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26 Aug 2021 - 10:39 p. m.

Exparas “Diego Vecino” y “Juancho Dique”, sin vigilancia electrónica

La Corte Suprema permitió que los Diego Vecino y Juancho Dique, exparas del Bloque Montes de María de las Auc, sigan en libertad sin vigilancia electrónica. Se concluyó que ya cumplieron su pena, se comprometieron con la verdad y no pueden ser señalados indefinidamente.
“Diego Vecino” y “Juancho Dique”, exparamilitares del Bloque Montes de María. Ambos cursaron estudios, de hecho, el primero se tituló como abogado.
“Diego Vecino” y “Juancho Dique”, exparamilitares del Bloque Montes de María. Ambos cursaron estudios, de hecho, el primero se tituló como abogado.
Foto: Archivo El Espectador

Edwar Cobos, alias Diego Vecino, y Uber Banquez Martínez, alias Juancho Dique, son hombres libres sin ningún tipo de monitoreo físico de las autoridades. Los antiguos paramilitares del Bloque Montes de María de las Auc impugnaron una decisión, en un proceso de Justicia y Paz, por el cual se les había ordenado permanecer con medidas de vigilancia electrónica. La Corte Suprema de Justicia concluyó que son ciudadanos reincorporados en sociedad.

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Tanto Diego Vecino como Juancho Dique son exparamilitares desmovilizados que, pagaron al menos ocho años de prisión como lo reza la Ley de Justicia y Paz, y que han pasado los últimos años de su vida entregando su verdad sobre el conflicto armado. Fueron miembros de los “paras” de Salvatore Mancuso, máximo líder de las Auc, en los Montes de María, lugar estratégico entre los departamentos de Bolívar y Sucre.

Entre febrero de 2020 y mayo de este año, la Fiscalía adelantó una imputación colectiva contra Mancuso y otros 24 exparamilitares por, al menos, 1.051 hechos victimzantes como integrantes del bloque Montes de María. Entre ellos Diego Vecino y Juancho Dique. Terminada la imputación, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para las 25 personas, lo que significaba que volverían a prisión, Mancuso, cabe aclarar, está preso en una cárcel de Georgia (Estados Unidos) mientras se resuelve su solicitud de traslado a Italia -donde goza de nacionalidad-.

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La representación de los 24 exparamilitares que no tuvieron el rango de Mancuso pidió sustituir esa medida de aseguramiento, advirtiendo que 23 de ellos ya estaban en libertad como Juancho Dique y Diego Vecino. Ya habían cumplido los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, como pagar penas alternativas de ocho años de prisión y comprometerse a contar la verdad. En mayo pasado, a los 24 postulados se les impuso medida de vigilancia electrónica. Los exparamilitares protagonistas de esta historia no estuvieron de acuerdo.

“El postulado Edward Cobos (Diego Vecino) cuestiona la imposición del brazalete electrónico, medida de vigilancia que estima innecesaria y desproporcionada en consideración a las finalidades de la medida de aseguramiento en el proceso de justicia y paz. A las víctimas, sostiene, poco o nada les interesa si los postulados tienen o no un brazalete electrónico, pues lo que verdaderamente les interesa es acceder a la verdad”, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema.

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Diego Vecino agregó aseguró que portar un brazalete en el pie significa un riesgo para la seguridad de los desmovilizados, pues en varias regiones del país tienen presencia otras organizaciones al margen de la ley. Aseguró que muchos de quienes dejaron las armas han pagado mucho más que ocho años en prisión y que, a pesar de pegar la pena alternativa, siguen siendo señalados socialmente. Desde luego, que su aporte a la verdad ha sido completo.

“A su turno, el postulado Uber Enrique Banquez (Juancho Dique) sostiene que su condición de vida ha cambiado favorablemente. Después de ser prácticamente una ‘máquina de guerra’, dice, ahora es un ser humano que hace parte de una sociedad y se encuentra adelantando actividades académicas, por lo que no es recomendable ni necesario el uso del mecanismo electrónico. Por este motivo, solicita que no se le imponga tal medida”, agregó la Corte.

La Sala Penal de la Corte Suprema consideró que la excesiva prolongación de los procesos de Justicia y Paz convirtió a la vigilancia electrónica en una “medida de aseguramiento indefinida en el tiempo”, pues cada tanto los desmovilizados son imputados y, así, cabe la posibilidad de que un fiscal solicite sean enviados a prisión o restringidos en su libertad. Además, que la resocialización no se cumple solo con la cárcel, también deben acreditarse los compromisos con la reparación de las víctimas.

Ante los argumentos que señalaban que la vigilancia electrónica permite brindarles seguridad a las víctimas, los magistrados señalaron que ese es deber del Estado y no tiene nada que ver con la restricción indefinida de la libertad de los postulados a Justicia y Paz. Además, exparas como Diego Vecino y Juancho Dique ya tienen obligaciones como presentarse de manera virtual a la justicia cada tres meses, no hacer presencia en los lugares donde delinquieron, no acercarse a las víctimas, no portar armas de fuego y, por supuesto, no salir del país.

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“Los postulados concernidos han cumplido sus compromisos adquiridos en el régimen transicional, al tiempo que han pagado materialmente el máximo de pena que se les puede imponer alternativamente por sus crímenes. De suerte que insistir en un etiquetamiento indefinido desestimula la credibilidad en el Estado y aumenta la desconfianza a desmovilizarse y someterse a los cauces de la legalidad, algo poco aconsejable en una sociedad afectada por un conflicto armado por más de medio siglo, que está intentando culminarse por la vía negociada”, concluyeron los magistrados de la Corte.

Tal ha sido el compromiso de Diego Vecino con su nueva vida, que se tituló como abogado en 2016, mientras estaba recluido en la cárcel La Picota. Se trató de un convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. Sin embargo, para tristeza del Diego Vecino, el pasado 8 de abril el exdirector del Inpec Gustavo Adolfo Ricaurte fue imputado por el contrato que permitió a 17 exparas convertirse en abogados, pues habrían irregularidades contractuales. Incluso, el Consejo Superior de la Judicatura les negó las tarjetas profesionales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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