En medio del revuelo político y judicial causado por las denuncias de la exniñera de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, quien dice que fue retenida e interrogada en la Casa de Nariño por funcionarios de la Presidencia, se conocen nuevos detalles de este nuevo caso de posible corrupción de uno de los funcionarios más poderosos del actual gobierno. La Fiscalía confirmó durante una rueda de prensa que dos exempleadas de Laura Sarabia fueron interceptadas ilegalmente por miembros de la inteligencia de la Policía a principios de 2023.
Según el fiscal general, Francisco Barbosa, un agente de la Dijín de la Policía ingresó irregularmente el número de Marlenys Meza, exniñera de Sarabia, y de una persona que le ayudaba con el aseo de su casa, en una investigación relacionada con el Clan del Golfo para que una sala de interceptaciones de esa entidad pudiera escuchar las llamadas de las extrabajadoras. Barbosa agregó que funcionarios de la Policía mintieron en un informe para que un juez aprobara esas escuchas.
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El fiscal Barbosa, acompañado de la cúpula de la Fiscalía, señaló que ya tiene las pruebas técnicas para llamar a interrogatorio y a imputación de cargos a los responsables de estos hechos, pero no confirmó si entre el listado de esas personas está la jefe de gabinete quien, al cierre de esta edición, había guardado silencio frente a las revelaciones del ente investigador. Eso sí, Barbosa confirmó que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, será uno de los primeros en ser requeridos “para que nos ayude a poder corroborar algunos de los hechos”, señaló el fiscal.
La confirmación de la Fiscalía de las interceptaciones ilegales en el caso de la exniñera de Sarabia se conoció horas después de que la revista Cambio revelara detalles del caso. Según la cronología de los hechos, el 29 de enero de 2023, una altísima suma de dinero, que Sarabia aseguró era plata de viáticos, se perdió de su casa. Al día siguiente, la jefe de gabinete denunció el robo del dinero y, de inmediato, se creó una noticia criminal que dio paso a una indagación por parte de la Fiscalía. Lo que contó Barbosa es que ese mismo día “se inventan un informe de policía judicial” para interceptar a las dos extrabajadoras.
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Esos números, dijo Barbosa, fueron sugeridos por la policía judicial de la Dijín. El informe ilegal, agregó el fiscal, tuvo como fuente principal a una persona no identificada que señaló que la persona que sería interceptada era la cocinera de los hombres de seguridad de alias Siopas, líder criminal del Clan del Golfo, y que vivía en un municipio del Chocó. Así, los agentes de la policía argumentaron la necesidad de agregar un número telefónico a una investigación en ese departamento.
Además, el fiscal señaló que la otra persona interceptada ilegalmente fue identificada en el informe “inventado” como una persona encargada de hacer giros de dinero, comprar comida y llevar información y órdenes al mismo Siopas. “Es un día lamentable para el Estado de Derecho. Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia”, sentenció el fiscal Barbosa. La cabeza del ente investigador insistió en que el informe que llevó a la interceptación ilegal lo firmó un investigador criminal de la Policía.
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“Lo que acabo de decirles a ustedes es tremendamente grave para la democracia colombiana. Esto no es un asunto de carácter personal entre un funcionario público y otro. Estas son evidencias de que a dos personas, una de ellas, la exniñera de Laura Sarabia, la convirtieron en alias la Cocinera (…) Este caso no solo es aberrante desde todo punto de vista judicial, sino que es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos”, afirmó el fiscal general, comparando la interceptación de dos extrabajadoras de Sarabia con una sistemática persecución a abogados, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron interceptados ilegalmente por el desaparecido DAS.
Tras la rueda de prensa de Barbosa, la Dirección de la Policía, al mando del general William René Salamanca (designado hace unas semanas en ese cargo por el presidente Petro), se pronunció sobre estos hechos. Según la institución policial, en la noche de ayer, 31 de mayo, el director de la Dijín, el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza, le informó a Salamanca que en horas de la mañana un analista judicial de esa dirección había acudido ante la Fiscalía para rendir una declaración juramentada.
El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de un caso que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín. “Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, dice el comunicado de la Policía.
El origen del escándalo
La génesis de este caso, que tiene en medio de una crisis política y judicial al gobierno Petro, se produjo luego de que la revista Semana publicara el pasado fin de semana una entrevista en la que la exniñera narraba todas las presiones que habría sufrido por parte de funcionarios de la Presidencia, luego de que se perdiera una importante suma de dinero en la casa de Sarabia. Meza le dijo al medio de comunicación que, tras la pérdida del dinero, fue llevada a un sótano cerca de la Casa de Nariño, donde le hicieron una prueba de polígrafo.
La exempleada de Sarabia afirmó que se sintió secuestrada, aturdida y ahogada durante el interrogatorio. “Me quitaron el teléfono (…) Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí se va derechito a la cárcel’. (…) Que me iban a hacer un allanamiento en mi casa”, contó Meza. Según ella, en ningún momento le solicitaron su cédula de identidad ni su firma. Por su parte, Sarabia dijo que “la jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.
La versión de la exniñera ya está en investigación en la Fiscalía, que además realizó una inspección judicial, el pasado miércoles, en las oficinas en donde se habría hecho la prueba del polígrafo. Esas tareas investigativas, explicó el ente investigador, tienen el objetivo de recaudar información y verificar si existen cámaras de seguridad en el ingreso del edificio Galán, donde está el cuarto del polígrafo en donde, al parecer, habrían llevado a la exniñera que trabajó con Sarabia.
El ente investigador también realizó una inspección a la Jefatura de Protección de Presidencia para conocer el listado del personal que, durante enero y febrero de este año, hizo parte del esquema de seguridad y transporte asignado a la jefa del gabinete de la Presidencia de la República. Ahora bien, esta no es la única autoridad que está investigando. La Procuraduría también abrió una indagación preliminar contra la Laura Sarabia y ya le pidió información sobre los funcionarios que realizaron la prueba poligráfica.
Mientras varios políticos, incluso del propio partido de Gobierno, piden la renuncia de Sarabia, las autoridades dan sus primeros pasos para determinar si la jefe de gabinete usó su poder ilegalmente para hacer justicia por mano propia. Al cierre de esta edición, la mano derecha del presidente Petro no había reaccionado a los últimos avances de este escándalo político y, ahora, también judicial.
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