La Procuraduría sancionó a José Facundo Castillo, quien gobernó en Arauca entre 2012 y 2015, por irregularidades en la celebración de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (Comfiar) para la edificación de 240 viviendas de interés prioritario (VIP). El exfuncionario, quien fue elegido de nuevo para el periodo 2020 - 2023, y ocupó el cargo por más de un año y medio hasta que fue capturado en octubre de 2021 mientras avanza la investigación por supuestas alianzas con el Eln.
El ente de control disciplinario confirmó que el exgobernador realizó el negocio jurídico en julio con la Comfiar para unir esfuerzos en los procesos de convocatoria, asignación de subsidios y operatividad de los proyectos de VIP. En consecuencia, Comfiar contrató al consorcio Laureles Arauca en diciembre 2014 para la ejecución del proyecto de construcción de las casas, sin que se hubiera evaluado la idoneidad de Comfiar en experiencia, capacidad técnica y administrativa.
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También se comprobó que en el proyecto de edificación de la primera etapa de una urbanización hubo inconvenientes desde el inicio con el área de intervención del proyecto, pues carecía de estudios previos y diseños de la red hidráulica y sanitaria. Eso afectó la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios en el lote entregado.
Además, en fallo de primera instancia, el organismo de control demostró que hubo retrasos en la entrega del proyecto. Inicialmente, debía ser entregado en un plazo de 11 meses, pero luego de varias prórrogas, la obra finalizó dos años y cuatro meses después de la fecha pactada. El ente de control calificó la falta de Castillo Cisneros como gravísima.
En la investigación que adelanta la Fiscalía por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ya se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos.
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De acuerdo con el ente acusador, entre los años 2012 y 2021, el exfuncionario habría hecho acuerdos financieros mediante contratos estatales, “con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz” del Eln, con el fin de conseguir logística y protección para sus desplazamientos por los municipios de la zona, a cambio de dejarlos actuar con libertad.
El nombre del polémico exmandatario también se reveló en los documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya en 2022. En estos también se muestra como el exgobernador, quien fue elegido con el aval de una alianza de partidos (Cambio Radical, Social de Unidad Nacional, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y la Unión Patriótica), también habría hecho millonarios acuerdos con el frente 10 de las disidencias de las extintas Farc antes de llegar a la Gobernación de Arauca en 2020.
Finalmente, al exgobernador la Fiscalía también le imputó cargos en 2022 por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por covid-19. Según el ente investigador, el material de prueba da cuenta de que el exmandatario habilitó un fin de semana para abrir y cerrar un proceso de contratación de ayudas humanitaria. A la invitación pública se presentó un solo proponente, quien sería una persona cercana al mandatario departamental, a quien le fue entregado el contrato en una rápida selección.
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