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8 Dec 2021 - 12:22 a. m.

‘Es de países autoritarios’: Reporteros Sin Fronteras sobre polémica en la Cámara

El Espectador habló con organizaciones que defienden la libertad de prensa sobre el polémico proyecto aprobado en la Cámara que restringiría la acción de los medios de comunicación ante los funcionarios públicos, entre ellos congresistas. Conozca el ABC de la polémica.
Director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Emmanuel Colombié.
Director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Emmanuel Colombié.
Foto: EFE/Madla Hartz

La Cámara de Representantes aprobó la inclusión de un artículo a un proyecto de ley el cual, según distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa, es a todas luces desproporcionado y buscaría la censura de medios de comunicación. Los representantes aprobaron la posibilidad de endurecer penas a quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios públicos, entre ellos justamente congresistas. Sin embargo, no todo está dicho en esa discusión.

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¿Qué aprobó la Cámara de Representantes?

Con 67 votos en contra y 51 a favor, la Cámara defendió la inclusión de un artículo al proyecto de ley 369 de 2021 de Cámara y 341 del Senado, presentado por el partido Cambio Radical. Se trata del proyecto por medio del cual se “adoptan medidas en materia de trasparencia, prevención y lucha contra la corrupción”. De acuerdo con la organización defensora de la libertad de prensa El Veinte, “establece restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión”.

¿Cuáles serían los cambios?

Según el proyecto, se añadiría un literal al artículo 221 del Código Penal, el cual penaliza a todo colombiano que incurra en el delito de calumnia. Con la adición, se crean penas de cinco a diez años de prisión para quien incurra en ese delito contra funcionarios y exfuncionarios públicos. Además, si una organización comunitaria está envuelta en la denuncia, podrá perder su personería jurídica.

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¿El proyecto es un hecho?

No. Resta la conciliación entre el Senado y la Cámara. Además, para que sea una realidad el proyecto deberá ser firmado por el presidente Iván Duque. Luego de ello, queda una última instancia, en la cual un ciudadano puedede demandar que tal cambio no es ajustado a la Constitución, ante la Corte Constitucional. “Cualquier persona puede demandar la norma. Podríamos presentar una demanda apenas sea ley”, le dijo a este diario el abogado Emmanuel Vargas, representante de El Veinte.

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“Yo creo que los congresistas han demostrado una y otra vez que no les gusta la crítica, la denuncia pública y la libertad de expresión, porque tienen muchas cosas que esconder. En lugar de tener congresistas que promueven el debate público sobre sus críticas, porque están seguros de que tienen cómo responder, lo que están buscando es silenciar a las personas para que no se descubran las cosas”, agregó Vargas.

¿Qué dice el ponente?

El representante César Lorduy, de Cambio Radical, salió en defensa del artículo. Explicó que uno de los puntos básicos del proyecto es aumentar la información de calidad y que sirva de sustento probatorio. Busca que no existan señalamientos falsos contra funcionarios y exfuncionarios. Agregó que la percepción de corrupción sobre el Congreso se debe a este tipo de críticas.

¿Cómo reaccionaron otras organizaciones?

Emmanuel Colombié, director regional de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, aseguró sentirse preocupado por la posible inclusión del artículo. “En los últimos años, nunca habíamos visto una disposición tan agresiva contra la libertad de prensa. Esto pasa en Venezuela y Nicaragua, países autoritarios, con un discurso público tóxico contra la prensa. Estos proyectos son utilizados como instrumentos de silenciamiento de la prensa crítica. Si aceptamos esas disposiciones legales significará que tendremos cada vez menos periodismo independiente”.

Además, denunció que “los principales agresores de los periodistas son los representantes del Estado”. Colombié, al igual que Vargas, señaló que en el sistema interamericano de derechos humanos, del cual Colombia hace parte, está prohibido que se use el derecho penal para proteger el honor de los funcionarios públicos. “Nuestro temor es que este artículo sea una herramienta de censura en el país”, concluyó.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió un comunicado conjunto en el cual solicitó el retiro del proyecto y, en caso de ser incluido, que el presidente Duque lo objete parcialmente. “Cuando los y las periodistas están frente al riesgo de ser sancionados penalmente, tienden a autocensurarse, afectando gravemente el libre flujo de información en una sociedad democrática”, dio a conocer la Flip. La petición fue firmada en conjunto con Asomedios, Consejo de Redacción, Fescol, Fundación Karisma, Fundación Gabo y la Asociación Colombiana de Medios Informativos, entre otros.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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