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Diego Portilla Luna, quien fuera el gerente de Friogán en San Cayetano (Norte de Santander), y vinculado al llamado el ‘Cartel de la carne’, acpetó los cargos que la Fiscalía le imputó y llegó a un preacuerdo con esta misma, en busca de una rebaja en la pena. En ese mismo sentido actuó la defensa de Miguel Ángel Oliveros Delgado, inspector del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), quien se había acogido al principio de oportunidad y ahora firmó un preacuerdo.
Ambos hacen parte de los 19 vinculados al caso de los millonarios movimientos de contrabando de ganado en Norte de Santander, donde se suplantaron nombres de ganaderos y transportadores y se consignó información falsa. El ‘Cartel de la carne’ fue desmantelado en abril de 2014 tras la captura inicial de seis hombres y una mujer, quienes para ese entonces eran funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Los demás vinculados al caso por la Fiscalía han aceptado cargos y han sido condenadas. A cada uno de ellos la Fiscalía les imputó diferentes delitos como concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando, falsedad ideológica en documento público, favorecimiento por servidor público, fraude procesal, contrabando, violación de medidas sanitarias y enriquecimiento ilícito de particulares.
Entre los procesados se destacan Andrés Portilla Luna, quien se desempeñó por años como presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), quien es además hermano de Diego Portilla.
Por estos mismos hechos el líder de la organización Rodolfo Forero Esparza, conocido como Tata, aceptó cargos y fue condenado a 8 años y 11 meses de prisión. La versión de los medios regionales en Norte de Santander señala que los preacuerdos de Portilla y Delgado fueron presentados en diferentes fechas y posteriores al escrito de acusación, renunciando de esta manera a un juicio y solicitando una rápida sentencia a cambio de una rebaja de de la pena.
Ese preacuerdo, que contempla una condena de 6 años 9 meses para Diego Portilla y 5 años para Oliveros Delgado, fue presentado por la Fiscalía ante un Juzgado en Cúcuta que fijó para el próximo 31 de marzo su decisión de aprobarlo o no.
Según la Policía, esa organización movió más de $70.000 millones y logró introducir al país 4.085 reses. Las detenciones son el resultado de la investigación que empezó a gestarse a finales de 2012 y comienzos de 2013, en Norte de Santander.
La Fiscalía indicó que se corroboró, mediante entrevistas, que los nombres de varios ganaderos y transportadores reconocidos de Córdoba y otras regiones del país fueron suplantados para darle apariencia legal a la procedencia del ganado venezolano.
Todo ello, con el apoyo de funcionarios del ICA y del Invima para la expedición de guías de movilización, certificados sanitarios, de sacrificio y vacunación, y omisión de controles reglamentarios en Friogán.