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El haber tratado –supuestamente– de quedarse con ciertos contratos para hacer obras de rehabilitación en varios centros carcelarios del país, con la intención de “distribuirlos” irregularmente, llevó a María Cristina Palau al banquillo de los acusados. Hoy 27 de enero, en el Juzgado 15 Penal del Circuito, se programó para ella una audiencia preparatoria. Es decir, el juicio en su contra comenzó.
Palau fue, hasta el 4 de abril del año pasado, la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec). A su cargo estaba la responsabilidad de realizar todas las contrataciones que el Inpec dejó de hacer en 2011, cuando la Uspec fue creada al inicio del gobierno Santos, para el suministro de bienes y la prestación de servicios a la población carcelaria.
::Resolver el hacinamiento carcelario vale 5 billones: director del Uspec::
La Uspec, en buena medida, se instituyó por las denuncias de corrupción en contra del Inpec, pero, en cuestión de tiempo, esas denuncias alcanzaron a la nueva entidad –y no se fueron tampoco del Inpec, como muestra la fuga de Aída Merlano–. La Fiscalía señaló que hay grabaciones telefónicas de Palau “en las que se evidenciaría su interés ilícito de quedarse con la contratación en Fonade”.
Ella se declaró inocente y prefirió irse a juicio, donde es la Fiscalía la que tiene la obligación de demostrar que Palau cometió los delitos de Interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. En la comisión de esos delitos, además, no habría estado sola, pues con ella fueron detenidas tres personas más.
::“Resolver el hacinamiento carcelario vale $5 billones”: Uspec::
Una es la contratista Marcela Alies Puentes. El segundo es Juan Carlos Montoya, exfuncionario tanto del Uspec como de Fonade (la entidad del Gobierno que estructura los proyectos viables de financiarse con regalías y que ahora se llama Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial). Y, por ultimo, Germán Bula Mercado, abogado de Sahagún (Córdoba) y exfuncionario de Fonade.
La investigación de la Fiscalía apuntó a que Palau, desde su cargo en cabeza de la Uspec, pedía grandes tajadas a la hora de adjudicar contratos de esa entidad, lo cual ella ha negado desde el principio. Ella, al parecer, se presentaba como emisaria del senador Luis Fernando Velasco y en 2010 se lanzó con el Partido Liberal al Congreso sin éxito. El político caucano, por su parte, rechazó que Palau fuera cuota suya.
La exfuncionaria está en la palestra pública, especialmente, por un convenio de más de $426.000 millones que firmó el Uspec con Fonade y en el cual, presuntamente, asignó parte de la actividad misional de la entidad que dirigía, como ampliar cupos carcelarios o mantener la infraestructura de los centros penitenciarios del país. Las actividades misionales, por ley, solo puede realizarla el personal de planta de la entidad en cuestión.
::Los convenios enredados en Fonade::
Así las cosas, a partir de este lunes empieza ante jueces el mano a mano entre la defensa de Palau y la Fiscalía. Se trata de un juicio importante, pues tiene que ver con una contratación relacionada con asuntos claves para el país como el hacinamiento carcelario, el cual continúa en estado de cosas inconstitucional, declarado así por la Corte Constitucional en múltiples oportunidades.
Palau salió de la dirección del Uspec en octubre de 2017, cuando el gobierno Santos, a través del ministro de Justicia de la época (Enrique Gil Botero), la declaró insubsistente después de recibir un correo con una detallada denuncia en la que se relataba cómo ella habría pedido $3.000 millones a un contratista para adjudicarle un contrato de obras en la cárcel de Cómbita (Boyacá). El contrato, decía la denuncia, fue asignado a alguien más y Palau se negó a devolver el dinero de la coima. El escándalo era inminente.