Escándalo de corrupción sacude a las Fuerzas Militares

La esperanza de que avancen las denuncias por corrupción en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) está en manos de la Procuraduría. Este domingo, la revista Semana publicó una segunda parte de la investigación que viene realizando desde hace varios meses, cuya primera parte fue divulgada en diciembre del año pasado. Según este medio, argumentando gastos reservados y de seguridad nacional, miles de millones de pesos del CGFM habría terminado en los bolsillos de suboficiales, oficiales e incluso generales de la República.

De acuerdo con la publicación de este domingo, entre 2013 y 2017, la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) recolectó más de $20.000 millones a través de cuatro compañías de ciberdefensa y ciberataque llamadas Huila, Neiva, Espinal y Villavicencio. Ese dinero iba para un fondo al que bautizaron “El ahorro”, del cual, aparecer, salieron los recursos para bolsillos privados.

Al parecer, este esquema de corrupción se aprovechó de la dinámica para recolectar información en la que se basa el trabajo de inteligencia: las fuentes humanas. Y el ejemplo fue el caso de un capitán llamado Harold Parra, quien sería un hombre de confianza del general (r) Martín Nieto, uno de los cinco oficiales que apoyó al Gobierno en las negociaciones de La Habana mientras estaban activos.

(También le puede interesar: ¿Qué hay detrás de las maniobras militares conjuntas en la Amazonia?)

Parra, señala la investigación periodística, reclutaba fuentes humanas con una capacidad tan asombrosa que al final resultó sospechosa. Para entender esto cómo funcionaba, la revista menciona que una vez el oficial Parra dijo que había “reclutado” como fuente a la hija de un militar venezolano, a la cual se le giraban, supuestamente, entre $10 y $15 millones cada vez que aportaba información. “Con el tiempo se comprobó que la fuente no existía y que presentaba solo documentos que un ‘hacker’ amigo suyo conseguía en internet”, dice Semana.

Esta no es la primera vez que los gastos reservados de las Fuerzas Militares son cuestionados. Cuando se destapó el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, se descubrió que uno de los patrones en estos crímenes era que se falseaban los pagos a fuentes humanas, los cuales se hacían vía gastos reservados: por lo general, se comprobaba que se habían falsificado las firmas de las presuntas fuentes y que esas personas ni siquiera conocían a los militares a los cuales, se suponía, les habían entregado información tan valiosa que el Estado debía pagar por ella.

Una de las denuncias más graves dentro de la investigación de Semana es que hay varios altos oficiales involucrados en el desfalco de “El ahorro”, que pedían decenas de millones de pesos cuando tenían que hacer viajes en representación del Estado o que hasta pedían una especie de recolecta mensual para su escolta. Es decir, exigían dinero para rubros que el propio Estado cubre. Y lo peor, luego se legalizaban para que los organismos de control no detectaran el fraude.

Los generales en retiro que salen comprometidos con la publicación son Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares, y Martín Nieto. Rodríguez, asegura Semana, autorizó un viaje con plata de “El ahorro” para que miembros de inteligencia fueran a Las Vegas y compraran unos aparatos llamados “piñas”, para contrarrestar los tuits que había emitido José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, alertando que algunos oficiales -entre ellos Rodríguez- estaban en el radar de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los tuits a los que se refiere semana fueron publicados el 9 de julio de 2017, a raíz de un reportaje divulgado ese mismo día por El Espectador en el cual se confirmaba que la Fiscalía de la CPI había pedido información precisa a Colombia sobre 29 generales y coroneles, cuyas unidades militares se habían visto comprometidas en casos de ejecuciones extrajudiciales. Según Semana, a finales de julio de ese año se autorizó que miembros de inteligencia militar viajaran a comprar “piñas”, con las cuales se engañan a usuarios de redes de wifi y se puede acceder a su información.

Los dispositivos, se supone, servirían para trabajar desde las redes sociales en una estrategia en contra de los tuits de Vivanco. Los aparatos, cuenta la revista, se facturaron por $20 millones cada uno, a pesar de que habían costado entre US$50 y US$100 (de $150.000 a $300.000). Y lo más grave, nunca se usaron para labores de inteligencia justificadas, sino “para monitorear a altos oficiales de diferentes Fuerzas, miembros del propio gobierno y algunos políticos”.

Los generales (r) Rodríguez -desde Corea, donde fue nombrado embajador- y Nieto negaron cualquier vínculo con esta red de corrupción que se tejió en las Fuerzas Militares. “Es una investigación basada en una hipótesis peligrosa, según la cual hay una gran organización de inteligencia dedicada a hacerles inteligencia a fiscales, generales y políticos. Y eso es falso”, le dijo el general (r) Rodríguez a Semana.

Nieto, por su parte, señaló que su trabajo estaba enfocado en lo táctico y lo estratégico, que todo lo que se maneja en las Fuerzas Militares tiene trazabilidad y es escudriñado por Inspección General y Contraloría, y que esta no sería la primera vez si terceros usan su nombre para cometer irregularidades. “No es la primera vez que me pasa, incluso con otras cosas”, le dijo el general (r) Nieto a Semana.

El caso está en manos de la Procuraduría, que según la publicación de hoy “ha sido muy diligente y tiene identificadas al menos a 18 personas relacionadas con estos hechos. Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público ha recolectado importantes evidencias que le permitirán anunciar las primeras decisiones sobre este caso en los próximos días”.

