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Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, quien es investigado por los delitos de concierto para delinquir, peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y presunta financiación de terrorismo. En estos momentos el gobernador, quien fue elegido con el aval una alianza de partidos (Cambio Radical, Social de Unidad Nacional, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y la Unión Patriótica), se encuentra detenido en el búnker de la Fiscalía, mientras avanza su proceso judicial.
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Según el ente investigador, Castillo Cisneros, fue capturado por posibles nexos con organizaciones criminales. De acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2021, el gobernador habría hecho acuerdos financieros mediante contratos estatales, “con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz” del Eln, con el fin de conseguir logística y protección para sus desplazamientos por los municipios de la zona, a cambio de dejarlos actuar con libertad.
Adicionalmente, dijo el ente investigador, que al parecer Castillo recibió apoyo financiero ilegal para ser elegido como gobernador. Supuestamente habría entregado altas sumas de dinero y porcentajes de la contratación del departamento a sus financiadores. Al parecer, dice la Fiscalía, en su primer período adjudicó ocho contratos a un integrante del Eln, para que adelantara “estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales”.
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El investigado gobernador, dijo el ente investigador, será imputado por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Así mismo, se solicitará la detención preventiva de Castillo.
En julio de 2020 la Procuraduría suspendió por seis meses al gobernador Castillo, investigado por esta entidad por presuntas irregularidades en una serie de contratos que adjudicó durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Este fallo disciplinario apunta a un contrato que firmó para realizar un evento de música llanera y otras actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte por $570 millones de pesos, al parecer, sin acatar lo establecido en las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
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En ese momento, el gobernador señaló que apelaría el fallo y dijo que: “Está ampliamente demostrado que tal celebración fue suspendida por nosotros acatando las medidas del Gobierno Nacional, y dicho contrato ni se ejecutó ni le causó ninguna erogación al Departamento. Ante la determinación adoptada en primera instancia por este organismo de control, expreso mi acatamiento y respeto a las decisiones de la justicia colombiana.