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18 Aug 2022 - 11:23 p. m.

Exfiscal se retracta con Néstor Humberto Martínez tras señalarlo por “chuzadas”

El exfiscal Fabio Martínez Lugo ofreció disculpas a Néstor Humberto Martínez tras señalarlo falsamente de ordenar “chuzadas” desde la dirección de la Fiscalía. “Pido excusas publicas a los periodistas que creyeron en mi contenido”, aseguró.
Fabio Martínez Lugo (izquierda), exfiscal 32 contra las organizaciones criminales. Néstor Humberto Martínez (derecha), exfiscal general entre 2016 y 2019.
Fabio Martínez Lugo (izquierda), exfiscal 32 contra las organizaciones criminales. Néstor Humberto Martínez (derecha), exfiscal general entre 2016 y 2019.
Foto: Archivo El Espectador

El exfiscal Fabio Martínez Lugo, condenado a siete años de prisión por ordenar “chuzadas” desde la Fiscalía, se retractó de los señalamientos que reiteradamente hizo desde 2019 contra el exfical Néstor Humberto Martínez. A este último, Martínez Lugo reseñó falsamente como el líder de una estrategia de “chuzadas” desde la dirección de la Fiscalía, que habría infiltrado temas de alto interés nacional como negociaciones de paz y la investigación por la estela corrupta de Odebrecht.

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El exfiscal Martínez Lugo tiene en contra un juicio por el delito de calumnia, tras denuncia del exfiscal general. Con esta retractación, el antiguo funcionario busca terminar anticipadamente el proceso y acceder a beneficios judiciales. Aseguró, en audiencia pública, que ofrece disculpas a “el señor querellante y víctima, el doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, así como las personas que resultaron afectadas al ser mencionadas en un documento publicado en un medio de comunicación”.

Martínez Lugo se refiere a las publicaciones “¿La paz chuzada?” y “Los explosivos señalamientos de interceptaciones ilegales que salpican a Néstor Humberto Martínez”, que datan de noviembre de 2019. En las piezas periodísticas, publicadas por Semana, se utiliza información develada por Martínez Lugo y el investigado Luis Caros Gómez Góngora, quien coordinaba la Sala Diamante de la Fiscalía, que se supone es utilizada para ejecutar interceptaciones legales.

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En la publicación, se señala al exfiscal general Martínez de realizar interceptaciones ilegales a funcionarios de Gobierno, a empresarios y abogados relacionados con la investigación de Odebrecht y el caso Hyundai: los sobornos a jueces por parte del empresario Carlos Mattos para mantener el monopolio de la venta de autos de esa marca. En la nota de prensa, se revela un documento firmado por Martínez Lugo y Gómez Góngora, en los que se incrimina al exfiscal general Martínez Neira de interceptar a abogadas de capos del Clan del Golfo y a los políticos Iván Cepeda, Piedad Córdoba y al nuevo canciller Álvaro Leyva.

“En la sala Diamante se dio curso a interceptaciones, sin requisitos, de asesores y funcionarios cercanos al despacho del fiscal y vicefiscal, que buscaba conocer temas de carácter laboral y personal; de abogados que actuaban de los procesos de interés como el exvicefiscal Fernando Perdomo, del exdirector del CTI Julián Quintana, de exmagistrados señalados en el cartel de la toga, del abogado del general Montoya; de estos casos se recibió solo orden vernal del fiscal Daniel Hernández”, se establecía en el documento publicado.

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No obstante, Martínez Lugo manifestó que todo lo consignado en ese documento es falso y ofreció disculpas a todos los señalados: el exdirector del CTI, Luis Pérez Alvarán, el exfiscal Daniel Hernández, el fiscal Alvaro Betancourt, el investigador Roberto Montenegro y demás funcionarios de la Fiscalía. “Presento excusas públicas a los periodistas que creyeron en mi contenido y los que efectuaron réplicas de las citadas publicaciones, así como a los lectores, los escuchas y los televidentes”, agregó Martínez Lugo.

El pasado 1 de agosto, Martínez Lugo fue condenado a siete años de prisión luego de aceptar, también en juicio, que lideró una red de corrupción al interior de la Fiscalía. Aceptó la interceptación ilegal de las comunicaciones de profesionales y representantes de empresas y sindicatos, entre 2017 y 2018. Según la acusación de la Fiscalía, se amparó en procesos abiertos para, a través de órdenes judiciales, “chuzar” por ejemplo, al presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio; el abogado Felipe Jaramillo, contraparte judicial en procesos contra el Grupo de Energía de Bogotá; y al vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra.

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“Con mi actuar irresponsable y desfasado, lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales. Por ello, mi proceso debe ser tema de reflexión para todos los funcionarios judiciales e investigadores sobre las consecuencias de salir del límite de la ley”, explicó Martínez Lugo en audiencia de marzo pasado.

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