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La Defensoría del Pueblo emitió su septima Alerta Temprana de Inminencia de 2026, esta vez, por el aumento del riesgo de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza (Norte de Santander), debido a la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La entidad señala que la estructura armada ha avanzado en su incursión por el control territorial tras el repliegue del Clan del Golfo.
La alerta advierte que el grupo armado estaría buscando consolidar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la subregión del Catatumbo. En medio de ese proceso de expansión, la Defensoría ha documentado acciones violentas que buscan imponer control sobre la población civil.
Entre los hechos reportados se encuentran homicidios selectivos, retenes ilegales y la interceptación de transporte público. Solo en 2025, el municipio de La Esperanza registró 11 asesinatos, la cifra más alta en los últimos cinco años, que según la entidad habrían sido utilizados como mecanismo de intimidación y control social.
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La Defensoría detalló que “la presencia de las ACSN en el área se facilitó por acercamientos con exintegrantes del extinto Frente Héctor Julio Peinado, asentados en el sur del Cesar tras la desmovilización de las AUC, en un contexto de deterioro de la seguridad reflejado en el incremento de delitos como la extorsión, el abigeato y el secuestro. Esta situación permitió su incursión inicial bajo la narrativa de ofrecer ‘servicios de seguridad’ frente a la delincuencia común”.
Aunque la incursión inicial se dio bajo esas condiciones, la Defensoría sotuvo que con el tiempo se ha convertido en una estrategia de consolidación y legitimación territorial, que ha generado la imposición progresiva de mecanismos de control sobre la población. Entre ellos, la extorsión se ha convertido en uno de los principales instrumentos para sostener su dominio.
La Defensoría también advirtió sobre el riesgo de una posible confrontación armada en la zona alta de La Esperanza, debido a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las antiguas Farc, específicamente el frente 33 de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá Córdoba”, que operan desde el Catatumbo.
No obstante, también se han reportado presuntas alianzas entre grupos armados. En la Alerta Temprana de Inminencia 007, la Defensoría del Pueblo de Colombia recopiló testimonios de “fuentes comunitarias”, según los cuales varios ganaderos y comerciantes que eran secuestrados, al parecer, eran trasladados hacia la región del Catatumbo. Allí, estructuras del Eln asumirían el control de las víctimas y de la posterior exigencia económica, “configurando una dinámica de violencia compleja y funcionalmente articulada entre distintos actores armados ilegales”.
De acuerdo con el informe, los grupos armados también estarían imponiendo toques de queda, extorsiones a comerciantes y ganaderos, presiones para sembrar cultivos de coca y ocupación indebida de escuelas rurales, lo que vulnera el Derecho Internacional Humanitario.
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El riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, quienes podrían ser víctimas de reclutamiento forzado o captación mediante presiones y ofrecimientos económicos. Asimismo, líderes sociales, servidores públicos y defensores de derechos humanos han recibido amenazas por oponerse a las economías ilegales o denunciar la presencia de estos grupos.
La Defensoría formuló 16 recomendaciones urgentes a entidades del Gobierno nacional y autoridades regionales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de implementar acciones de prevención, protección y atención que eviten nuevas afectaciones a la población civil.
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