Exministro Saulo Arboleda insiste a la Corte Suprema que revise su condena

Cinco veces le ha pedido el exministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, a la Corte Suprema, que revise la sentencia condenatoria que le profirió en el año 2000. A la última negativa que recibió, Arboleda respondió con una carta en la que insistió en su inocencia. “Mi insistencia en la revisión solo busca garantizar el debido proceso que esa sala me ha violado permanentemente y sin razones válidas, al negarme tanto la impugnación como la revisión de una sentencia cuyos argumentos en mi contra desaparecieron del universo jurídico”, escribió.

(En contexto: ‘Miti’ condenado y ‘miti’ absuelto)

La carta, conocida por este diario, va dirigida al magistrado Eyder Patiño, quien fue el ponente de la decisión que le negó la revisión al exministro Arboleda, condenado por el escándalo del “miti-miti”.  Este caso estalló por una conversación entre Arboleda y el entonces ministro de minas, Rodrigo Villamizar, a quien se escuchaba en la grabación abogar ante su colega para que se le diera una de las emisoras en Cali al periodista Mario Alfonso Escobar. La Corte Suprema, que es el juez de altos funcionarios como ministros y congresistas, comenzó a investigarlos.

Los exministros siguieron rumbos diferentes en la justicia: aunque ambos resultaron condenados, Villamizar logró que no lo siguiera investigando la Corte Suprema. En el proceso argumentó que para el momento de la conversación gozaba de una licencia por enfermedad y que, además, el asunto de las emisoras era ajeno a sus deberes como miembro del Gobierno. La Corte acogió sus razones, concluyó que Villamizar había obrado como particular y, por carecer de fuero, ordenó que pasara a la justicia ordinaria.

(Lea también: Exministro Rodrigo Villamizar no será reparado por estar en prisión por caso “miti-miti”)

Luego el caso aterrizó en la justicia ordinaria y, tras ser condenado en dos instancias, logró que por una tutela su caso llegara hasta la Corte Constitucional, que en 2006, determinó que la Fiscalía había vulnerado sus derechos y anuló todo lo actuado, dejándolo en libertad. En 2009, cuando otro fiscal asumió el caso, declaró que ya había prescrito la supuesta acción ilegal del exministro. A Arboleda, por otro lado, lo condenó la Corte Suprema en el 2000 a 52 meses de prisión y su situación jurídica sigue igual.

Arboleda, entonces, ha acudido a las acciones de revisión para pedirle al juez que lo condenó que le eche una segunda mirada al expediente. Según escribió en la carta, “esta sentencia me condena por adjudicar una emisora que me recomendó en funciones públicas el ministro de Minas Rodrigo Villamizar. No fui condenado por adjudicar emisoras a quienes me las recomendaron en funciones particulares”. A su vez, citó que el Consejo de Estado declaró legal la adjudicación de la emisora, tanto como que la Corte Constitucional dijo que Villamizar actuó en funciones particulares.

(Vea: Fuerza Pública verifica zonas más afectadas por huracán Iota y lleva ayudas humanitarias)

Y, por último, que la Fiscalía supuestamente reconoció que Villamizar le hizo esa recomendación a él en funciones particulares. “Estas tres sentencias volvieron falsas las pruebas que me condenaron; son pruebas nuevas que dan vuelco total al caso; y crean este hecho absurdo: ¡sigo condenado como determinado, sin determinador!”, agrega la misiva. No obstante, la Sala Penal ha descartado estos argumentos ya en varias ocasiones. “Es obvio que la admisión de la revisión no implica ni menos exige mi absolución”, insistió.

Cinco veces le ha pedido el exministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, a la Corte Suprema, que revise la sentencia condenatoria que le profirió en el año 2000. A la última negativa que recibió, Arboleda respondió con una carta en la que insistió en su inocencia. “Mi insistencia en la revisión solo busca garantizar el debido proceso que esa sala me ha violado permanentemente y sin razones válidas, al negarme tanto la impugnación como la revisión de una sentencia cuyos argumentos en mi contra desaparecieron del universo jurídico”, escribió.

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La carta, conocida por este diario, va dirigida al magistrado Eyder Patiño, quien fue el ponente de la decisión que le negó la revisión al exministro Arboleda, condenado por el escándalo del “miti-miti”.  Este caso estalló por una conversación entre Arboleda y el entonces ministro de minas, Rodrigo Villamizar, a quien se escuchaba en la grabación abogar ante su colega para que se le diera una de las emisoras en Cali al periodista Mario Alfonso Escobar. La Corte Suprema, que es el juez de altos funcionarios como ministros y congresistas, comenzó a investigarlos.

Los exministros siguieron rumbos diferentes en la justicia: aunque ambos resultaron condenados, Villamizar logró que no lo siguiera investigando la Corte Suprema. En el proceso argumentó que para el momento de la conversación gozaba de una licencia por enfermedad y que, además, el asunto de las emisoras era ajeno a sus deberes como miembro del Gobierno. La Corte acogió sus razones, concluyó que Villamizar había obrado como particular y, por carecer de fuero, ordenó que pasara a la justicia ordinaria.

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Luego el caso aterrizó en la justicia ordinaria y, tras ser condenado en dos instancias, logró que por una tutela su caso llegara hasta la Corte Constitucional, que en 2006, determinó que la Fiscalía había vulnerado sus derechos y anuló todo lo actuado, dejándolo en libertad. En 2009, cuando otro fiscal asumió el caso, declaró que ya había prescrito la supuesta acción ilegal del exministro. A Arboleda, por otro lado, lo condenó la Corte Suprema en el 2000 a 52 meses de prisión y su situación jurídica sigue igual.

Arboleda, entonces, ha acudido a las acciones de revisión para pedirle al juez que lo condenó que le eche una segunda mirada al expediente. Según escribió en la carta, “esta sentencia me condena por adjudicar una emisora que me recomendó en funciones públicas el ministro de Minas Rodrigo Villamizar. No fui condenado por adjudicar emisoras a quienes me las recomendaron en funciones particulares”. A su vez, citó que el Consejo de Estado declaró legal la adjudicación de la emisora, tanto como que la Corte Constitucional dijo que Villamizar actuó en funciones particulares.

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