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El juicio de Diego Cadena y su compañero de despacho, Juan José Salazar Cruz, acusados como coautores por los delitos de fraude procesal y soborno, inicio este 6 de febrero. Cadena es investigado por, presuntamente, haber sobornado y torcido testigos para que declararan a favor del expresidente Uribe. El papel de Salazar habría sido administrar los trámites con estas personas, a los que, según la Fiscalía, el abogado ofreció alrededor de 200 millones de pesos. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
En contexto: Suspenden al exabogado de Álvaro Uribe por soborno a testigos
Según expuso la Fiscalía en su hipótesis, Cadena buscó directamente a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien estaba recluido en una cárcel en Palmira. Presuntamente, le habría ofrecido dinero a cambio de sus declaraciones, así mismo Vélez le habría entregado una lista de varios reclusos que también estarían dispuestos a hacer este tipo de declaraciones falsas. Los tramites con los reclusos, luego de que Cadena llegara a acuerdos con ellos, estarían en manos de Salazar, expuso el ente investigador. Los abogados de los dos acusados no formularon hipótesis al respecto.
Sumado a esto, Cadena presuntamente, habría ofrecido dinero y beneficios judiciales a un grupo de exparamilitares, entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, expareja de Deyanira Gómez, para que cambiaran sus declaraciones en contra del expresidente Uribe y acusaran al senador Iván Cepeda.
En contexto: Interceptaciones de la Corte Suprema a Uribe y Diego Cadena son pruebas legales
El abogado Cadena ya fue inhabilitado por casi tres años por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La decisión tiene que ver con el soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como alias Víctor, con un pago de casi $10 millones para hablar a favor del exmandatario y en contra del senador Iván Cepeda. Estos hechos se dieron en el caso contra el expresidente por presunto soborno a testigos. Este tiempo se suma a otra sanción de 34 meses por las visitas que hizo al testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, un hombre que ha señalado supuestos vínculos de los Uribe con grupos paramilitares.
En días pasados, la Corte Suprema de Justicia concluyó que las interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena son pruebas legales y pueden ser tenidas en cuenta dentro del proceso que se sigue contra Cadena por los delitos de fraude procesal y soborno. Se trata del grupo de interceptaciones que la Corte Suprema de Justicia recopiló durante la investigación contra el expresidente, que incluso llevaron a que fuera ordenada prisión domiciliaria en su contra. Todo esto antes de que Uribe renunciara al Congreso, en 2020, y el proceso quedara en manos de la Fiscalía, la cual se ha negado a llevar a juicio al exmandatario.
La decisión del alto tribunal, se dio luego de estudiar una tutela que había presentado el abogado Cadena, en la que alegaba que se estaban violando sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que en mayo de 2023 había decretado la legalidad de estas pruebas, al concluir que fueron obtenidas lícitamente mediante orden judicial. El abogado decía que esas conversaciones pertenecían al secreto profesional como abogado.
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