España, Colombia y Panamá investigarán compra de Inassa
El grupo conjunto de investigación surgió en el viaje a Colombia, Panamá y República Dominicana, que realizaron, entre el 16 y el 24 de abril, el juez Manuel García Castellón, la fiscal del caso y un miembro del grupo policial de investigación para avanzar en las investigaciones.
Redacción Judicial con información de EFE
La Fiscalía española anunció este jueves la constitución de un equipo de investigación, con las autoridades de Colombia y Panamá, sobre la compra de la empresa Inassa, filial de la española de aguas Canal de Isabel II. (Le podría interesar: Las claves para entender el caso Inassa)
La empresa pública de Madrid adquirió Inassa por US$73 millones en 2001, la convirtió en su filial y, a través de ella, llevó a cabo diferentes operaciones de compraventa de compañías en varios países como Brasil, Colombia, Panamá y la República Dominicana.
La investigación forma parte del conocido caso Lezo, proceso que en abril de 2017 fueron detenidas una docena de personas por los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
El juez considera que la cantidad pagada por Inassa pudo implicar "una sobrevaloración claramente perjudicial" para los intereses del Canal, y porque la operación se hizo a través de una "compleja estructura societaria" que contravino los acuerdos del consejo de administración del Canal y de la Comunidad Autónoma de Madrid. (Lea también: Caso Lezo: autoridades de España recogieron pruebas en Barranquilla)
La justicia de España está investigando a Alberto Ruiz-Gallardón por la compra de Inassa, cuando él era presidente regional de Madrid. Y otro antiguo presidente de Madrid, Ignacio González, está en libertad provisional.
El grupo conjunto de investigación surgió en el viaje a Colombia, Panamá y República Dominicana, que realizaron, entre el 16 y el 24 de abril, el juez Manuel García Castellón, la fiscal del caso y un miembro de la Unidad Central Operativa (grupo policial de investigación) para avanzar en las diversas comisiones expedidas a esos países.
Según un comunicado de la Fiscalía española, la comisión judicial mantuvo "diversas reuniones" con los fiscales encargados del cumplimiento de las referidas comisiones. Fueron recibidos por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y por el secretario general de la Procuraduría de Panamá, quien, en todo momento, "facilitaron la ejecución de la asistencia judicial solicitada". (Le sugerimos: Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inassa)
En el caso de Panamá, la Fiscalía española destacó, además, que fue "la primera vez que autoridades españolas se han desplazado y han participado en la ejecución de diligencias de requerimiento a sociedades panameñas, aportando sin restricción alguna toda la información que les ha sido solicitada".
Por todo ello, la Fiscalía agradeció la colaboración de esos países para agilizar las diligencias requeridas por las autoridades españolas. En especial, se resalta la prestada por Colombia y Panamá, países que no solo han facilitado toda la información requerida, sino que incluso han permitido "participar en diligencias de declaraciones y requerimientos documentales dirigidos a distintas sociedades domiciliadas en sus países". (Lea: Caso Lezo: autoridades de España recogieron pruebas en Barranquilla)
La Fiscalía española anunció este jueves la constitución de un equipo de investigación, con las autoridades de Colombia y Panamá, sobre la compra de la empresa Inassa, filial de la española de aguas Canal de Isabel II. (Le podría interesar: Las claves para entender el caso Inassa)
La empresa pública de Madrid adquirió Inassa por US$73 millones en 2001, la convirtió en su filial y, a través de ella, llevó a cabo diferentes operaciones de compraventa de compañías en varios países como Brasil, Colombia, Panamá y la República Dominicana.
La investigación forma parte del conocido caso Lezo, proceso que en abril de 2017 fueron detenidas una docena de personas por los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
El juez considera que la cantidad pagada por Inassa pudo implicar "una sobrevaloración claramente perjudicial" para los intereses del Canal, y porque la operación se hizo a través de una "compleja estructura societaria" que contravino los acuerdos del consejo de administración del Canal y de la Comunidad Autónoma de Madrid. (Lea también: Caso Lezo: autoridades de España recogieron pruebas en Barranquilla)
La justicia de España está investigando a Alberto Ruiz-Gallardón por la compra de Inassa, cuando él era presidente regional de Madrid. Y otro antiguo presidente de Madrid, Ignacio González, está en libertad provisional.
El grupo conjunto de investigación surgió en el viaje a Colombia, Panamá y República Dominicana, que realizaron, entre el 16 y el 24 de abril, el juez Manuel García Castellón, la fiscal del caso y un miembro de la Unidad Central Operativa (grupo policial de investigación) para avanzar en las diversas comisiones expedidas a esos países.
Según un comunicado de la Fiscalía española, la comisión judicial mantuvo "diversas reuniones" con los fiscales encargados del cumplimiento de las referidas comisiones. Fueron recibidos por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y por el secretario general de la Procuraduría de Panamá, quien, en todo momento, "facilitaron la ejecución de la asistencia judicial solicitada". (Le sugerimos: Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inassa)
En el caso de Panamá, la Fiscalía española destacó, además, que fue "la primera vez que autoridades españolas se han desplazado y han participado en la ejecución de diligencias de requerimiento a sociedades panameñas, aportando sin restricción alguna toda la información que les ha sido solicitada".
Por todo ello, la Fiscalía agradeció la colaboración de esos países para agilizar las diligencias requeridas por las autoridades españolas. En especial, se resalta la prestada por Colombia y Panamá, países que no solo han facilitado toda la información requerida, sino que incluso han permitido "participar en diligencias de declaraciones y requerimientos documentales dirigidos a distintas sociedades domiciliadas en sus países". (Lea: Caso Lezo: autoridades de España recogieron pruebas en Barranquilla)