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1 Sep 2020 - 8:39 p. m.

Exmagistrado Gustavo Malo será testigo clave de la defensa en juicio a Francisco Ricaurte

Así lo reveló en una audiencia el defensor del exmagistrado Ricaurte, quien pidió aplazar la audiencia hasta que se logren hacer los trámites en el Cantón Norte, donde Malo está detenido.
El suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández. / Archivo El Espectador
El suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández. / Archivo El Espectador

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, divulgó hoy en una audiencia del juicio que se sigue en su contra por el cartel de la toga que en su lista de testigos aparece el suspendido magistrado Gustavo Malo. De acuerdo con la defensa de Ricaurte, Malo hace parte de una extensa lista de personas que han sido llamados a testificar a su favor. Por ello, la audiencia para escucharlos se realizará en por lo menos dos semanas mientras se coordina la citación.

(En contexto: Así funcionaba la organización detrás del cartel de la toga, según exfiscal Moreno)

Según el abogado de Ricaurte, la declaración de los testigos podrá tomar 10 u 11 sesiones del proceso penal. Llevar a Malo a declarar es una tarea que tomará algo de tiempo debido a que el exmagistrado se encuentra detenido en el Cantón Norte, en Bogotá. Allí, Malo llegó en 2018, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención preventiva por su presunta responsabilidad a la hora de favorecer a políticos investigados penalmente a cambio de millonarias coimas.

En la audiencia del pasado 27 de agosto, el abogado defensor Juan Sebastián Fajardo hizo un contrainterrogatorio al exfical anticorrupción, Gustavo Moreno. El exfiscal insistió en la influencia de Francisco Ricaurte en elecciones de directivos de Fonade y contratos en la Fiscalía. Por su parte, Fajardo aseguró en sus alegatos que las declaraciones de Moreno habían cambiado debido a lo que ha venido conociendo en noticias.

El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía testificó en el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte el pasado 13 de agosto y dio detalles de cómo, según él, operaba el cartel de la toga al interior del alto tribunal. “Como se sabe, la Corte es un órgano colegiado que no se puede asegurar una decisión”, dijo Moreno, quien agregó de inmediato que, sin embargo, el pago del soborno “era una garantía de que estaban bajo el manto protector del doctor Ricaurte y, bajo esa línea, de la oficina, del grupo”.

(Le puede interesar: Jamás recibí dineros de Luis Gustavo Moreno: exmagistrado Francisco Ricaurte)

Durante la diligencia de esta mañana, el expresidente del alto tribunal solicitó al juez un receso para chequear su nivel de azúcar y aseguró sentirse indispuesto. Al reanudarse, la fiscal del caso y el delegado de la Procuraduría refutaron los argumentos del abogado Fajardo. Según ambas entidades, no fueron presentadas evidencias que constataran que, desde la prisión en Estados Unidos, Moreno había tenido acceso a notas periodísticas. Así las cosas, la programación de la próxima audiencia dependerá del cronograma de los testigos que presentará al juez el abogado Fajardo.

No es la primera vez que el juicio del exmagistrado Ricaurte queda en pausa. El pasado 3 de febrero, el abogado defensor de Ricaurte indicó que no había podido obtener las declaraciones y el principio de oportunidad del exsenador Musa Besaile, quien confesó haber pagado $2.000 millones a cambio de torcer la orden de captura en su contra por parapolítica. Besaile fue el primer -y hasta ahora único- congresista en admitir haber entregado dineros al cartel de la toga, escándalo que estalló en junio de 2017, pero dijo que se trató de una “extorsión”.

En agosto de 2019, Francisco Ricaurte testificó en el juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Gustavo Malo, por el cartel de la toga. Allí aseguró nunca haber recibido dinero del exfiscal Gustavo Moreno quien ha señalado abiertamente que los exmagistrados Malo, Ricaurte y José Leonidas Bustos usaron su poder e influencia en la Corte para torcer fallos judiciales en contra de congresistas y gobernadores.

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