El 2026 en Colombia arranca con una ambiciosa estrategia en materia de seguridad y defensa nacional. El Ministerio de Defensa liderará un proyecto llamado: Escudo Nacional Anti Drones, que tiene como objetivo principal garantizar la protección de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública. La inversión para esta iniciativa, que estará a cargo del ministro Pedro Sánchez, es de más de COP 6.2 billones.
Además de seguridad, el proyecto busca defender la nación de la ofensiva que han implementado los grupos armados ilegales a través del manejo de drones. Con esta iniciativa se pretende garantizar el control del espacio aéreo y evitar las perdidas de vidas humanas. Para este primer año, el presidente Gustavo Petro logró el desembolso de COP 1 billón para su desarrollo debido a la importancia estratégica del proyecto.
Lea también: Helicópteros MI-17: dinero recuperado, pero mantenimientos en suspenso
En ese contexto, la iniciativa cuenta con equipo multi disciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su conocimiento operacional, operativo y su experticia para desarrollar y validar todas las especificaciones técnicas de esta herramienta. Además, tendrán el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, así como de una empresa especializada en contratación estatal.
“Este proyecto estratégico para la seguridad nacional tendrá diferentes criterios básicos, como la contratación, que será de Gobierno o Estado a la Empresa, pero con acompañamiento del país o del Estado al cual pertenece ese fabricante. Así mismo, la negociación se realizará con los productores o con los representantes legales directos de cada una de las compañías”, detalló el Mindefensa.
Le puede interesar: Abandono estatal, crisis humanitaria y estructuras criminales: alertas de la CIDH para 2026
Según explicó el Ministerio, la iniciativa tendrá condiciones iniciales para no aceptar ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras. Así mismo, quien oferte y sea elegido, deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos mismos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
