Esperanzados que murieron hace 20 años en La Chinita

Hace dos décadas, hombres armados –al parecer de las Farc- irrumpieron en el barrio obrero de Urabá y asesinaron a 35 personas.

Catalina González Navarro
22 de enero de 2014 - 08:46 p. m.
Imágenes del concurrido sepelio de las víctimas de la masacre perpetrada en la madurgada del 23 de enero de 1994. /Archivo
Imágenes del concurrido sepelio de las víctimas de la masacre perpetrada en la madurgada del 23 de enero de 1994. /Archivo

Comenzaba 1994 y con él las preocupaciones para comprar los útiles escolares de los niños del barrio La Chinita, un asentamiento obrero en Apartadó, Urabá antioqueño. Aquella zona del Caribe colombiano que ha estado en el olvido, donde la presencia de las autoridades por aquel entonces era poca, tierra que para la época se disputaban la guerrilla (Farc, Epl y hasta el M-19 hacían presencia en la región) y los paramilitares del clan Castaño Gil. Y cómo no, si este es uno de los principales corredores del narcotráfico del país. Un lugar que vio a caer a propios y a visitantes en una lucha de poderes entre los grupos al margen de la ley, que siempre han querido sacar provecho ilegal a los corredores naturales que comunican con las costas del país.

Bajo esas circunstancias y con la premura de cumplir con las obligaciones en las escuelas, varias familias crearon una iniciativa para recoger dinero y así comprar los útiles escolares. Organizaron una fiesta para la noche del sábado 22 de enero de 1994, alistaron un equipo de sonido grande y se reunieron muchas personas, al son de la música bailaron y tomaron hasta el día siguiente. A las 2:30 de la mañana del domingo 23 los sorprendió un grupo armado, tal y como lo atestiguaron dos jóvenes que muy pronto salieron del lugar en motocicleta. Ahí se produjeron los primeros disparos.

Sonaron uno tras otro, y algunos testigos que dicen que escucharon un grito: “no maten a las mujeres”. El saldo de la noche fueron 35 personas asesinadas, entre ellas una mujer y dos menores de edad. Luego corrió el rumor de que el propósito era atacar a determinadas personas que estaban en una lista, pero que el encuentro con los dos hombres de la moto cambió de manera precipitada la masacre. Y que esta sería una forma de retaliación de las Farc hacia los “esperanzados”, disidentes del Ejército Popular de Liberación que adoptaron el nombre de Esperanza, Paz y Libertad, y a quienes señalaban de recibir a integrantes de los grupos de comandos populares.
Esta madrugada de terror fue la muestra de un hecho de violencia generalizado en la zona, que llegó al barrio de invasión La Chinita, en donde vivían muchos bananeros y a donde por coincidencia habían llegado desmovilizados del Epl, grupo que para la época ya había alcanzado varias alcaldías en la región.

Los dos personajes de la moto en la entrada del barrio de Apartadó fueron a buscar a las autoridades y les contaron lo sucedido, pero solo hasta la mañana siguiente las autoridades vieron la realidad. Los cadáveres yacían en el suelo. A la semana siguiente fue una comisión de Derechos Humanos, conformada por siete organizaciones que ese mismo año publicaron en su informe que la responsabilidad moral de la masacre era del V Frente de las Farc.
Lucha de guerrillas

Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica y quien lideró la investigación de la masacre de La Chinita que se presentará a mediados de este año, conoce perfectamente la región del Urabá antioqueño que caracteriza como rica y con posibilidades de desarrollo pero con deformaciones en términos de equidad. Considera que esta es una de las zonas más ricas del país (hasta tiene área portuaria), pero llama la atención sobre una “alta degradación en las condiciones de vida” como consecuencia de la monopolización de la tierra bananera y ganadera en los años 70, hecho que afecta especialmente a campesinos e indígenas.

En la década de los 80 los habitantes del Urabá no contaban con garantías laborales y hasta se les prohibía pertenecer a las organizaciones sindicales. Y es que esta región ha vivido una historia de violencia en la que se ha evidenciado la poca presencia de Estado. En los años 60 el Epl dominaba la zona, y en los 70 llegaron las Farc, y en los 80 comenzaron a asentarse los paramilitares provenientes del Magdalena Medio. Y desde 1988 los grupos comandados por los hermanos Castaño, que trabajaban en alianza con los narcotraficantes de Córdoba. Para ese entonces, las guerrillas seguían sosteniendo intensas hostilidades con los grupos de autodefensas. Así que en 1990 llegó la XVII brigada pero, según Villarraga, la Fuerza Pública no logró ejercer autoridad.

