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14 Jul 2021 - 2:17 p. m.

‘Espero lealtad’: así hablaba el coronel Mejía de falsos positivos, según la JEP

El Espectador recopila apartes de las versiones libres que dieron uniformados que siguieron las órdenes del coronel en retiro Publio Hernán Mejía, cuando fue comandante del batallón La Popa del Ejército, en Valledupar, entre 2002 y 2003. Estos testimonios hacen parte de las pruebas de la JEP para imputarle a Mejía, quien quiere lanzarse a la Presidencia, al menos 70 “falsos positivos”.
El coronel (r) Hernán Mejía fue condenado en 2013 por alianzas con paramilitares.
El coronel (r) Hernán Mejía fue condenado en 2013 por alianzas con paramilitares.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene todo listo para imputarle cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad al coronel (r) del Ejército, Hernán Mejía, por hechos que habría cometido cuando fue comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre 2002 y 2003. Mejía está condenado desde septiembre de 2013 por haberse aliado con paramilitares del frente Mártires del Cacique Upar para mostrar resultados operacionales y, recientemente anunció que buscaría lanzarse a la Presidencia. Aunque en reiteradas instancias ha dicho ser inocente, esto fue lo que le dijeron sus subalternos a la justicia especial sobre el “rol esencial” que tuvo en los falsos positivos.

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Según la JEP, durante su comandancia se habrían cometido 75 asesinatos de civiles que fueron presentados como bajas en combate; además de numerosos delitos adicionales para ocultar la ilegalidad de sus operaciones, como falsedad en documento público, porte ilegal de armas, entre otros. “Haciendo uso del poder y de las formas legales del Batallón La Popa, Publio Hernán Mejía Gutiérrez implantó dentro de esta unidad táctica una organización criminal jerarquizada, en la que tuvo dominio de las personas que bajo su orientación y mando participaron en todas las etapas necesarias para asesinar a las víctimas y presentarlas como resultados operacionales legítimos”, señaló la Sala de Reconocimiento en la imputación de más de 300 páginas que conoció El Espectador.

(Lea aquí las claves de la imputación de la JEP por falsos positivos atribuidos al batallón La Popa)

Uno de los puntos fundamentales de la imputación es la relación que habría tenido el coronel en retiro con paramilitares. En concreto, con el comandante del frente Mártires del Cacique, David Hernández, alias 39. Al respecto, el jefe de estado mayor de La Popa, el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, le dijo a la JEP: “La primera conversación que tuve con el coronel Mejía fue en un monumento que tiene el batallón. Su presencia no intimidaba, sino que generaba respeto. Yo en ese momento dije: ‘Estoy aquí con uno de los oficiales de mostrar del Ejército’. Él textualmente no me manifestó su objetivo puntual de generar alianzas con las Autodefensas”.

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Y continuó: “¿Qué me dijo a mí? Me dijo: ‘Hernán, espero toda su lealtad’. Yo le dije: ‘mi coronel, claro que sí, vamos a trabajar’. Esa lealtad después pude entender yo, de acuerdo con lo que él nos comentaba, iba encaminada a generar, en cabeza de él, esas alianzas con ya grupos conformados y de los cuales teníamos conocimiento de Autodefensas, en sectores cercanos a Valledupar (…) yo supe de reuniones que él había tenido personalmente con quien para ese entonces era el cabecilla del grupo de Autodefensas que delinquía ahí en inmediaciones de Valledupar. Era un mayor del Ejército retirado, David Hernández, lo conocían con el alias de 39”.

Esa alianza con paramilitares, según encontró la Sala de Reconocimiento, le permitió al batallón La Popa, en cabeza de Mejía, entregar resultados operacionales a través del asesinato de civiles que eran presentados como muertos en combate. Eso ocurrió bajo cuatro modalidades: algunas víctimas fueron entregadas por las Auc a miembros del batallón; otras eran señaladas luego de que denominados “guías”, paramilitares, los señalaran de auxiliar a la guerrilla; también fueron asesinadas personas señaladas por la comunidad de haber cometido algún delito menor, como hurto; y, al parecer, fueron asesinados guerrilleros heridos que requerían atención o que se habían rendido.