Vea la publicación de la revista Semana en este link.

La esperanza de que avancen las denuncias por corrupción en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) está en manos de la Procuraduría. Este domingo, la revista Semana publicó una segunda parte de la investigación que viene realizando desde hace varios meses, cuya primera parte fue divulgada en diciembre del año pasado. Según este medio, argumentando gastos reservados y de seguridad nacional, miles de millones de pesos del CGFM habría terminado en los bolsillos de suboficiales, oficiales e incluso generales de la República.

De acuerdo con la publicación de este domingo, entre 2013 y 2017, la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) recolectó más de $20.000 millones a través de cuatro compañías de ciberdefensa y ciberataque llamadas Huila, Neiva, Espinal y Villavicencio. Ese dinero iba para un fondo al que bautizaron “El ahorro”, del cual, aparecer, salieron los recursos para bolsillos privados.

Al parecer, este esquema de corrupción se aprovechó de la dinámica para recolectar información en la que se basa el trabajo de inteligencia: las fuentes humanas. Y el ejemplo fue el caso de un capitán llamado Harold Parra, quien sería un hombre de confianza del general (r) Martín Nieto, uno de los cinco oficiales que apoyó al Gobierno en las negociaciones de La Habana mientras estaban activos.

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Parra, señala la investigación periodística, reclutaba fuentes humanas con una capacidad tan asombrosa que al final resultó sospechosa. Para entender esto cómo funcionaba, la revista menciona que una vez el oficial Parra dijo que había “reclutado” como fuente a la hija de un militar venezolano, a la cual se le giraban, supuestamente, entre $10 y $15 millones cada vez que aportaba información. “Con el tiempo se comprobó que la fuente no existía y que presentaba solo documentos que un ‘hacker’ amigo suyo conseguía en internet”, dice Semana.

Esta no es la primera vez que los gastos reservados de las Fuerzas Militares son cuestionados. Cuando se destapó el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, se descubrió que uno de los patrones en estos crímenes era que se falseaban los pagos a fuentes humanas, los cuales se hacían vía gastos reservados: por lo general, se comprobaba que se habían falsificado las firmas de las presuntas fuentes y que esas personas ni siquiera conocían a los militares a los cuales, se suponía, les habían entregado información tan valiosa que el Estado debía pagar por ella.

Una de las denuncias más graves dentro de la investigación de Semana es que hay varios altos oficiales involucrados en el desfalco de “El ahorro”, que pedían decenas de millones de pesos cuando tenían que hacer viajes en representación del Estado o que hasta pedían una especie de recolecta mensual para su escolta. Es decir, exigían dinero para rubros que el propio Estado cubre. Y lo peor, luego se legalizaban para que los organismos de control no detectaran el fraude.

Los generales en retiro que salen comprometidos con la publicación son Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares, y Martín Nieto. Rodríguez, asegura Semana, autorizó un viaje con plata de “El ahorro” para que miembros de inteligencia fueran a Las Vegas y compraran unos aparatos llamados “piñas”, para contrarrestar los tuits que había emitido José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, alertando que algunos oficiales -entre ellos Rodríguez- estaban en el radar de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los tuits a los que se refiere semana fueron publicados el 9 de julio de 2017, a raíz de un reportaje divulgado ese mismo día por El Espectador en el cual se confirmaba que la Fiscalía de la CPI había pedido información precisa a Colombia sobre 29 generales y coroneles, cuyas unidades militares se habían visto comprometidas en casos de ejecuciones extrajudiciales. Según Semana, a finales de julio de ese año se autorizó que miembros de inteligencia militar viajaran a comprar “piñas”, con las cuales se engañan a usuarios de redes de wifi y se puede acceder a su información.

Los dispositivos, se supone, servirían para trabajar desde las redes sociales en una estrategia en contra de los tuits de Vivanco. Los aparatos, cuenta la revista, se facturaron por $20 millones cada uno, a pesar de que habían costado entre US$50 y US$100 (de $150.000 a $300.000). Y lo más grave, nunca se usaron para labores de inteligencia justificadas, sino “para monitorear a altos oficiales de diferentes Fuerzas, miembros del propio gobierno y algunos políticos”.

Los generales (r) Rodríguez -desde Corea, donde fue nombrado embajador- y Nieto negaron cualquier vínculo con esta red de corrupción que se tejió en las Fuerzas Militares. “Es una investigación basada en una hipótesis peligrosa, según la cual hay una gran organización de inteligencia dedicada a hacerles inteligencia a fiscales, generales y políticos. Y eso es falso”, le dijo el general (r) Rodríguez a Semana.

Nieto, por su parte, señaló que su trabajo estaba enfocado en lo táctico y lo estratégico, que todo lo que se maneja en las Fuerzas Militares tiene trazabilidad y es escudriñado por Inspección General y Contraloría, y que esta no sería la primera vez si terceros usan su nombre para cometer irregularidades. “No es la primera vez que me pasa, incluso con otras cosas”, le dijo el general (r) Nieto a Semana.

El caso está en manos de la Procuraduría, que según la publicación de hoy “ha sido muy diligente y tiene identificadas al menos a 18 personas relacionadas con estos hechos. Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público ha recolectado importantes evidencias que le permitirán anunciar las primeras decisiones sobre este caso en los próximos días”.

Vea la publicación de la revista Semana en este link.