso, quien fue citado por petición del mismo Don Berna. “¿Cómo se tomaban esas decisiones de matar Eduardo Umaña, Elsa y Mario, Jaime Garzón, Jesús María Valle?”, preguntó uno de los magistrados. Así respondió el exjefe paramilitar: “Eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”. Según Mancuso, personas como Narváez daba información sobre personas que debían ser “dadas de baja” e, incluso, llegaba a territorio paramilitar con listados de personas cuya muerte estaba planeada.
Kimy Pernía Domicó. Ese fue uno de los nombres que relacionaron los magistrados en la audiencia. Se trataba del más importante miembro de la comunidad indígena Embera Katío, desaparecido en Córdoba el 2 de junio de 2001 por ordenes de Carlos Castaño, otro de los máximos jefes de las AUC. Según Mancuso, Pernía Domicó habría sido estigmatizado por las Fuerzas Militares, mostrándolo como un guerrillero perteneciente a las estructuras ideológicas de las Farc en esa región. Según Mancuso, los militares estaban en desacuerdo con la férrea oposición del indígena al megaproyecto de la Represa Urrá, que desvió el río Sinú en 1995.
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Y no solo eso. También denunció que altos mandos tendrían aversión a colectivos de abogados y defensores de DD. HH. “A nosotros Narváez nos llegaba con información muy clara y muy precisa del colectivo José Alvear Restrepo y de varios colectivos de abogados, señalándolos de que eran el brazo jurídico de la guerrilla. Y bueno, afortunadamente nosotros investigábamos y nos dimos cuenta que no todo esto era cierto. El comandante Castaño empezó a tener prevenciones con todos estos hechos, sobre todo por Jaime Garzón y Kimy Pernía Domicó. Él vio el error enorme de las AUC cuando nos préstamos para ejecutar estas acciones para las Fuerzas Militares”, dijo.
Mancuso aseguró que los altos mandos de las Fuerzas Militares estaban contactados con él, con Carlos Castaño y con el mismo Don Berna. El exparamilitar explicó que podría dar centenares de nombres, pero en la cárcel donde está no le permiten los accesos a su computadora. “No lo tengo a la mano. Aquí no me permiten los accesos. Tengo muchos nombres, pero no nos han permitido reconstruir todo. Para eso fue la extradición nuestra para que no alcanzáramos a reconstruir todas estas cosas”, explicó. En otro de los interrogantes, por ejemplo, confirmó que durante 2003 inició y lideró el proceso de desmovilización de las AUC, durante el primero gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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“La Fiscalía hace parte del ejecutivo, el fiscal general es ternado por el presidente. Por eso cualquiera de los tres de la terna es de las entrañas del presidente y hace lo que el presidente le pide. Así que cuando uno es juez y parte en un conflicto interno armado como este y quiere evadir responsabilidades, pone todo el aparato que está en manos de ellos para evitar que eso se dé. Eso incluye en colocar fiscal afecto a la causa, compra de testigos, amenaza de testigos, testigos falsos, creación de pruebas, destrucción de pruebas. Lo que ven permanentemente en el país”, explicó sobre una presunta estrategia del Estado para desviar procesos penales en contra del Ejército.
En cuanto al asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, perpetrado el 18 de abril de 1998 en su oficina en el noroccidente de Bogotá, Salvatore Mancuso aseguró que no tiene conocimiento del crimen, pero seguramente alias Don Berna sí, dado que tres sicarios de La Terraza lo ejecutaron cuando el narcotraficante estaba a cargo del grupo. Umaña Mendoza era un reconocido defensor de derechos humanos, quien fundó varias organizaciones y denunció, entre los 70′s y los 90′s, crímenes de Estado en los que habrían participado miembros de la Fuerza Pública. “Supe que era defensor”, fue lo único que respondió Mancuso.