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Hace ya casi un cuarto de siglo, en desarrollo de un proceso de democratización accionaria, se produjo la venta de la propiedad que Ecopetrol tenía en la empresa gasífera Invercolsa. Desde ese momento, el asunto se volvió piedra de escándalo luego de que el abogado Fernando Londoño adquiriera 145 millones de acciones de la compañía. El punto de discordia fue la vinculación que Londoño tuvo con Invercolsa, pues Ecopetrol expresó su desacuerdo con el negocio bajo el argumento de que nunca fue empleado de la entidad sino presidente de ella por un contrato de prestación de servicios. Esta pelea ya lleva 24 años, y parecía haber quedado saldada definitivamente en octubre de 2019. Pero el abogado y exministro Fernando Londoño decidió jugarse su última carta.
La historia de esta millonaria disputa jurídica comenzó en diciembre de 1996, cuando el gobierno de Ernesto Samper autorizó vender las acciones que Ecopetrol y sus filiales tenían en Invercolsa. Como lo dictan la Constitución y la ley, la primera oferta debía hacerse a los empleados de la firma estatal. En ese contexto, presentando una certificación expedida por el entonces representante legal y presidente de Invercolsa, Enrique Vargas Ramírez, el abogado Fernando Londoño adquirió 145 millones de acciones. Para hacerlo, la certificación formalizó que Londoño había sido presidente de la empresa entre julio de 1990 y abril de 1995. Sin embargo, dos años después, en 1999, Ecopetrol demandó a Fernando Londoño y pidió la nulidad del negocio.
Según Ecopetrol, Londoño no era empleado de Invercolsa para la fecha de adquisición de las acciones, y su ejercicio como presidente de la empresa lo hizo a través de un contrato de prestación de servicios celebrado con la firma de abogados que él representaba. Ante el litigio planteado, Londoño planteó un proceso laboral para que se le reconociera su condición de trabajador de Invercolsa. No obstante, la justicia le negó sus pretensiones en dos instancias. El problema se agravó cuando un grupo de ciudadanos presentó una acción popular contra Ecopetrol y Fernando Londoño, por la venta de los 145 millones de acciones de Invercolsa. Según los demandantes, esta operación afectó el patrimonio público y la moralidad administrativa.
Cuando el caso llegó al Consejo de Estado, el alto tribunal anuló la compra de las acciones. Además determinó que la compra violó la moralidad pública y afectó el patrimonio estatal, y aclaró que solo los empleados de la empresa podían acceder a las acciones. En medio de esa discusión, Ecopetrol entabló una demanda civil contra Londoño en 2007, a través de la cual pidió que se declarara la ineficacia de la compra de las acciones de Invercolsa y se devolviera el dinero a la estatal petrolera. El Juzgado 28 Civil de Bogotá reconoció que el negocio de Londoño fue “ineficaz de pleno derecho” y que Ecopetrol y otras firmas eran las reales propietarias de las acciones. Londoño, ya en calidad de exministro del Interior, apeló la decisión y el caso llegó a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
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En enero de 2011, esta instancia judicial volvió a fallar en contra de Londoño. El caso tuvo su último capítulo en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 30 de octubre confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y negó las pretensiones del exministro. Las acciones, que terminaron en manos de la Arrendadora Financiera Internacional Bolivarianas (AFIB), representan el 51,88 % de Invercolsa y están avaluadas en casi $100.000 millones. Con ponencia del magistrado Aroldo Quiroz Monsalvo, el alto tribunal reconfirmó lo ya dicho por todas las demás instancias judiciales: que Londoño no podía comprar esas acciones. También recordó el fallo del Consejo de Estado, en donde quedó claro que ese negocio violó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público.
La Corte Suprema señaló en una sentencia de 94 páginas: “Nadie ha negado que el doctor Londoño prestó sus servicios a Invercolsa, el problema es considerar que hubo una relación laboral propiamente dicha, porque incluso él mismo siempre aceptó que no fue vinculado como mero trabajador, toda vez que no le convenía desde los aspectos personales y tributarios en la empresa de abogados con quien compartía sus actividades profesionales, por lo cual siempre convino con aquella (Invercolsa) que se le remunerara con unos honorarios, no solo sus servicios personales, sino también lo necesario para gastos de secretaria y custodia de libros y papeles”. En otras palabras, confirmó que Londoño debía restituir los 145 millones de acciones a Invercolsa.
El alto tribunal ratificó que Londoño no tenía derecho a que se le devolviera el valor pagado por las acciones, bajo la consideración de que las adquirió con pleno conocimiento de que no era trabajador de la empresa y que además el negocio iba en contra de los intereses de la nación. En síntesis, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia cerró el caso dejando claro que no era posible modificar las decisiones anteriores, con abundante argumentación técnica para insistir en que no era posible revivir en la justicia civil lo que ya se había resuelto en desarrollo de una acción popular. Sin embargo, cuando todo parecía finiquitado, el abogado Fernando Londoño decidió dar la última batalla.
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Inicialmente solicitó a la Corte Suprema de Justicia la expedición de copias de todas las actas de la Sala Civil relacionadas con el proceso en referencia y luego presentó una comunicación de cuatro pliegos para pedir aclaración de los términos de la última sentencia. En su criterio, ese fallo se hizo contra toda evidencia. “Solicito aclarar cómo fue posible hacer caso omiso de precedentes que son obligatorios y que solamente podían ser modificados enfrentándolos a través de un examen riguroso, del cual pudieran surgir razones suficientes para decidir en un sentido diferente”, argumentó Londoño, considerando que hubo una descontextualización sobre el debate laboral.
Uno de sus argumentos es que en ningún momento negó haber sido empleado de Invercolsa. Por el contrario, dice el exministro, fue él quien le reiteró al alto tribunal, con plena convicción, que sí lo había sido. En su criterio, esa evaluación descontextualizó el caso. Además, para Londoño, los magistrados desconocieron una “jurisprudencia sólidamente establecida”, no hicieron ni una alusión lejana de ella y, en cambio, se apoyaron en un fallo reciente en contra de los razonamientos jurídicos del caso. Por eso, el exministro les pidió a los magistrados que expliquen por qué hicieron “caso omiso” a esos precedentes que, para él, eran claves para reconocer que sí podía quedarse con las acciones de la empresa gasífera.
En paralelo a las peticiones del exministro Londoño, Ecopetrol inició el proceso para recuperar lo que la justicia ya dijo que le pertenece. El pasado 3 de febrero, la empresa estatal le informó a la Superintendencia Financiera que ya tiene todos los papeles al día para que las acciones de Londoño pasen a sus estados contables. Sin embargo, a la Corte Suprema todavía le queda la tarea de responder a las solicitudes del abogado Londoño. Por ahora, queda claro que la pelea de Invercolsa, que en su momento causó tremor jurídico y político, todavía no se salda y no hay una palabra definitiva sobre las acciones.
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