Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por un error cometido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia “que confundió la figura de mandato con representación”, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 110 millones de pesos.
El caso en cuestión tiene que ver con los reconocimientos a los pagos en materia de honorarios a un abogado que trabajó en el proceso de liquidación de una empresa por parte del alto tribunal al confundir los términos jurídicos.
Ante esta situación en el proceso de revisión, el Consejo de Estado consideró que pese a que al abogado no se le confirió poder para presentar la solicitud de revocatoria directa de la resolución mediante la cual la Superintendencia Financiera multó a la empresa en liquidación, esto no significaba que careciera de poder para participar en ese pleito jurídico.
La Sala Tercera del tribunal contencioso administrativo explicó que la Sala Laboral incurrió en error de hecho, por la indebida apreciación de una prueba documental, pues existían evidencias del contrato suscrito entre las partes.
“Con ayuda de las teorías de la argumentación se puede determinar razonablemente en qué consiste un error judicial, porque las normas al respecto, que trae la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), no traen información ni pueden darla”, aclara uno de los apartes de la sentencia.
Conoce más
