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En los juzgados de Paloquemao se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Durante esta fase del proceso, la Fiscalía solicitó que la exmandataria regional sea enviada a la cárcel de manera preventiva mientras es investigada por corrupción. El juez del caso aceptó la solicitud del ente investigador y argumentó que existe riesgo de que Pinto no se presente a las audiencias.
El pasado 18 de junio, cuando fue suspendida la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exgobernadora Pinto, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ese día, en las horas de la mañana, la exgobernadora se presentó en la audiencia, sin embargo, en horas de la tarde no se presentó. Su abogado señaló que se "encontraba en una deligencia médica".
La investigación encontra de Pinto arrojó que esta, mientras fue alcaldesa de Alabania (La Guajira) habría firmado contratos de infraestructura que no habrían cumplido los requisitos legales. Los contratos, que suman un valor de $12.590 millones, cuestionados tenían como fin "adoquinar varias vías del municipio" para crear empleo . Sin embargo, según la Fiscalía, solo se habrían llevado a cabo el 70% de las obras y, además, el contrato había beneficiado a familiares de Pinto.
Los contratos son del 6 agosto de 2010 y del 10 de marzo de 2011 y se celebraron entre la Alcaldía de Albania (a cargo, en ese momento, de Pinto) y Fundasec, contratista que fue elegido por su "vasta experiencia en contratación de obras civiles". Sin embargo, según la Fiscalía, la ejecución como tal de la obra habría quedado en manos de Adolfo Carrillo, primo de la exgobernadora.
Hace dos semanas, su abogado, Antonio Luis González, acusó un conflicto de competencias argumentando que la justicia ordinaria no debía juzgar a Pinto, por su ascendencia indígena, pero el juez negó el recurso, que consideró "inconducente e impertinente". La exgobernadora no aceptó los cargos e insistió en su inocencia.
Así, según la fiscal del caso, se habrían contratado a más de 2.000 personas, que Pinto supuestamente avalaba y recomendaba personalmente. Prueba de esto, según el ente investigador, serían las hojas de vida de varias personas, entre las que hay mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, que llegaban con una nota y firma de la exgobernadora. Los pagos a estas personas que no habrían realizado labor alguna en el adoquinamiento del municipio ascenderían a $5.981 millones.