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Otro militar implicado, Manuel Valentín Padilla, quien respondía al alias de Hugo, reconoció ante la JEP haber sido el puente entre el coronel (r) Mejía y 39. Sin embargo, dijo que, “casi siempre el señor Mejía ya estaba enterado de lo que me habían dicho (los paramilitares)”. Así funcionaban, según Hugo: “Mejía me llamaba al celular y me citaba a hablar de alguna actividad que necesitaba desarrollar o cuando yo le tenía información nos encontrábamos en algún lugar del centro de Valledupar y yo le entregaba la información o el me daba indicaciones (…)”. Aunque Mejía ha negado conocer a este uniformado, varios testigos dieron fe de su cercana relación.

En la comandancia del coronel (r) Publio Hernán Mejía, incluso, se crearon grupos especiales que se dedicaban a misiones tácticas, dice la JEP. En concreto dos que estaban en disponibilidad total en el batallón y que gozaban de privilegios como un alojamiento especial y vehículos particulares. Estas fueron: los pelotones Zarpazo y Trueno, que incluso fueron vistos patrullando de la mano de paramilitares en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Según la justicia especial, Zarpazo y Trueno, “tuvieron una contribución determinante en la comisión de estos hechos al ser usados como unidades específicamente dirigidas a la obtención de resultados ilegítimos”.

El sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, comandante del pelotón Zarpazo le dijo al respecto a la JEP: “Pues la verdad es que el Ejército en esa época no era enemigo de los paramilitares, en esa época al contrario, hacían operaciones conjuntas ¿sí? conjuntas… entonces no, pues la verdad yo no le vi problema en ese momento, porque era un grupo paramilitar, o sea era un grupo que se identificaba como de las autodefensas”. Otro comandante de Zarpazo, el subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, le dijo a la justicia especial que, incluso, era más fácil llegar con bajas que con capturados al batallón La Popa.

En el caso de una de las ejecuciones que llevó a cabo su grupo, Álvarez intentó justificarse diciendo que el capturado había confesado ser guerrillero, en estos términos: “yo al ver que la persona es un guerrillero, confesó que es guerrillero, por las circunstancias desde que teníamos el apoyo del coronel Mejía para hacer esto, obvio yo no iba a hacer algo de llevar una persona que estuviera en su casa viendo televisión y me lo llevo, venga y fui y lo maté, no, yo no pienso eso, pero, o sea, yo lo veía bien hecho desde el punto de vista de que la persona era de un grupo armado al margen de la ley”. A lo que agregó: “(…) era más fácil presentarlo a él y ganar el resultado operacional porque pues él era parte de la organización”.

El coronel (r) Mejía tendrá 30 días, una vez la JEP lo notifique de esta decisión, para reconocer estos hechos o rechazar la imputación. Si toma la primera vía, se vendría una audiencia de reconocimiento. De lo contrario, enfrentaría un juicio, muy parecido al penal ordinario, acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP).

En una entrevista realizada en La W Radio en 2018, el coronel (r) Publio Hernán Mejía sostuvo su inocencia y aseguró que en 40 años solo sirvió al país sin tacha alguna. Aunque el Ejército nunca explicó la decisión —discrecional— de llamar a calificar servicios a Mejía, sí es cierto que esa institución ha asegurado que la comisión de ejecuciones extrajudiciales fue producto de algunas “manzanas podridas” en las tropas y nunca por una orden institucional. Así lo reiteraron Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en sus respectivas presidencias. Cuando el escándalo estalló en 2008 con los “falsos positivos” de Soacha, fueron retirados 27 oficiales y se cerraron brigadas comprometidas.

A lo largo de la última década, el Ejército y los gobiernos a cargo han sido enfáticos en asegurar que los llamados “falsos positivos” nunca fueron una política institucional. A principios de febrero de este año quien era el comandante del Ejército cuando estalló este controversial asunto, el general (r) Mario Montoya, le dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz que estas ejecuciones extrajudiciales “nunca debieron haber sucedido y nunca deben repetirse”. En varias ocasiones, el Ejército ha tenido que pedir perdón tras orden de un juez y, ante la JEP, lo mismo han hecho antiguos militares que se han presentado a hablar sobre el tema.

Así anunció la JEP la imputación por los casos de Catatumbo:

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