“Estos tipos no son monjas de la caridad, son torturadores”: Claudia Julieta Duque

La periodista Claudia Julieta Duque asegura que hay "una estrategia para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos en mi contra". / Archivo.

Después de casi 20 años, el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, torturada en 2001 por agentes del extinto DAS, se mantiene impune. Un panorama que parece que aún hoy está lejos de cambiar por las recientes decisiones judiciales que, por vencimiento de términos, dejaron en libertad a cuatro de los ocho exagentes investigados, tres de ellos en poco más de un año.

En 2001, Duque investigaba el asesinato del también periodista y comediante Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, y encontró pistas que podrían vincular a agentes del Estado con el crimen. Después de sus hallazgos, empezó a ser intimidada, mediante llamadas amenazante y coronas fúnebres que llegaban a su domicilio, hasta que fue secuestrada ese año durante unas horas. Solo hasta 2009 su caso empezó a ser investigado, luego de que estallara el escándalo de las "chuzadas" y seguimientos ilegales del DAS a periodistas, jueces y miembros de la oposición.

A pesar de que el proceso fue declarado de lesa humanidad, después de que esto pasara, en octubre de 2017, Duque, en diálogo con El Espectador, cuenta que el proceso se ralentizó. Dice que, por lo mismo, a finales de ese año y durante todo 2018, Néstor Javier Pachón, Ronal Rivera y Emiro Rojas (tres de los investigados) quedaron libres. Y el pasado 18 de enero, el Juzgado Segundo Penal de Bogotá dejó en libertad, por vencimiento de términos, al cuarto acusado: William Merchán.

Tales decisiones generaron el rechazo de la Fundación de Libertad de Prensa (FLIP) que, en un comunicado de prensa, hizo “un llamado para que los procesos avancen con diligencia y, de esta manera, evitar que se prolongue la impunidad en el caso de tortura contra la periodista”. También reprobó “las actuaciones de la Fiscalía al conceder la libertad de los sindicados”.

(Lea aquí: La más perseguida del DAS).

¿Qué sensación le deja que cuatro exagentes del DAS estén ahora en libertad por vencimiento de términos?

Para mí, es la demostración de que luchar por justicia en Colombia es arar en el desierto. Lo que concluyo es que hay una estrategia, que se empezó a forjar cuando el caso fue declarado de lesa humanidad en octubre de 2017, para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos en mi contra, que alguien dentro del poder decidió que ya era suficiente con la justicia que había obtenido.

En noviembre de 2017, la Fiscalía cerró la investigación contra Jorge Noguera (exdirector del DAS) por supuesta falta de pruebas, lo cual es un exabrupto. En diciembre de ese año dejaron en libertad al primero de los detenidos y durante 2018 estuvieron paralizados todos los juicios, al punto de que ya hoy no tenemos un solo detenido. Y por el otro lado, la sensación es que mi riesgo aumenta de forma exponencial, porque todos estos tipos no son monjas de la caridad, son torturadores.

¿Cómo podría afectar al proceso la libertad por vencimiento de términos de los cuatro exagentes?

El proceso ya quedó afectado, porque el derecho a la justicia no es solo identificar a los culpables, sino ser capaz de sancionarlos de manera expedita y que esas sanciones se cumplan. Ahora, con la libertad de estas personas, lo que tenemos es el riesgo —si hay un fallo a nuestro favor— de que no sea cumplido, porque los tipos pueden escapar. Ya tenemos en el caso prófugos, que las autoridades no han sido capaces de capturar.

¿Cree que la justicia no ha actuado de la forma debida en su expediente a propósito?

Para mí, es claro que hubo una decisión política de paralizar los casos y ahora vemos las consecuencias: todos los tipos libres y audiencias ralentizadas. Hubo un tiempo en el que hubo avances, de los cuales la propia Fiscalía se jactaba, diciendo que había roto la impunidad en los casos del DAS. Pero cuando lo declararon de lesa humanidad se paralizó. Solo se empezaron a mover de nuevo cuando mi hija y yo demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿En qué va la demanda que usted y su hija interpusieron el año pasado ante la CIDH?

Está en etapa de admisibilidad, todavía no hemos tenido respuesta. En el caso de la demanda contra el Estado en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de dar por cerrada la etapa probatoria y estamos en el tiempo para presentar alegatos de conclusión. Siendo optimista, espero que haya un fallo a final de este año, por lo menos en primera instancia.

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¿Qué decía la carta que envió su abogado a la jueza que lleva el caso?

La carta la enviamos a principios de enero y ella respondió la semana pasada. Mi abogado le escribió a la juez pidiéndole que, por favor, fallara, porque ya llevamos todo este tiempo sin sentencia.

¿Y ella qué respondió?

La jueza contestó que ella asumió el caso en septiembre del año pasado y que tiene muchísimo trabajo. Entonces, ¿mi caso qué es, parte de su tiempo libre, un hobbie? Yo comprendo que tenga mucho trabajo, pero el mío es parte de ese trabajo y no hay nada. Su respuesta es, básicamente, que ella empezó hace poco en el caso y tampoco, porque ya estamos en febrero.

¿Con la respuesta de la jueza, usted notó una falta de interés por parte de la jueza para darle celeridad a su caso?

Esta jueza es nueva. Como yo entiendo la situación, la jueza desconoce las directrices del propio Consejo Superior de la Judicatura, según las cuales, los procesos de graves violaciones a los derechos humanos deben tener prioridad, tanto en la justicia penal como en la administrativa. Cuando la jueza al caso le da una ruta ordinaria, lo que hace es desconocer su importancia.

¿El Estado sí le proporciona las herramientas necesarias para que esté segura?

Yo tengo un carro blindado y un acompañamiento de brigadas internacionales de paz. Esa es la seguridad que he solicitado. Pero siempre he insistido en que la seguridad solo puede ser realmente garantizada cuando haya justicia.

El año pasado llegó un anónimo al proceso que daría cuenta de quiénes serían los responsables de mi secuestro en 2001, y, dentro de las personas mencionadas, están el actual director del CTI de la Fiscalía y un funcionario activo de la UNP. Entonces sí, yo tengo un esquema de seguridad, pero no puedo decir que me siento segura, sabiendo que personajes que hoy están en cargos de poder en el Estado podrían estar involucrados en el secuestro, que se encuentra en total impunidad.

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¿Alguien le ha pedido perdón por los hechos ocurridos hace ya casi dos décadas?

Pues, varios de estos hombres, cuando han sido llamados a indagatoria, sí me han pedido perdón, uno de ellos, incluso, se arrodilló. Pero, para mí, todo eso es una pantomima.