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19 Aug 2021 - 2:34 a. m.

Exministro Londoño no tendrá que pagar multa emitida contra el MinJusticia

El Consejo de Estado señaló que Fernando Londoño Hoyos, mientras fue ministro de Justicia y del Interior, no actuó con dolo a la hora de eliminar un cargo en esa cartera ministerial. El funcionario que fue despedido ya había sido indemnizado por el Ministerio de Justicia pero este, en 2013, decidió demandar a Londoño para que se hiciera cargo del millonario pago.
Fernando Londoño Hoyos.
Fernando Londoño Hoyos.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La Sección Tercera del Consejo de Estado acaba de fallar a favor del exministro de Justicia y del Interior Fernando Londoño Hoyos. El alto tribunal estudiaba una acción de repetición (acción judicial que busca una reparación por parte del Estado) interpuesta por un funcionario del Ministerio de Justicia que salió de la entidad luego de que el propio Londoño decidiera suprimir el cargo en 2002 y lo sacara de la cartera ministerial.

En diciembre de 2009, un juzgado de Bogotá falló en su favor, ordenó reincorporarla y pagarle el dinero que dejó de percibir desde que fue retirado y un pago por por 843 millones de pesos, monto que fue asumido por el Ministerio de Justicia y parecía que el pleito quedaba hasta ahí.

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El 3 de septiembre de 2013, el Ministerio de Justicia demandó a Londoño Hoyos con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la condena que le fue impuesta a la entidad. En síntesis, la demanda del ministerio señalaba que que mediante decreto 2491 del 5 de noviembre de 2002, el Gobierno suprimió de la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho un cargo de profesional especializado en el área de la Oficina de Asuntos Internacionales.

El juzgado de Bogotá que ordenó indemnizar al funcionario en 2009 señaló que Londoño Hoyos actuó con dolo”, al expedir las Resoluciones Nos. 947 de 15 de noviembre de 2002 y 3 del 4 de febrero de 2003.

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Sin embargo, para el Consejo de Estado “no se probó que Londoño Hoyos, cuando fungía como Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho, hubiera incurrido en dolo al haber expedido las Resoluciones 947 del 15 de noviembre de 2002 y 3 del 4 de febrero de 2003, por cuanto su conducta no se enmarca en la presunción legal prevista en el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 678 de 2001 alegado en la demanda.

El alto tribunal agregó que “aunque en la demanda se alegó que la conducta de Londoño fue dolosa, no se probó los supuestos de hechos (...) reitera la Sala que no obra ningún elemento probatorio que permita concluir que Londoño Hoyos tuvo la intención de afectar los derechos del funcionario público”.

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