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La defensa del exmagistrado Francisco Ricaurte hizo su última intervención en el juicio penal en el cual la Fiscalía lo acusa de ser miembro de una “empresa criminal” que negociaba fallos y tramites judiciales en la Corte Suprema de Justicia: el denominado cartel de la toga. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron que Ricaurte sea condenado a prisión por su supuesta participación en esa red de corrupción que torcía expedientes a favor de importantes políticos. Durante este 2 de marzo de 2021, bajo la representación de Juan Sebastián Fajardo, el exmagistrado argumentó porque su cliente es inocente.
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Primero, la Procuraduría terminó la intervención que empezó ayer, sosteniendo su concepto sobre la posible culpabilidad de Ricaurte: “las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una organización criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública”. Ricaurte, quien fue llamado a juicio en marzo de 2018, podría pagar una condena por los delitos de concierto para delinquir, cohecho -soborno- por dar u ofrecer y tráfico de influencias.
Luego de eso, tras una amplia intervención del Ministerio Público, en la cual adhirió a los argumentos de la Fiscalía, el abogado Fajardo inició sus alegatos explicando que ambas instituciones piden condenar a un inocente: “Este juicio ha sido solo un show mediático, solo ha sido un escándalo. Le pretenden dar validez a un falso testigo, experto en falsos testigos y experto en falsa persuasión, que ha venido a enlodar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia. Hay un pobre caudal probatorio de la Fiscalía. El gran ausente de este juicio es este -dijo señalando el escrito de acusación-, se les olvidó todo lo que habían dicho acá.
La defensa de Francisco Ricaurte alegó que la Fiscalía pudo haberse amparado en las “frases rimbombantes” de Luis Gustavo Moreno, cuyos testimonios “falsos” tendrían a por los menos tres exmagistrados en investigación (Ricaurte, Leónidas Bustos y Gustavo Malo). “Para las frases rimbombantes, para lo sonoro que resulta una ‘organización criminal’ que vendía fallos en la Corte Suprema, para eso sí despliegan armas (la Fiscalía). Pero para valorar la totalidad de la prueba, ahí sí no. Ahí sí se les cae la estantería al piso. Moreno es un testigo al que todo le olía mal, pero que no se había dado cuenta que hace rato había perdido el olfato”, dijo Fajardo.
Siguiendo con sus alegatos, la defensa de Ricaurte le dijo al juez que su cliente debe ser declarado inocente, entre otros argumentos, porque la supuesta “empresa criminal” garantizaba unos supuestos fallos que nunca se dieron. De acuerdo con el abogado Fajardo, no hay prueba que demuestre que la Corte Suprema de Justicia emitió decisiones a favor de los presuntos clientes de Luis Gustavo Moreno. De hecho, durante el juicio el funcionario Héctor Casanova, magistrado auxiliar de la Sala Penal de la alta corte, indicó que en ese despacho estaba prácticamente prohibido dejar que un caso prescribiera, es decir, que se perdieran las investigaciones por dilación en el proceso.
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A esa misma conclusión llegó el magistrado Rafael Calderón, auxiliar delegado para la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, quien el pasado 16 de diciembre aseguró que en su despacho nunca se ha extinguido un solo expediente. A sus testimonios adhirió el funcionario Rafael Montero, quien fue magistrado auxiliar en la oficina del togado Eugenio Fernández y apoyó temas de parapolítica durante 2015. De acuerdo con Montero, nunca escuchó de algún tipo de presión para incidir en los expedientes de los supuestos clientes de Luis Gustavo Moreno. El magistrado Leónidas Bustos, en su testimonio, aseguró también que era “celoso” con el tema de prescripción.
“Que a los medios de comunicación le han vendido que el cartel de la toga existía, puede ser, pero ninguna decisión se emitió. La feria de sentencias solo existía en la cabeza de Luis Gustavo Moreno. Lo único que quedó acreditado en este juicio es que la única corrupción se demuestra en el caso del magistrado auxiliar Camilo Ruiz”, explicó el abogado Juan Sebastián Fajardo. De acuerdo con la defensa de Ricaurte, el único rastro del actuar criminal del “inepto” cartel de la toga, cuyo único beneficiario habría sido Moreno, se encuentra en el caso de Camilo Ruiz, quien en febrero de año pasado aceptó su responsabilidad por interceder en dos procesos del despacho del magistrado Gustavo Malo.
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La apuesta de la Fiscalía
De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte habría conformado una empresa de abogados fachada, ubicada en la calle 82, en Bogotá, donde congresistas y altos funcionarios al parecer iban a negociar servicios ante la mismísima Corte Suprema de Justicia. La delegada del ente investigador, Claudia Vanegas, pidió durante sus alegatos finales que el juez le otorgue la mayor credibilidad al testimonio de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien está condenado, desde 2018, a 4 años y 10 meses de prisión, tras aceptar cargos como socio de la “empresa criminal” y someterse a ayudar a la justicia.
De acuerdo con la versión de Luis Gustavo Moreno, quien actualmente paga su condena en el Batallón de Artillería del norte de Bogotá, los socios del cartel de la toga usaron como fachada un bufete de abogados, el cual estaba conformado por él, Francisco Ricaurte y la exmagistrada Ruth Marina Díaz. “Ricaurte era la persona que mejor relación tenía con la parte política. Había terminado un periodo en la Corte Suprema, había adelantado unos años en la Judicatura. No sé, por su forma de ser, por su personalidad, no sé a qué se le pueda atribuir. Pero tenía muy buenas relaciones con la clase política y ya no era un secreto”.
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Moreno ha dicho, además, que su función era negociar con congresistas y altos funcionarios mejores condiciones ante la Corte Suprema de Justicia, despacho judicial que le adelanta investigaciones a los aforados en Colombia. La función de Ricaurte, según Moreno, era interceder ante magistrados de la Sala Penal de la misma alta corte, para lograr decisiones tales como preclusión del caso o tumbar ordenes de captura. Entre los togados mencionados en las investigaciones está Gustavo Malo, a quien Ricaurte se refiere como un “amigo de toda la vida” y quien actualmente está suspendido mientras las pesquisas se adelantan.
El exmagistrado Ricaurte, en medio de su ejercicio de defensa, ha explicado con firmeza que nunca tuvo una relación del todo amistosa con Luis Gustavo Moreno y que su proyecto profesional no estaba ligado a los clientes del exfiscal anticorrupción (aforados). Sin embargo, para la fiscalía tales “encontronazos” serían otra fachada de Ricaurte para eludir la acción de la justicia. Además, la fiscal Vanegas alegó que el acusado “quiere hacer ver que su relación con Moreno inició por iniciativa del exfiscal Anticorrupción. No solo en la forma en que se conocieron, sino porque a lo largo de su testimonio intentó ver sus reuniones como fruto de la casualidad, a veces de la supuesta habilidad de Moreno para aproximársele.
Uno de los clientes de la “empresa criminal”, por su parte, ya han aceptó ante la Fiscalía haber pagado $800 millones para que la Corte Suprema de Justicia le tumbara su expediente por parapolítica. Se trata del excongresista Álvaro Ashton, quien el 28 de enero de 2020 explicó como funcionaba el engranaje de corrupción. Por otro lado, el pasado 23 de febrero, el exabogado Luis Ignacio Lyons fue llamado por la Fiscalía, pues habría negociado $2.000 millones para que uno de sus antiguos clientes, el excongresista Musa Besaile, tuviera mejor fortuna en una investigación por parapolítica, que estaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo.