Exgobernador de Putumayo es condenado por contratos irregulares

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al exgobernador de Putumayo, Carlos Alberto Palacios Palacio, a 51 meses de prisión (cuatro años y tres meses) por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Igualmente, el exgobernador deberá pagar una multa de algo más de $20 millones. Según la Corte, entre Palacios y el representante legal de la Fundación Ecológica y de Desarrollo Social, FEDES, suscribieron un convenio en julio de 2005 denominado “de cooperación interinstitucional”, por el término de un año y un valor de 65 mil doscientos ochenta millones de pesos con el fin de “aunar esfuerzos para solucionar el problema de vivienda digna de interés social a familias del departamento de Putumayo”.

Aproximadamente 90 familias pagaron $50.000 por el formulario de inscripción y una póliza de $300.000. A su vez, 50 de estas familias dieron una cuota inicial de un millón de pesos para la obtención de estas viviendas; dineros que fueron consignados a FEDES. En 2006, un año después, se liquidó el convenio entre la gobernación y la organización porque esta última carecía de certificaciones internacionales, bancarias, avales y garantías exigidas por la ley para este tipo de convenios. El convenio entre el exgobernador y FEDES, era para la construcción de viviendas de interés social para la población vulnerable de Putumayo.

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La captura de Palacios se dio en Mocoa en febrero de 2010 y en octubre de 2006 el Ministerio Público lo había sancionado con destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas durante 15 años, al considerar demostrables sus actuaciones irregulares en la celebración de varios contratos. El procurador delegado en ese juicio, Jorge Alberto González, solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema que se le declare penalmente responsable de participación indebida en la política. En ese entonces, el delegado de la Procuraduría consideró que se evidencia que el exdirigente incurrió en actuaciones irregulares al frente de la administración departamental.

Finalmente, 11 años después de la captura, el alto tribunal consideró que al tratarse de un delito cometido contra la administración pública, no se le conceden beneficios al exgobernador. Igualmente, se estableció que Palacios será inhabilitado para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un periodo de 62 meses así como la mencionada privación de libertad que cumplirá en su domicilio. Dentro del documento que sustenta la condena, la Corte expuso que “la conducta por la cual procede la condena reviste la mayor gravedad, por cuanto Palacios hizo a un lado el interés público encomendado a través del voto popular, traicionando la confianza de la ciudadanía”.

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Otra de las consideraciones del alto tribunal fue que “al suscribir el mencionado convenio lo hizo con el pleno uso de sus facultades mentales y caprichosamente desacató las reglas de la contratación estatal”. A su vez, también se argumentó que el entonces gobernador de Putumayo contaba con “experiencia en temas de contratación (...) por lo cual estaba en capacidad de comprender la ilicitud y de actuar conforme a esa comprensión”. A pesar de la decisión de la Sala de primera instancia, el magistrado Jorge Caldas, presentó el salvamento de su voto en el que manifiesta que “No se deduce, de la actuación desplegada por Palacios una intención para favorecer a FEDES, pues la escogencia de esta fundación no obedeció a ningún proyecto de la Gobernación o algún programa previsto por ella”.

Para el magistrado Caldas, “De los hechos y del caudal probatorio, no se desprende un ánimo corrupto, que permita aducir como lo hace la decisión que “solo tuvo en cuenta la propuesta presentada por FEDES” pues no se acreditó que existieran otras fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que hubiesen elevado propuesta alguna”. Por otra parte, la decisión, al encontrase en primera instancia, podrá ser apelada por la defensa de Palacios, tal como quedó expuesto en el documento. Igualmente, Palacios no fue condenado por la indemnización de perjuicios en el caso y la decisión tomada fue trasladada al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.