Un año más tarde, en 1991, en el marco de las negociaciones del gobierno de César Gaviria con las guerrillas, el Epl tuvo mayor posicionamiento en el país, pues la reintegración de sus excombatientes hizo pensar que se daría la paz en la región. Sin embargo, las Farc ocuparon los terrenos que dejó el Epl y lograron ser el grupo más fuerte de la región. Atacaron a los dirigentes campesinos y sociales del Epl y los paramilitares comenzaron a delinquir desde el Norte de Urabá hasta llegar al eje bananero, haciendo que en 1992 se exacerbara la violencia.

Según Villarraga, entre 1993 y 1994 se dieron confrontaciones dobles. De un lado las Farc y una facción disidente del Epl, y del otro, el Ejército y los paramilitares, que luego se asociaron con una rama del Epl y conformaron los comandos populares.
Durante esos años la violencia se tornó mucho más política. La Chinita, el lugar de la masacre, estaba frente al barrio Policarpa, en donde vivían miembros de la exterminada Unión Patriótica. Las Farc atacaban a Esperanza, Paz y Libertad, mientras que los paramilitares disparaban simultáneamente contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista de la zona. Fueron realidades parecidas, su objetivo era acabar con aquellos que pensaran distinto. Mientras tanto, la Fuerza pública no puede contrarrestar las acciones de estos grupos. Y es que según la investigación del Centro de Memoria Histórica que se publicará en 2014, en menos de tres años se perpetraron 18 masacres, en las que silenciaron las voces de 300 integrantes del grupo político Esperanza, Paz y Libertad y 300 víctimas de la Unión Patriótica.

Así que en 1993 se reunieron todos los partidos políticos de la zona y realizaron un acuerdo de paz en el que pidieron que cesara la violencia. Como consecuencia de ello, desde Bogotá crearon la consejería Presidencial para el Urabá, dirigida por Jorge Noé Ríos, lo que representó establecer la presencia institucional en la región y que de esta manera se destinaran más recursos, logró mediar en los conflictos sindicales que estaban tan asentados.

La investigación

El proceso penal sobre la masacre se cayó en 2004 por violaciones al debido proceso, ya que encontraron la existencia de testimonios falsos, que habían sido preparados solo para las indagatorias.

El Grupo de Memoria Histórica realizó visitas a la región durante cuatro años, de tal manera que logró aproximarse al barrio obrero La Chinita y con la ayuda del grupo de investigadores de la Fundación Cultura Democrática (Fucude) realizaron talleres y acercamientos a la cotidianidad de la población y hablaron con 60 víctimas, la gran mayoría mujeres (viudas, hermanas) o hijos.

En la semana de la memoria de 2012 el Centro de Memoria Histórica presentó un informe con el contexto de la región, los actores del conflicto y donde permitieron que las víctimas hicieran una narración a favor de la memoria, en la que recordaron los hechos. Concluyeron, como se había dicho en 1994, que presuntamente el V frente de las Farc sería el responsable de aquella matanza del domingo 23 de enero que generó una estampida de desplazamiento hacia Córdoba y Chocó.

La Chinita de hoy

Dos décadas después de la masacre la comunidad de La Chinita, por medio de la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima) y la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, convocó a un acto de conmemoración. Quieren transmitir el mensaje: "Porque pueden más los sueños que los recuerdos", y mostrar cómo lograron organizarse y salir adelante pese a las huellas que la violencia dejó en la región.

Pues luego de la desmovilización del “Bloque bananero” y el “Élmer Cárdenas” subsisten grupos irregulares, como las Águilas Negras o los Urabeños que siguen ejerciendo un control territorial. “Tenemos reportes de presencia notable de los Urabeños. Las Farc se han debilitado, pero hacia el sur del Urabá aún está el frente 57”, concluyó Villarraga.

Por Catalina González Navarro

 

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